Activista malaisia absuelta tras 12 años de batallas legales

El lunes, 24 de noviembre, el Tribunal Superior de Kuala Lumpur absolvió a una destacada activista de los derechos de los trabajadores migrantes. Después de 12 años de batallas legales, la resolución puso fin a una de las causas más largas de la historia judicial de Malaisia.

Irene Fernandez, fundadora y directora de la organización de derechos humanos Tenaganita, fue detenida en 1996 por denunciar que los inmigrantes  indocumentados detenidos sufrían desnutrición y eran objeto de torturas.

Un tribunal dictaminó que la denuncia equivalía a “publicar noticias falsas con intención maliciosa” según la restrictiva Ley de Imprentas y Editoriales. 

Amnistía Internacional actuó en repetidas ocasiones en favor de la absolución de Irene Fernandez, afirmando que se la estaba persiguiendo por su labor legítima como defensora de los derechos humanos.

Siete años después de su detención, fue condenada a un año de cárcel, pero, tras presentar un recurso de apelación, quedó en libertad bajo fianza. Sin embargo, se restringieron sus derechos civiles. Al haber sido condenada, no pudo presentarse a las elecciones parlamentarias de 2004 y no podía salir del país libremente.

Junto con su grupo, Tenaganita, ha continuado trabajando en favor de los derechos de los trabajadores migrantes a pesar de las restricciones de sus derechos civiles. En una reunión sostenida en Kuala Lumpur con representantes de Amnistía Internacional en agosto de 2008, examinó la posibilidad de ayudar a los trabajadores migrantes a los que han engañado las agencias de colocación o sus empleadores y que han tenido que pagar con el fin de entrar clandestinamente en el país para trabajar.

En 2005 fue una de las cuatro personas distinguidas con el Right Livelihood Award, prestigioso galardón conocido como el “Premio Nobel Alternativo”. En su discurso de aceptación, pronunciado en Suecia, señaló:

Sin medios de comunicación libres, sin un sistema judicial independiente y sin una supervisión independiente de la acción de la policía y de la obligación del Estado de rendir cuentas, fui declarada culpable de haber publicado noticias falsas […] Salí de la sala sonriente porque sabía que había dicho la verdad; no habíamos transigido respecto a los derechos fundamentales ni a la dignidad de las personas. La condena […] ha supuesto una nueva toma de conciencia del pueblo malaisio y de la comunidad mundial.

El 24 de noviembre, el fiscal general dejó de oponerse a la apelación de Irene Fernandez debido al descubrimiento de “errores sistemáticos” en los sumarios judiciales.

Se calcula que en la actualidad hay 2,6 millones de migrantes en Malaisia, y los trabajadores migrantes constituyen una mayoría de los que el gobierno malaisio denomina “inmigrantes ilegales”. Este año, el viceprimerministro Najib Razak anunció medidas drásticas y a gran escala para expulsar a los migrantes indocumentados, lo que afectaría a centenares de miles trabajadores migrantes que se encuentran en situación irregular.