Asociación egipcia en favor de víctimas de tortura gana juicio y evita su disolución

El 26 de octubre de 2008, un tribunal administrativo de El Cairo revocó la decisión del gobierno egipcio de disolver la Asociación de Derechos Humanos y Asistencia Letrada (AHRLA), tras haber interpuesto esta última un recurso de apelación. Según el fallo del tribunal, la decisión del gobierno carecía de fundamentos jurídicos, por lo que la asociación ha quedado restablecida.

Tariq Khater, director de AHRLA, declaró a Amnistía Internacional que, "a pesar de lo que ha tardado en llegar, la resolución del tribunal constituye una clara señal del Consejo de Estado (Maglis ad-Dawla) dirigida al gobierno egipcio para que respete el trabajo de las asociaciones de la sociedad civil y no recurra a procedimientos administrativos y jurídicos con el fin de obstruir su labor".  

En septiembre de 2007, el Ministerio de Solidaridad Social y la gobernación de El Cairo disolvieron la AHRLA, asociación de asistencia jurídica a las víctimas de tortura y otros malos tratos, por haber violado, al parecer, la Ley de Asociaciones (Ley 84 de 2002), que prohíbe a las organizaciones no gubernamentales recibir donaciones o fondos extranjeros sin permiso previo de las autoridades.

"Sabemos que cuando la AHRLA abra de nuevo sus puertas, tendremos que afrontar dificultades y obstáculos, ya que la decisión del tribunal contradice la voluntad del gobierno", añadió Tariq Khater.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el fallo del tribunal, e insta a las autoridades egipcias a aplicarlo sin demora. Asimismo, la organización pide a las autoridades que devuelvan inmediatamente a la AHRLA los fondos, los documentos contables y el restante material, documentación y equipos informáticos incautados en su sede, de forma que la asociación pueda volver a funcionar con normalidad y a efectuar su trabajo de defensa de víctimas de la tortura.

Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades egipcias para que deroguen o enmienden la legislación nacional y los procedimientos administrativos que obstaculizan la labor de las organizaciones de derechos humanos, como es el caso de la restrictiva Ley de Asociaciones (Ley 84 de 2002) y que la armonicen con el derecho internacional establecido en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, más comúnmente conocida como la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.