La población civil, vulnerable tras las hostilidades en Georgia

La población civil de Georgia sigue expuesta a sufrir abusos graves contra los derechos humanos, como ataques por su condición étnica, pese a que han cesado las hostilidades a gran escala. Asimismo, se ha recibido información sobre ataques perpetrados contra personas georgianas y sus bienes en la Federación Rusa.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por los continuos informes sobre la comisión de abusos contra los derechos humanos en el contexto de la inestable situación. La organización ha exhortado a todas las partes en el conflicto a que pongan fin de inmediato a tales abusos y ha insistido en que deben emprenderse investigaciones al respecto.

El 12 de agosto, Georgia y Rusia acordaron un alto el fuego auspiciado por Francia y pendiente de futuras negociaciones. A este acuerdo precedieron cinco días de enfrentamientos militares en las disputadas regiones de Osetia del Sur y Abjasia, así como en la propia Georgia, durante los cuales murieron o resultaron heridos miles de civiles y decenas de miles se vieron obligados a abandonar sus hogares.

Pese al acuerdo de alto el fuego, han seguido recibiéndose informes de violencia localizada.

Continúan los abusos contra la población civil
Las represalias interétnicas ejercidas por las diversas partes enfrentadas caracterizaron los conflictos que estallaron en Georgia a principios de los años noventa sobre los mismos territorios disputados de Abjasia y Osetia del Sur. En los actuales enfrentamientos se han observado los primeros signos de esta violencia interétnica: por ejemplo, se ha prendido fuego a poblaciones de etnia georgiana situadas en la región separatista de Osetia del Sur.

Se ha recibido información no confirmada sobre ataques violentos contra georgianos en Osetia del Norte, Moscú y otras partes de Rusia. Según informes, en Nazrán, Ingushetia, se prendió fuego el 11 de agosto a un café llamado “Cocina georgiana”. El aumento previo de las tensiones entre Georgia y Rusia llevó a que ésta detuviera y expulsara a personas de nacionalidad georgiana en 2006.

También se han denunciado actos de pillaje en Osetia del Sur, así como en la ciudad de Gori y las localidades circundantes, en la propia Georgia.

Al parecer, se están organizando grupos armados irregulares y de afiliación local en Osetia del Sur y en las zonas adyacentes. Estos grupos pueden actuar con impunidad, por lo que aumenta el peligro para la población civil.

Ataques aparentemente indiscriminados
Amnistía Internacional está recabando información sobre el elevado número de víctimas civiles que se han producido durante las hostilidades, que, según los informes recibidos, asciende a varios miles, si bien las cifras y las circunstancias en las que han tenido lugar son extremadamente difíciles de comprobar de forma independiente. Se han denunciado bombardeos de objetivos no militares que han causado la muerte de población civil, así como la destrucción de edificios civiles.

Cabe mencionar, en concreto, el ataque lanzado el 8 de agosto por Georgia contra Tskhinvali, en el que se bombardeó la ciudad durante 14 horas. El 9 de agosto, las fuerzas rusas iniciaron varios ataques contra objetivos situados en Georgia, en particular, contra la localidad de Gori.

Dada la magnitud de la destrucción y el elevado número de víctimas civiles que, según los informes, ha habido en Tskhinvali y Gori, se teme que los ataques hayan sido indiscriminados o se hayan dirigido deliberadamente contra la población civil.

Los ataques deliberados, indiscriminados o desproporcionados contra la población civil constituyen crímenes de guerra.

“Estos crímenes no deben quedar impunes –declaró Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional–. Con independencia de la nacionalidad de los autores, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de Georgia recaen en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en virtud del artículo 12 del Estatuto de Roma de la Corte.”

“Georgia ratificó el Estatuto de Roma el 5 de septiembre de 2003. Rusia lo firmó el 13 de septiembre de 2000; pese a que todavía no lo ha ratificado, está obligada a no contravenir su objeto ni su propósito, por lo que debe abstenerse de cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad.”

Dificultad para comprobar la información de forma independiente
Hasta la fecha ha sido muy difícil verificar la información procedente de la zona de conflicto. Los informes recibidos son a menudo contradictorios, exagerados o imprecisos. Esto ha impedido realizar una valoración certera de la situación de derechos humanos que se vive allí.

El problema del acceso a la información se ha agravado porque entre las víctimas del conflicto también ha habido profesionales de los medios de comunicación: más de una decena de periodistas han muerto o resultado heridos en ataques lanzados por los diferentes bandos.

“Debe protegerse de las hostilidades a los periodistas, al igual que al resto de la población civil de las zonas de conflicto –afirmó Nicola Duckworth–. Por otra parte, debe permitirse el pleno acceso de los observadores de derechos humanos, incluidos los de órganos intergubernamentales de derechos humanos, a las zonas en conflicto.”

Es necesaria la ayuda humanitaria
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que alrededor de 100.000 personas han quedado desplazadas por los enfrentamientos. En Georgia, organismos de la ONU informaron el 13 de agosto de que 3.500 personas habían sido registradas como desplazadas en Tiflis y en las regiones de Tianeti y Kakheti, pero anunciaron que se preparaban para proporcionar ayuda a un mínimo de 30.000.

Las autoridades rusas han registrado la entrada en Rusia desde Osetia del Sur de al menos 20.000 personas, aunque se cree que la cifra real de personas que se encuentran actualmente en los campos de refugiados rusos es menor.

Amnistía Internacional ha exhortado a todas las partes en el conflicto a que proporcionen un paso seguro a las personas que huyen de la violencia.

“Por otra parte, se han recibido informes de que, antes del alto el fuego, se impidió que llegara la ayuda humanitaria a la población civil atrapada en la zona de conflicto –afirmó Nicola Duckworth–. Por ejemplo, los medios de comunicación rusos informaron de que la ayuda rusa no había podido llegar a Tskhinvali el 11 de agosto debido a la persistencia de las hostilidades. El 12 de agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que los intensos combates le impedían acceder a Osetia del Sur para prestar ayuda.”

Amnistía Internacional ha instado a todas las partes en el conflicto a que salvaguarden la ayuda humanitaria y a que concedan al CICR y a otras organizaciones humanitarias un derecho de paso y distribución en la zona, con el fin de garantizar que la ayuda humanitaria llega a quienes la necesitan.

“Además, debe permitirse al CICR pleno acceso a las personas recluidas en el marco del conflicto por cualquiera de las partes –dijo Nicola Duckworth–. Amnistía Internacional seguirá observando la situación e instando a todas las partes en el conflicto a que protejan a las personas refugiadas y a que garanticen que las personas desplazadas pueden regresar a sus hogares de forma segura y duradera.”