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Bangladesh debe garantizar juicios imparciales para que se haga justicia a las víctimas del motín

Thu, 12 Nov 2009 12:20:30 +0000

El gobierno bangladeshí debe garantizar justicia a las víctimas del motín de los Fusileros de Bangladesh de febrero de 2009, asegurándose de que todos los presuntos implicados reciben un juicio con garantías, ha declarado Amnistía Internacional en un informe publicado a el jueves 12 de noviembre.

El informe, titulado Looking for Justice: Mutineers on trial in Bangladesh, incluye testimonios de familiares de los miembros de los Fusileros de Bangladesh acusados de participar en el motín. Estos informes sugieren que decenas de integrantes, posiblemente cientos, de este cuerpo sufrieron tortura por su posible implicación en los hechos. A casi todos se les negó durante semanas o meses la oportunidad de contar con la asistencia de un abogado.

Amnistía Internacional condenó los homicidios ilegítimos, la toma de rehenes y otros abusos contra los derechos humanos cometidos durante el motín, y pidió que los autores respondieran de sus actos ante la justicia.

Según Amnistía Internacional, el gobierno de Bangladesh tiene la oportunidad de reforzar la confianza en el Estado de derecho garantizando que los tribunales civiles, que juzgarán a los acusados, hacen justicia.

“El motín fue brutal y desembocó en la muerte de civiles y de oficiales del ejército que murieron en circunstancias terribles. Es vital que el gobierno de Bangladesh haga que los autores de estos crímenes comparezcan ante la justicia, de un modo que sea compatible con el derecho internacional”, ha declarado Abbas Faiz, investigador de Bangladesh de Amnistía Internacional.
El motín a gran escala se desató en el cuartel general de los Fusileros de Bangladesh, en Dhaka, el 25 de febrero de 2009, justo dos meses después de asumir el poder el nuevo gobierno que recientemente había sido elegido. El motín no tardó en propagarse a otros acuartelamientos de fusileros del país. Los amotinados mataron al menos a 74 personas, entre ellas seis civiles y 57 oficiales del ejército destinados al cuerpo de Fusileros como comandantes, un soldado del ejército y nueve jawans (rango inferior del cuerpo de Fusileros). El gobierno tardó 33 horas acabar de forma negociada con el motín.

Hasta la fecha, la única investigación oficial de la que se ha tenido constancia pública no ha conseguido determinar las causas reales del motín. Según la prensa bangladeshí, los fusileros se amotinaron por motivos salariales y laborales. Según ciertas autoridades gubernamentales, el motín no fue otra cosa que una conspiración para derrocar al gobierno entonces recientemente elegido.

Tras el motín, miles de miembros de los Fusileros de Bangladesh fueron acuartelados y se les impidió todo contacto con el mundo exterior. Tan pronto los familiares comenzaron a visitar a los detenidos empezaron a llegar informes en los que se hablaba de decenas de fusileros, posiblemente cientos, que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos, como torturas, por su posible implicación en el motín.

El informe de Amnistía Internacional documenta los métodos de tortura empleados, que incluyeron privar a los detenidos de sueño durante varios días, palizas, el uso de tenazas para aplastar los testículos, la inserción de agujas bajo las uñas y la administración de descargas eléctricas.

“Los informes de tortura que ha recibido Amnistía Internacional son congruentes con las torturas y los malos tratos infligidos a detenidos en Bangladesh documentados con anterioridad. No es suficiente que las autoridades nieguen que se está practicando la tortura; hace falta una mayor rendición de cuentas en esta cuestión”, afirma Abbas Faiz.

Al menos 20 fusileros murieron bajo custodia solamente entre el 9 de marzo y el 6 de mayo de 2009. Según fuentes de los fusileros, cuatro de ellos se suicidaron, siete murieron de ataques al corazón y otros nueve, por enfermedades. El 10 de octubre de 2009, el número total de fusileros que habían perdido la vida bajo custodia se había elevado a 48.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la aclaración del Tribunal Supremo de que los consejos de guerra militares no tienen jurisdicción para juzgar a los Fusileros de Bangladesh acusados de cometer homicidios masivos y otros delitos durante el motín de febrero de 2009.
El gobierno debe asimismo reconsiderar su decisión de recurrir al Tribunal de Juicios Rápidos, pues el plazo temporal que imponen estos tribunales para finalizar el juicio podría desembocar en un error judicial.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Bangladesh a que:

las personas sospechosas de cometer delitos comparezcan ante la justicia en aplicación de las normas sobre imparcialidad procesal reconocidas internacionalmente, que incluyen el derecho a recibir visitas de familiares y de acceso a abogados.
se investiguen todas las denuncias de tortura y a que los autores rindan cuentas ante la justicia en juicios con las garantías debidas. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, con independencia de la naturaleza del delito, e insta a las autoridades de Bangladesh a que no la impongan.
se examine la capacidad del sistema judicial y, en caso necesario, se pida asistencia a los órganos internacionales pertinentes, a fin de garantizar que el sistema de justicia penal cuenta con la competencia y los recursos necesarios, y que los jueces tienen la formación necesaria para juzgar a un número tan elevado de procesados de los Fusileros de Bangladesh con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.
ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a que designe o establezca los mecanismos preventivos nacionales previstos en dicho Protocolo.

España debe investigar las denuncias de tortura

Mon, 02 Nov 2009 18:12:23 +0000

Las autoridades españolas deben reformar el actual sistema de investigación de denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad, ha afirmado Amnistía Internacional el día 3 de noviembre en un nuevo informe publicado al tiempo que la ONU se dispone a examinar nuevamente el historial de España respecto a esta cuestión.

España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después, revela que las víctimas que denunciaron tortura y otros malos tratos, y sobre cuyos casos Amnistía Internacional informó por primera vez en 2007, no han recibido justicia debido a que las autoridades españolas no han mostrado voluntad política para hacer frente a los casos de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad.

“Continúan existiendo, y obstaculizando la labor de la justicia, las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la investigación y la sanción de la tortura y otros malos tratos que Amnistía Internacional identificó en 2007”, ha afirmado Rachel Taylor, experta de Amnistía Internacional sobre España.

Personas que habían presentado denuncias contaron a Amnistía Internacional que agentes de policía los habían amenazado con una pistola o un cuchillo, los habían golpeado en las plantas de los pies con una fusta y los habían amenazado de muerte.

De las 11 investigaciones iniciadas sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos y de las que informó Amnistía Internacional, desde noviembre de 2007 sólo dos han concluido con una resolución condenatoria.

En cuanto a los otros nueve casos, seis fueron sobreseídos sin que llegase a celebrarse un juicio y dos continúan en fase de investigación (iniciada, en uno de ellos, hace más de siete años).

En el último caso, en el juicio se determinó que se había cometido tortura, pero todos los agentes imputados fueron absueltos alegando que era imposible identificar cuál de ellos había participado personalmente en la agresión.

Uno de los casos que no llegó a la fase judicial en España ha sido remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que se habían violado la prohibición de tortura, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a un juicio con las debidas garantías. Otros dos casos archivados son los de
Sandra Guzmán y Jordi Vilaseca.

En diciembre de 2006, Sandra Guzmán presentó una denuncia en el Departamento de Interior del gobierno autonómico vasco tras presenciar cómo un agente de policía obligaba a varios hombres de origen norteafricano a desnudarse parcialmente, para después registrarlos, golpearlos y darles patadas. Su denuncia se archivó seis meses después, supuestamente porque resultaba imposible localizar a los hombres presuntamente agredidos por los agentes de policía.

El 1 de abril de 2003, agentes de la policía autonómica de Cataluña detuvieron a Jordi Vilaseca cuando conducía hacia su casa al salir del trabajo. Tras sufrir malos tratos durante los tres días que estuvo detenido, perdió el conocimiento y fue hospitalizado. Cuando despertó, no podía hablar, caminar ni controlar los esfínteres. Jordi Vilaseca presentó una denuncia contra la policía por torturas. El caso se archivó en mayo de 2005 alegando falta de pruebas y porque la acusación afirmó que existía contradicción entre las versiones que daban de los hechos el demandante y los acusados. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional rechazó la causa en enero de 2009, y con ello ha quedado agotada la posibilidad de otra apelación.

“Las autoridades españolas deben dejar de eludir su obligación de llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas y efectivas sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de agentes de policía, y, a la vez, deben centrarse en la prevención de estos hechos, que es siempre el mejor remedio”, ha afirmado Rachel Taylor.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción los progresos registrados en algunas fuerzas policiales que han puesto en marcha medidas destinadas a prevenir la comisión de actos de tortura y otros malos tratos.

La creciente utilización de cámaras de circuito cerrado de televisión en las comisarías y de placas de identificación personal visibles en los uniformes de los agentes de policía son importantes avances en este sentido. Amnistía Internacional lamenta señalar que los importantes avances en las fuerzas policiales autonómicas (la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra) no se han visto reflejados en el ámbito nacional.

“A menos que las autoridades españolas demuestren voluntad política para introducir los cambios necesarios que garanticen la investigación imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sus víctimas seguirán encontrándose con impedimentos para que se haga justicia”, ha declarado Rachel Taylor.

Israel raciona el agua a la población palestina

Tue, 27 Oct 2009 10:17:08 +0000

Amnistía Internacional ha acusado a Israel de negar a la población palestina el derecho al agua al ejercer el control total de los recursos hídricos comunes y aplicar políticas discriminatorias.
Sin razón alguna, estas políticas restringen la disponibilidad del agua en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) e impiden a los palestinos desarrollar una infraestructura hídrica efectiva allí.

“Israel sólo permite a los palestinos el acceso a una pequeña parte de los recursos hídricos comunes, que se encuentran en su mayor parte en la Cisjordania ocupada, mientras que los asentamientos israelíes, establecidos ilegalmente allí, tienen un suministro casi ilimitado de agua –ha manifestado Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional para Israel y los TPO–. En Gaza, el bloqueo israelí ha agravado una situación que era ya crítica.”

En un nuevo y extenso informe, Amnistía Internacional revela hasta qué punto el carácter discriminatorio de las políticas y prácticas hídricas de Israel niega a la población palestina su derecho de acceso al agua.

Israel consume más del 80 por ciento del agua del acuífero de la montaña, principal fuente de agua subterránea de Israel y de los TPO, a la vez que restringe a sólo el 20 por ciento el acceso palestino a él.

El acuífero de la montaña es la única fuente de agua de la población palestina de Cisjordania, pero sólo una de la varias que tiene Israel, que consume también todo el agua disponible del río Jordán.
Mientras que el consumo diario de agua palestino apenas alcanza los 70 litros por persona, el israelí es de más de 300 litros al día, el cuádruple.

En algunas comunidades rurales, los palestinos sobreviven con apenas 20 litros de agua al día, el volumen mínimo recomendado para uso doméstico en las situaciones de emergencia.

Entre 180.000 y 200.000 personas que viven en comunidades palestinas rurales no tienen acceso a agua corriente, y el ejército israelí con frecuencia les impide incluso recoger el agua de lluvia.

En cambio, los colonos israelíes, que viven en Cisjordania pese a violar con ello el derecho internacional, tienen cultivos de riego intensivo, exuberantes jardines y piscinas.

Los colonos, cuyo número asciende a alrededor de 450.000, tienen tanto o más agua que los 2,3 millones de personas que forman la población palestina.

En la Franja de Gaza, el 90 o el 95 por ciento del agua de su único recurso hídrico, el acuífero costero, está contaminada y no es apta para el consumo humano. Sin embargo, Israel no permite que se lleve agua del acuífero de la montaña de Cisjordania a Gaza.

Las fuertes restricciones que Israel ha impuesto en los últimos años a la entrada en Gaza de material y equipo necesarios para el desarrollo y la reparación de la infraestructura han agravado aún más la situación allí desde el punto de vista del suministro de agua y el saneamiento, que ha alcanzado proporciones de crisis.

Ante la falta de agua y de una red de suministro, muchos palestinos tienen que comprar el agua de cisternas ambulantes, que a menudo es de dudosa calidad y mucho más cara.

Otros recurren a medidas de ahorro de agua que son perjudiciales para su salud y la de sus familias y que obstaculizan el desarrollo socioeconómico.

“Durante más de cuatro decenios de ocupación, las restricciones impuestas por Israel al acceso de los palestinos al agua han impedido el desarrollo de infraestructuras e instalaciones hídricas en los TPO, negando así a millares de palestinos el derecho a llevar una vida normal, a tener una alimentación y una vivienda adecuadas o salud y al desarrollo económico”, ha señalado Donatella Rovera.

Israel se ha apropiado de grandes extensiones de las tierras palestinas con abundante agua que ocupa y prohíbe a los palestinos el acceso a ellas.

También ha impuesto un complejo sistema de permisos, que los palestinos deben solicitar al ejército y a otras autoridades israelíes para emprender cualquier proyecto hídrico en los TPO. Es habitual que las solicitudes de tales permisos sean rechazadas o tarden mucho en atenderse.

Las restricciones impuestas por Israel a la circulación de personas y mercancías en los TPO agravan aún más la dificultades que encuentran los palestinos para poner en marcha proyectos de suministro de agua y saneamiento, e incluso para distribuir pequeñas cantidades de agua.

Los camiones cisterna se ven obligados a dar grandes rodeos para evitar los controles militares israelíes y las carreteras por las que los palestinos tienen prohibido circular, lo que genera enormes subidas del precio del agua.

En las zonas rurales, los habitantes de los pueblos palestinos se esfuerzan continuamente por encontrar agua suficiente para sus necesidades básicas, pues el ejército israelí les destruye a menudo las cisternas de agua de lluvia y les confisca los tanques de agua.

En cambio, en los cercanos asentamientos israelíes, los aspersores riegan los cultivos al sol del mediodía, cuando se desperdicia gran parte del agua, que se evapora antes de llegar al suelo.
En algunos pueblos palestinos, como el acceso al agua está sujeto a tan rigurosas restricciones, los campesinos no pueden cultivar la tierra, ni siquiera para cosechar pequeñas cantidades de plantas para su consumo personal o para el forraje de los animales, y se han visto obligados a reducir el tamaño de sus rebaños.

“El agua es una necesidad básica y un derecho, pero para muchos palestinos incluso conseguir pequeñas cantidades de agua de mala calidad para subsistir se ha convertido en un lujo que apenas pueden permitirse”, ha explicado Donatella Rovera.

“Israel debe poner fin a sus políticas discriminatorias, levantar de inmediato todas las restricciones que impone al acceso de los palestinos al agua y asumir la responsabilidad de ocuparse de los problemas que ha creado, permitiendo a los palestinos hacer uso de la parte de los recursos hídricos comunes que les corresponde.”

Más información
El día que vinieron las excavadoras... (artículo, 27 de octubre de 2009)

Los trabajadores migrantes, tratados como mano de obra de "usar y tirar" en Corea del Sur

Mon, 19 Oct 2009 16:29:08 +0000

En Corea del Sur, numerosos trabajadores migrantes sufren violencia física, son objeto de trata con fines de explotación sexual o no perciben sus salarios durante largos periodos, pese a la aprobación de normas que protegen sus derechos, según afirma Amnistía Internacional en un informe publicado el 21 de octubre de 2009.
La organización ilustra en el documento, de 98 páginas de extensión y titulado Disposable Labour: Rights of migrant workers in South Korea, que los trabajadores migrantes manipulan con frecuencia maquinaria pesada y sustancias químicas peligrosas en el trabajo sin haber recibido la formación necesaria ni disponer de equipos de protección, que están más expuestos a accidentes industriales, algunos de ellos mortales, y que reciben salarios inferiores a los de la mano de obra nativa del país.
“Los trabajadores migrantes son vulnerables al abuso y la explotación, fundamentalmente porque no pueden cambiar de trabajo sin permiso del empleador”, explica Roseann Rife, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. “En ocasiones, las condiciones laborales son tan deficientes que estos trabajadores huyen, con lo que pasan a encontrarse en situación irregular y, por tanto, pueden ser detenidos y expulsados del país”.
Corea del Sur fue uno de los primeros países asiáticos en reconocer por ley los derechos de los trabajadores migrantes y en equipararlos a la población coreana en derechos laborales, salario y prestaciones.
Sin embargo, cinco años después de la entrada en vigor del Sistema de Permiso de Empleo, concebido para proteger mejor los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, muchas de estas personas siguen sufriendo dificultades y siendo víctimas de abusos.
En septiembre de 2008, se calculaba que había 220.000 trabajadores migrantes en situación irregular en el país.
El gobierno surcoreano prometió reducir esta cifra a la mitad antes de 2012, para lo que puso en marcha una campaña de represión masiva, y en ocasiones violenta, contra los trabajadores migrantes. De hecho, a veces se ha acusado a los agentes de inmigración y a la policía de emplear fuerza excesiva contra ellos y de actuar al margen de la ley.
El informe de Amnistía Internacional demuestra que el gobierno surcoreano no ha hecho suficientes inspecciones en los centros de trabajo, en los que se registran elevadas tasas de accidentes, se ofrecen atención médica e indemnizaciones inadecuadas, y se llevan a cabo despidos injustos.
Amnistía Internacional ha entrevistado a trabajadores y trabajadoras migrantes que han descrito cómo sus empleadores los obligaban a cumplir largos horarios de trabajo y a trabajar de noche, sin pagarles las horas extras y reteniéndoles, con frecuencia, los salarios.
“A pesar de los avances experimentados con el Sistema de Permiso de Empleo, el ciclo de abusos y trato indebido continúa, y miles de trabajadores y trabajadoras migrantes se encuentran a merced de sus empleadores y de las autoridades, que no les tratan como es debido porque saben que tienen pocos derechos legales y que no pueden acceder a la justicia ni pedir indemnizaciones por los abusos”, explica Roseann Rife.
Las investigaciones de Amnistía Internacional ponen de manifiesto que las mujeres corren especial peligro de sufrir abusos. En varias ocasiones, empleadores y directivos han sometido a trata con fines de explotación sexual a trabajadoras empleadas como cantantes en bases militares estadounidenses, a las que a veces han destinado a la industria del sexo.
Amnistía Internacional conversó con mujeres víctimas de trata que afirmaron no haber tenido otra elección que continuar en sus puestos de trabajo, ya que debían dinero a sus empleadores y no sabían a dónde acudir en busca de ayuda. Si huían, corrían el peligro de ser consideradas migrantes irregulares y expulsadas del país.
“Estas mujeres son doblemente víctimas: primero son objeto de trata, y luego, cuando intentan escapar de la explotación, pasan a ser consideradas migrantes ‘ilegales’ en virtud de la legislación surcoreana”, ha dicho Roseann Rife.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Corea del Sur a:
* garantizar que los empleadores respeten, protejan y promuevan los derechos de los trabajadores migrantes por medio de rigurosas inspecciones laborales, para que el lugar de trabajo sea seguro, se facilite formación y se pague a los trabajadores migrantes de un modo justo y puntual;
* proteger y promover los derechos de todas las trabajadoras migrantes y erradicar el acoso y la explotación sexuales;
* permitir a los trabajadores migrantes irregulares permanecer en Corea del Sur, mientras buscan acceso a la justicia y esperan a que se les concedan indemnizaciones por los abusos sufridos a manos de sus empleadores;
* garantizar que, durante las redadas de inmigración, las autoridades se ciñan a la legislación surcoreana, en virtud de la cual deben identificarse, presentar una orden judicial, informar a los trabajadores migrantes de sus derechos y facilitar inmediatamente tratamiento médico a las personas bajo custodia que lo necesiten o lo soliciten.

Las mujeres refugiadas en Chad corren grave peligro de ser violadas pese a la presencia de la ONU

Wed, 30 Sep 2009 10:34:02 +0000

Las mujeres y niñas refugiadas de Darfur corren todos los días grave peligro de ser violadas o sufrir otros actos de violencia tanto dentro como fuera de los campos de refugiados en el este de Chad, a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad de la ONU, según revela un nuevo informe de Amnistía Internacional presentado el 30 de septiembre.

En el informe, titulado No place for us here: Violence against refugee women in eastern Chad, Amnistía Internacional documenta violaciones y otros actos de violencia contra las mujeres y las niñas de los campos.

“El temor a ser violadas, que en innumerables casos se convirtió en realidad para las mujeres y las niñas de Darfur, continúa persiguiéndolas en el este de Chad”, ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“Estas mujeres huyeron de Darfur con la esperanza de que la comunidad internacional y las autoridades chadianas les ofrecieran cierta seguridad y protección. Pero esta protección ha resultado ser difícil de lograr y continúan expuestas a agresiones.”

En el informe se cuenta que las niñas refugiadas también son acosadas sexualmente por sus profesores en las escuelas de los campos. Hay informes de niñas amenazadas por sus profesores con ponerles malas calificaciones si no accedían a tener relaciones sexuales con ellos, y esto ha hecho que algunas dejen de asistir a clase.

“Muchas personas saben que las mujeres que se aventuran fuera de los campos de refugiados del este de Chad para recoger leña y agua se arriesgan a ser acosadas y violadas”, ha dicho Tawanda Hondora.

“Lo que no saben es que para esas mismas mujeres los campos suponen muy poca seguridad. En ellos corren peligro de ser violadas y sufrir otros actos de violencia a manos de familiares, de otros refugiados y del personal de las organizaciones humanitarias, cuya labor se supone que es ofrecerles ayuda y apoyo.”

La Unidad Integrada de Seguridad (Détachement Intégré de Sécurité, DIS), policía chadiana respaldada por la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT), es la responsable directa de la seguridad dentro y alrededor de los campos de refugiados, y actualmente está completamente desplegada, con más de 800 agentes en los 12 campos del este de Chad.

Sin embargo, algunos miembros de la DIS han sido objeto de violencia y varios de sus agentes han perpetrado ellos mismos violaciones de derechos humanos.

La mayoría de las mujeres y niñas refugiadas no creen que la DIS haya hecho mucho para resolver la inseguridad que sufren.

“La DIS pasa mucho tiempo protegiéndose a sí misma. Incluso los soldados de la ONU tienen que proteger a sus agentes. No parece que nadie tenga mucho tiempo para protegernos a nosotras”, afirmó una mujer entrevistada por investigadores de Amnistía Internacional en el campo de refugiados de Gaga.

Los autores de violaciones y otros actos de violencia contra mujeres y niñas refugiadas en el este del Chad rara vez son puestos a disposición judicial, ni siquiera cuando las supervivientes denuncian las violaciones y otras agresiones a las autoridades locales chadianas, la DIS o los jefes de los campos.

“Esta cultura de la impunidad, tan arraigada en todo el este de Chad, especialmente cuando se trata de violación y otras formas de violencia contra las mujeres, debe terminar de inmediato”, ha dicho Tawanda Hondora.

El uso de métodos tradicionales para resolver los conflictos y llegar a acuerdos “negociados” en casos de violación u otros actos de violencia contra las mujeres y las niñas también contribuye a perpetuar la impunidad y favorece la violencia.

Una niña de 13 años del campo de refugiados de Farchana fue violada por un enfermero chadiano de una organización que gestiona los centros de salud del campo. A consecuencia de la violación quedó embarazada y dio a luz en enero de 2009.

El hombre aceptó su responsabilidad en el embarazo y se negoció con él, que aceptó casarse con la menor y pagar una dote a su familia, pero después huyó de la zona.

A pesar de que se denunció el caso a los funcionarios chadianos, a mayo de 2009 no parecía haberse hecho ningún intento de encontrarlo ni se había emprendido ninguna acción judicial contra él.

Amnistía Internacional afirma que no es posible conocer el número exacto de mujeres y niñas que han sido víctimas de violación y otros actos de violencia dentro y fuera de los campos de refugiados del este de Chad, ya que las mujeres rara vez los denuncian, fundamentalmente por temor a ser estigmatizadas, incluso por sus propios familiares, y el trauma que ello supone.

“Las mujeres casadas que han sido violadas suelen ser rechazadas o abandonadas por sus esposos, mientras que para las niñas o las jóvenes violadas es difícil encontrar marido. Por eso, la mayoría de las mujeres y las niñas prefieren guardar silencio sobre la violación y evitar así consecuencias sociales negativas. Esto supone que los perpetradores quedan impunes de sus delitos”, ha dicho Tawanda Hondora.

Amnistía Internacional pidió que tanto el gobierno de Chad como la comunidad internacional tomen medidas eficaces de inmediato para abordar la violación y otros actos de violencia perpetrados de forma sistemática y generalizada contra las mujeres y las niñas refugiadas de Darfur en el este de Chad.

“Es preciso poner en marcha inmediatamente un plan claro e integral que establezca claramente que la violación y la violencia sexual son delitos inaceptables. También es necesario que se hagan cumplir las leyes chadianas pertinentes”, ha dicho Tawanda Hondora.

“El plan debe abordar todas las circunstancias debido a las cuales las mujeres y las niñas corren peligro de ser violadas y sufrir otras formas de violencia dentro y fuera de los campos de refugiados, y debe plantear la forma en que los agentes nacionales e internacionales pueden ayudar a proteger a las mujeres de estos terribles delitos.”

Las mujeres violadas durante el conflicto de Bosnia y Herzegovina siguen esperando justicia

Wed, 30 Sep 2009 11:41:29 +0000

Esta nación lo olvida todo. Nos olvida a las víctimas. Pero yo nunca olvidaré lo que me sucedió
Sabiha, entrevistada por Amnistía Internacional.

No sé si se puede castigar este delito. ¿Existe acaso la justicia?... A lo mejor en algún otro sitio, pero no aquí, en Bosnia.

Bakira, entrevistada por Amnistía Internacional

Los gobiernos sucesivos de Bosnia y Herzegovina no han proporcionado justicia a las miles de mujeres y niñas que fueron violadas durante la guerra de 1992 a 1995. Así lo manifestó Amnistía Internacional en un informe hecho público el 30 de septiembre.

“Durante la guerra, miles de mujeres y niñas fueron violadas, a menudo con una brutalidad extrema; muchas fueron recluidas en campos penitenciarios, hoteles y domicilios particulares donde fueron sometidas a explotación sexual. Muchas mujeres y niñas fueron asesinadas”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Hasta hoy, a las supervivientes de estos crímenes se les ha negado el acceso a la justicia. Los responsables de su sufrimiento –miembros del ejército, la policía y los grupos paramilitares– andan libres. Algunos incluso ocupan cargos de poder o viven en la misma comunidad que sus víctimas."

“El gobierno de Bosnia y Herzegovina tiene la obligación de proporcionar a estas víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y de crímenes contra la humanidad acceso a la justicia y a la reparación plena a la que tienen derecho.”

“Para que esto suceda, las autoridades deben garantizar que se llevan a cabo investigaciones completas que conduzcan a enjuiciamientos de crímenes de guerra de violencia sexual cometidos en el país. Sin una justicia significativa y una reparación completa y efectiva, las víctimas siguen sufriendo los efectos de estos espantosos crímenes.”

El informe, titulado Whose justice? Bosnia and Herzegovina’s women still waiting, describe los defectos del sistema de justicia del país. También se centra en el hecho de que las autoridades no proporcionan a las mujeres reparación, incluida una indemnización por los delitos cometidos contra ellas y por las violaciones de sus derechos.

“Muchas mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual durante la guerra no consiguen obtener indemnización alguna a causa de las complejas estructuras de los sistemas judicial y de ayuda social del país. En comparación con otras víctimas de guerra, sufren discriminación en el acceso a los beneficios sociales”, ha manifestado Nicola Duckworth.

Jasmina, superviviente de la violencia sexual durante la guerra, dijo a Amnistía Internacional: “No puedo dormir sin pastillas. Aún me altero fácilmente cuando alguien menciona la guerra. Una imagen, un recuerdo, un anuncio de televisión, pueden ser la chispa. No lo soporto [...] Necesito ayuda”.

Las autoridades de Bosnia y Herzegovina no han proporcionado a estas mujeres acceso a ayuda adecuada psicológica o médica, una ayuda que sólo proporcionan organizaciones no gubernamentales con recursos limitados.

Una ONG bosnia dijo a Amnistía Internacional que la gran mayoría de las víctimas de crímenes de guerra de violencia sexual no reciben ninguna ayuda psicológica.

Miles de mujeres supervivientes han perdido también a familiares. A muchas les es imposible encontrar o mantener empleos a causa de su estado psicológico. Muchas carecen de una fuente de ingresos estables y viven en la pobreza, sin poder comprar las medicinas que necesitan.

Puesto que la violación sigue siendo un tema tabú, en la mayoría de los casos las mujeres se ven estigmatizadas, en lugar de recibir el reconocimiento y la ayuda fundamental que necesitan para poder rehacer sus vidas.

“Las autoridades deben trabajar con las ONG para elaborar una estrategia global con la que garantizar que las supervivientes reciben reparación, incluidas pensiones adecuadas, ayuda con el acceso al trabajo, y el nivel más alto posible de asistencia médica. El gobierno debe ayudar a las supervivientes de crímenes de guerra de violencia sexual, debe darles voz para reclamar sus derechos y para combatir la discriminación y el estigma que sufren a diario”, ha declarado Nicola Duckworth.

En 1993 se estableció el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, encargado de enjuiciar las violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual.

Sin embargo, el Tribunal sólo pudo enjuiciar un número limitado de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante las guerras de la ex Yugoslavia. Hasta julio de 2009, el Tribunal había enjuiciado 18 casos relacionados con la violencia sexual en Bosnia y Herzegovina.

En 2005 se creó la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina, encargada de investigar y enjuiciar los delitos que no podían ser enjuiciados por el Tribunal. Hasta la fecha, sólo se ha condenado a 12 hombres por delitos de violencia sexual.

Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento de Bosnia y Herzegovina que prorrogue el mandato de los jueces y fiscales internacionales, ya que han contribuido a fortalecer la capacidad de la judicatura del país gracias a su pericia, imparcialidad e independencia.

La tasa de mortalidad materna en Sierra Leona es una "emergencia de derechos humanos"

Tue, 22 Sep 2009 09:19:46 +0000

En vísperas de la reunión de los dirigentes mundiales en Nueva York para debatir el aumento de la financiación de la atención de la salud en los países en desarrollo, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha presentado una campaña para reducir las muertes maternas en Sierra Leona.

El informe de la campaña, titulado Fuera de su alcance. El precio de la salud materna en Sierra Leona, utiliza testimonios gráficos y personales para mostrar cómo las mujeres y las niñas a menudo no pueden acceder a un tratamiento que podría salvarles la vida porque son demasiado pobres para pagarlo.

En Sierra Leona, una de cada ocho mujeres muere durante el embarazo o el parto, una de las mayores tasas de mortalidad materna del mundo.

Miles de mujeres mueren desangradas tras dar a luz. La mayoría fallece en su casa. Otras, de camino al hospital, en taxis, motocicletas o a pie. En Sierra Leona, menos de la mitad de los partos son asistidos por una persona especializada y no llegan a una de cada cinco las mujeres que paren en un centro de salud.

“Estas sombrías cifras revelan que las muertes maternas son una emergencia de derechos humanos en Sierra Leona”, ha dicho Irene Khan durante la presentación del informe en la capital del país, Freetown.

“Miles de mujeres y niñas mueren porque se les niega sistemáticamente su derecho a la vida y a la salud, a pesar de las promesas del gobierno de proporcionar atención de la salud gratuita a todas las mujeres embarazadas.” El acceso a la atención de la salud en el mundo en desarrollo ocupará un lugar prioritario en la agenda de la sesión del 23 de septiembre de la Asamblea General de la ONU.

Está previsto que el primer ministro británico Gordon Brown anuncie una serie de nuevos paquetes económicos dedicados a mejorar la atención de la salud en el mundo en desarrollo, con especial atención sobre la salud maternoinfantil. Se espera que Sierra Leona sea uno de los receptores de los fondos.

“Sierra Leona necesita desesperadamente más dinero, pero estos fondos no conseguirán llegar hasta las mujeres y los niños de zonas remotas del país, los que están en mayor peligro”, ha dicho Irene Khan. “Sólo se salvarán las vidas de las mujeres y las niñas cuando el sistema de salud se gestione adecuadamente y el gobierno rinda cuentas”.

“El dinero por sí solo no solucionará el problema. Tras la terrible tragedia de las muertes maternas se esconden el elevado nivel de discriminación y el bajo estatus social de las mujeres en Sierra Leona. Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual. Sus familias, los dirigentes comunitarios y el gobierno dan muy poca importancia a las necesidades de salud de las mujeres.”

La visita de Irene Khan a Sierra Leona marca el inicio de la acción de Amnistía Internacional contra la mortalidad materna en el país. Una caravana de campaña viajará por el país en las próximas semanas actuando como vehículo de información y debate sobre la cuestión de la salud materna.

Amnistía Internacional cree que la pobreza es una cuestión de derechos humanos y este año presentó su campaña mundial Exige Dignidad, que pide que se acabe con las violaciones de derechos humanos que originan y agravan la pobreza.

La campaña Exige Dignidad moviliza a personas de todo el mundo para que exijan que los gobiernos y las empresas escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y respeten sus derechos.

Estados Unidos debe permitir a los detenidos en Bagram el acceso a tribunales estadounidenses

Thu, 17 Sep 2009 11:25:16 +0000

El miércoles 16 de septiembre, Amnistía Internacional señaló que Estados Unidos debe permitir a todas las personas que se encuentran bajo custodia estadounidense en la base aérea de Bagram, en Afganistán, el acceso a tribunales estadounidenses y asistencia letrada, ya que los detenidos siguen sin poder impugnar en dicho país la legalidad de su detención ante un tribunal independiente e imparcial.

En un documento jurídico presentado el lunes, el gobierno estadounidense dio a conocer una serie de modificaciones en los procedimientos de revisión administrativa para los detenidos de Bagram, con lo que sigue tratando de impedirles impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal estadounidense.

Amnistía Internacional ha instado también al gobierno estadounidense a permitir de inmediato a los detenidos el acceso a familiares, médicos y representantes consulares.

En la actualidad hay en la base unos 600 detenidos, en su mayoría de nacionalidad afgana. Algunos llevan varios años bajo custodia. Los detenidos no tienen acceso a asistencia letrada ni a ningún tribunal.

La organización ha instado asimismo a Estados Unidos a ayudar al gobierno afgano a establecer mecanismos que garanticen a los detenidos juicios justos.

Washington y Kabul deben considerar la posibilidad de que las personas detenidas por fuerzas afganas, estadounidenses u otras fuerzas internacionales durante las operaciones de contrainsurgencia sean juzgadas por tribunales mixtos nacionales-internacionales.

Véase:

España debe poner fin a la detención en régimen de incomunicación

Tue, 15 Sep 2009 11:33:48 +0000

España debe poner fin a la práctica de la detención en régimen de incomunicación, que viola los derechos de las personas privadas de su libertad, manifestó Amnistía Internacional en un informe publicado el 15 de septiembre.

“Es inadmisible que en la España actual una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro –declaró Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional–. Esta falta de transparencia puede utilizarse para ocultar violaciones de derechos humanos.”

En el informe España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación, Amnistía Internacional ilustra cómo España mantiene uno de los regímenes de detención más estrictos de Europa, con el que incumple las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de España permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta 5 días en todos los casos y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo. Este periodo de 13 días se compone de una fase de hasta 5 días de incomunicación bajo custodia policial, que puede prorrogarse otros cinco días de incomunicación en prisión provisional. Además, en cualquier momento de la instrucción el juez puede imponer tres días más de detención en régimen de incomunicación.

“Durante su detención en régimen de incomunicación, la persona no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección –añadió Nicola Duckworth–. Su familia vive con la angustia de no saber lo que le ha ocurrido, y muchas personas detenidas en régimen de incomunicación afirman haber sido sometidas a tortura o malos tratos, aunque raras veces se investigan tales denuncias.”

“La detención en régimen de incomunicación niega a la persona sometida a ella el derecho a un juicio justo. Tal régimen puede constituir en sí mismo trato cruel, inhumano o degradante. No se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos.”

Diversas organizaciones internacionales han expresado reiteradamente su preocupación por el riesgo de tortura y otros malos tratos que entraña la detención en régimen de incomunicación. Tal fue lo ocurrido en el caso de Mohamed Mrabet Farsi, detenido por cargos de terrorismo el 10 de enero de 2006 en su casa, cerca de la ciudad de Barcelona. Durante su detención en régimen de incomunicación no pudo llamar a su abogado. Según ha contado a Amnistía Internacional, fue torturado y maltratado, pero tanto el médico que lo examinó como el juez de instrucción hicieron caso omiso de sus quejas.

El gobierno español ha justificado el uso de la detención en régimen de incomunicación aduciendo razones de seguridad nacional y pública.

“La detención en régimen de incomunicación deber relegarse al pasado –señaló Nicola Duckworth–. Ningún otro país de la Unión Europea conserva un régimen de detención con restricciones tan severas de los derechos de la persona detenida.”

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades españolas a:

Abolir la legislación que hace posible la detención en régimen de incomunicación.
Permitir a toda persona detenida hablar con un abogado confidencialmente y sin que se hallen presentes agentes de policía.
Permitir a toda persona detenida contar con un abogado de su elección, que esté presente durante su interrogatorio.
Permitir que toda persona detenida sea examinada por un médico de su elección.
Permitir a toda persona detenida comunicar a su familia su detención y el lugar donde se encuentra.
Hacer obligatorio en todos los casos el uso de sistemas de grabación de vídeo y audio en los lugares donde pueda haber detenidos, excepto si con ello se puede violar su derecho a consultar en privado con su abogado o su médico.
Realizar con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos formuladas por personas detenidas.

Activistas de derechos humanos en peligro en Serbia

Mon, 14 Sep 2009 12:06:42 +0000

Amnistía Internacional declaró el 14 de septiembre que los defensores y defensoras de derechos humanos de Serbia corren peligro y las autoridades no les protegen.

“En el último año, las defensoras de derechos humanos han sufrido ataques en los medios de comunicación que incluyen amenazas de linchamiento.

Estos ataques son obra de parlamentarios, miembros de organizaciones ultraderechistas y miembros de los servicios de seguridad procesados por crímenes de guerra. Otros defensores y defensoras han sufrido la destrucción de sus propiedades, ataques contra sus oficinas o palizas propinadas por miembros de grupos neonazis.

Las autoridades investigan rara vez con rapidez e imparcialidad las agresiones físicas y las amenazas contra la vida y las propiedades de los activistas pro derechos humanos y pocos perpetradores comparecen ante la justicia”, ha declarado Sian Jones, experto en los Balcanes de Amnistía Internacional—.

“La ausencia de voluntad política por parte de las autoridades para cumplir sus obligaciones de garantizar a los defensores y defensoras de derechos humanos su derecho a la libertad de expresión y de reunión crea un clima de impunidad que sofoca a la sociedad civil.”

En el informe titulado Serbia: Human rights defenders at risk, Amnistía Internacional examina los ataques más recientes dirigidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos los dirigidos contra destacadas activistas pro derechos humanos.

Entre estas defensoras figuran Nataša Kandic, directora del Centro de Derecho Humanitario; Sonja Biserko, del Comité de Helsinki para los Derechos Humanos en Serbia, y Biljana Kovacevic-Vuco, del Comité de Abogados por los Derechos Humanos (YUCOM), así como la ONG de mujeres Mujeres de Negro.

Los medios de comunicación las califican de antiserbias por estar a favor de la independencia de Kosovo y por exigir la rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos en la década de 1990 en Croacia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo.

El informe también examina la situación de quienes defienden los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Desde el 2001, la comunidad LGBT de Serbia no ha podido celebrar una Marcha del Orgullo Gay y Lésbico debido a las graves amenazas de organizaciones derechistas y religiosas, que han amenazado abiertamente a los organizadores de la marcha de este año, prevista para el 20 de septiembre.

“La comunidad LGBT está marginada incluso dentro de la sociedad civil y las investigaciones penales sobre agresiones contra estas personas, incluso cuando los perpetradores han sido identificados, rara vez se resuelven”, declaró Sian Jones.

“Las autoridades serbias están obligadas a proteger los derechos de todas las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión. Deben condenar públicamente todos los ataques y amenazas contra activistas pro derechos humanos y ofrecer protección y apoyo durante la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico que se va a celebrar en Belgrado esta semana.”

Amnistía Internacional pide al gobierno serbio que aplique en la ley y en la práctica los principios de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU, que ofrece un marco para la protección y el apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos. La organización también pide a las embajadas de los Estados miembros de la UE que proporcionen protección y apoyo a los defensores y defensoras de Serbia.