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Amnistía Internacional adopta como presos de conciencia a dos blogueros azerbaiyanos encarcelados

Fri, 13 Nov 2009 13:59:53 +0000

El 11 de noviembre de 2009, un tribunal de la capital de Azerbaiyán, Bakú, condenó a dos conocidos activistas juveniles, Emin Abdullayev (cuyo nombre como bloguero es Emin Milli) y Adnan Hajizade, a 30 y 24 meses de prisión, respectivamente, por vandalismo y lesiones corporales leves.

Ambos utilizaban herramientas de servicios de red social por Internet, como Youtube, Facebook y Twitter, para difundir información sobre la situación sociopolítica de Azerbaiyán.

“Las acusaciones contra los dos activistas son falsas y se han formulado contra ellos por la expresión pacífica de sus opiniones disidentes, en el contexto de una continua campaña de represión de la disidencia emprendida en Azerbaiyán. Los dos jóvenes son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones,” ha declarado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Los dos activistas fueron detenidos el 8 de julio tras ser agredidos por dos hombres en un restaurante de la capital, Bakú. Según testigos entrevistados por Amnistía Internacional, Emin Abdullayev y Adnan Hajizade estaban conversando sobre temas políticos y de activismo juvenil en una cena con otros activistas. Los testigos ofrecieron el siguiente relato de los hechos.

Dos hombres de complexión fornida se acercaron a ellos, los insultaron y les preguntaron con malos modos que de qué estaban hablando. Al responder Emin Abdullayev que su conversación no era asunto de ellos, uno de los dos le dio un cabezazo, que le hizo caer al suelo.

Al parecer, al ir Adnan Hajizade a proteger a Emin Abdullayev, el mismo hombre lo golpeó y lo tiró al suelo.

Según los testigos, el otro hombre detuvo con la mesa a los demás activistas cuando intentaron acercarse a sus dos amigos, a los que el agresor inicial daba golpes y patadas mientras seguían en el suelo. El incidente duró unos dos minutos, hasta que el personal del restaurante le puso fin.

Tras lo ocurrido, Emin Abdullayev y Adnan Hajizade acudieron a una comisaría de policía para denunciar lo ocurrido. Antes de entrar en las dependencias policiales tomaron fotos del aspecto que presentaban y en las que se apreciaban las lesiones de que habían sido objeto.

Los remitieron a otra comisaría, donde presentaron su denuncia como víctimas de agresión y solicitaron atención médica. Sin embargo, según informes, en vez de recoger sus declaraciones y prestarles la atención médica que necesitaban, la policía los interrogó durante cinco horas en calidad de sospechosos, sin acceso a abogados de su elección. Los otros dos hombres presentes en el incidente del restaurante fueron puestos en libertad tras un breve interrogatorio.

Emin Abdullayev y Adnan Hajizade quedaron detenidos por “vandalismo”. El 21 de agosto fueron acusados también de causar “lesiones corporales leves” en relación con el mismo incidente.

Tras estudiar detenidamente el caso, Amnistía Internacional ve con preocupación la falta de una investigación exhaustiva e imparcial sobre los sucesos del 8 de julio en el restaurante de Bakú, que acabaron en la detención de Emin Abdullayev y Adnan Hajizade, así como el incumplimiento en su juicio de las normas procesales básicas.

Según documentos que Amnistía Internacional ha examinado, la policía y los funcionarios de la Fiscalía no entrevistaron durante la investigación a los testigos ni pidieron ver, para su inclusión como pruebas, las imágenes de una cámara de seguridad situada delante del restaurante y que probablemente grabó lo ocurrido.

De acuerdo con la defensa, durante el juicio el tribunal no quiso tener en cuenta las fotografías de las lesiones sufridas por Emin Abdullayev y Adnan Hajizade, ni tampoco pruebas de vídeo de teléfonos móviles y una cámara de seguridad, pero no explicó el motivo de su negativa.

Según informes, en una de las vistas del juicio, la del 16 de septiembre, se detuvo brevemente a seis partidarios de los blogueros por llevar camisetas con el lema “Yo también soy un vándalo”. Estuvieron hasta 12 horas detenidos. Los activistas azerbaiyanos creen que con esta medida las autoridades intentaban disuadirles de dar muestras de apoyo a los dos blogueros.

Emin Abdullayev es cofundador de un grupo juvenil llamado Red de Antiguos Alumnos, y Adnan Hajizade es coordinador del movimiento juvenil conocido como OL!, que propugna el pacifismo y la tolerancia.

Emin Abdullayev, además, había criticado abiertamente las reformas de la Constitución azerbaiyana aprobadas por referéndum el 18 de marzo de 2009.

Días antes del suceso del restaurante, Adnan Hajizade había publicado en Internet un vídeo satírico en el que protestaba contra la decisión del gobierno de comprar asnos de Alemania con fondos públicos y planteaba la cuestión: “¿Qué pasa con los derechos humanos?”.

La publicación del vídeo tenía su origen en una noticia en la que se informaba de que el gobierno azerbaijano había gastado, presuntamente, centenares de miles de dólares en importar 12 asnos, operación que quizá encubriera corrupción o malversación de fondos públicos.
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Bangladesh: Hay que garantizar juicios justos para las víctimas de motín

Thu, 12 Nov 2009 09:39:50 +0000

El gobierno de Bangladesh debe garantizar justicia a las víctimas del motín de los Fusileros de Bangladesh de febrero de 2009, asegurándose de que todos los presuntos implicados reciben un juicio con garantías, ha declarado Amnistía Internacional en un informe dado a conocer hoy (12 de noviembre de 2009).

El informe, titulado Looking for Justice: Mutineers on trial in Bangladesh, incluye testimonios de familiares de los miembros de los Fusileros de Bangladesh acusados de participar en el motín. Estos informes sugieren que decenas, posiblemente cientos, de integrantes de este cuerpo sufrieron tortura por su posible implicación en los hechos. A casi todos se les negó durante semanas o meses la oportunidad de contar con la asistencia de un abogado.

Amnistía Internacional condena los homicidios ilegítimos, la toma de rehenes y otros abusos contra los derechos humanos cometidos durante el motín, y pide que los autores respondan de sus actos ante la justicia. El gobierno de Bangladesh tiene la oportunidad de reforzar la confianza en el Estado de derecho garantizando que los tribunales civiles, que juzgarán a los acusados, hacen justicia.

“El motín fue brutal y desembocó en la muerte de civiles y de oficiales del ejército que murieron en circunstancias terribles. Es vital que el gobierno de Bangladesh haga que los autores de estos crímenes comparezcan ante la justicia, de un modo que sea compatible con el derecho internacional”, ha declarado Abbas Faiz, investigador de Bangladesh de Amnistía Internacional.

Tras el motín, miles de miembros de los Fusileros de Bangladesh fueron acuartelados y se les impidió todo contacto con el mundo exterior. Tan pronto los familiares comenzaron a visitar a los detenidos empezaron a llegar informes en los que se hablaba de decenas, posiblemente cientos, de fusileros que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos, como torturas, por su posible implicación en el motín.

El informe documenta los métodos de tortura empleados, que incluyeron privar a los detenidos de sueño durante varios días, palizas, el uso de tenazas para aplastar los testículos, la inserción de agujas bajo las uñas y la administración de descargas eléctricas.

“Los informes de tortura que ha recibido Amnistía Internacional son congruentes con las torturas y los malos tratos infligidos a detenidos en Bangladesh documentados con anterioridad. No es suficiente que las autoridades nieguen que se está practicando la tortura; hace falta una mayor rendición de cuentas en esta cuestión”, afirma Abbas Faiz.

Al menos 20 fusileros murieron bajo custodia solamente entre el 9 de marzo y el 6 de mayo de 2009. Según fuentes de los fusileros, cuatro de ellos se suicidaron, siete murieron de ataques al corazón y otros nueve, por enfermedades. El 10 de octubre de 2009, el número total de fusileros que habían perdido la vida bajo custodia se había elevado a 48.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la aclaración del Tribunal Supremo de que los consejos de guerra militares no tienen jurisdicción para juzgar a los Fusileros de Bangladesh acusados de cometer homicidios masivos y otros delitos durante el motín de febrero de 2009.

El gobierno debe asimismo reconsiderar su decisión de recurrir al Tribunal de Juicios Rápidos, pues el plazo temporal que imponen estos tribunales para finalizar el juicio podría desembocar en un error judicial.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Bangladesh a que garantice que:

Las personas sospechosas de cometer delitos comparecen ante la justicia en aplicación de las normas sobre imparcialidad procesal reconocidas internacionalmente, que incluyen el derecho a recibir visitas de familiares y de acceso a abogados.
Se investigan todas las denuncias de tortura y los autores comparecen ante la justicia en juicios justos. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, con independencia de la naturaleza del delito, e insta a las autoridades de Bangladesh a que no la impongan.
El gobierno debe examinar la capacidad del sistema judicial y, en caso necesario, pedir asistencia a los órganos internacionales pertinentes, a fin de garantizar que el sistema de justicia penal cuenta con la competencia y los recursos necesarios, y que los jueces tienen la formación necesaria para juzgar a un número tan elevado de procesados de los Fusileros de Bangladesh con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.
Bangladesh debe ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y designar o establecer los mecanismos preventivos nacionales previstos en dicho Protocolo.

Información complementaria
El motín a gran escala que tuvo lugar en el cuartel general de los Fusileros de Bangladesh, en Dhaka, el 25 de febrero de 2009, suscitó el temor de un posible golpe de Estado por parte de este cuerpo y de una posible contraofensiva violenta del ejército. Los amotinados mataron al menos a 74 personas, entre ellas seis civiles (tres mujeres y tres hombres) y 57 oficiales del ejército destinados al cuerpo de Fusileros como comandantes, un soldado del ejército y nueve jawans (rango inferior del cuerpo de Fusileros). Miles de miembros del cuerpo de Fusileros acusados de estas muertes están actualmente detenidos en espera de juicio.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566 o escribiendo a press@amnesty.org.
Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.

Ucrania debe excarcelar a preso de conciencia bielorruso

Thu, 12 Nov 2009 13:15:24 +0000

Amnistía Internacional ha declarado que las autoridades ucranianas deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional al músico y activista bielorruso Igor Koktysh, que lleva recluido desde hace más de dos años por el ejercicio pacífico de sus convicciones.

La organización ha instado además a que Igor Koktysh no sea devuelto a Bielorrusia, porque se cree que en ese país muy posiblemente podría ser condenado a muerte a causa de unos cargos falsos que se le imputan.

Amnistía Internacional considera que Igor Koktysh es preso de conciencia.

Igor Koktysh permanece detenido en Ucrania desde el 25 de junio de 2007, después de que Bielorrusia solicitase su extradición por una acusación sin fundamento de haber cometido un asesinato en Bielorrusia en 2001.

Está acusado del “asesinato premeditado con agravantes” de un familiar de un amigo íntimo. Este cargo, en virtud del artículo 139 del Código Penal de Bielorrusia, es punible con la pena de muerte.

Igor Koktysh estuvo recluido desde enero de 2001 hasta que fue juzgado en diciembre de 2001. Durante ese tiempo lo sometieron presuntamente a tortura y otros malos tratos, como propinarle palizas o encerrarlo desnudo en una celda helada, además de privarle de la medicación que precisa para su condición asmática, con el fin último de obtener de él una “confesión”.

Igor Koktysh ha contado a Amnistía Internacional que, mientras estuvo privado de libertad, el investigador jefe del distrito de Brest le dijo que él sabía que no era culpable de ningún delito, pero que se encontraba bajo una gran presión de sus superiores. El investigador se negó a repetir estas palabras ante el tribunal.

Después de probar que se encontraba en otra ciudad cuando se cometió el asesinato, fue absuelto y liberado. El Tribunal Supremo de Bielorrusia confirmó la sentencia el 1 de febrero de 2002.

Tras quedar en libertad, Igor Koktysh se marchó a vivir a Ucrania con su esposa ucraniana y en abril de 2002 el fiscal general de Bielorrusia llevó a cabo una acción poco habitual, recurrió la sentencia y el caso fue trasladado otra vez a los tribunales para someterlo a un nuevo juicio.

De ahí que Bielorrusia haya solicitado la extradición y que Igor Koktysh fuera detenido por las autoridades ucranianas el 25 de junio de 2007.

En octubre de 2007, Igor Koktysh presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que impugnaba su extradición a Bielorrusia y su detención en espera de la extradición. El Tribunal pidió al gobierno de Ucrania que no lo extraditase mientras el Tribunal sometía el caso a consideración.

En Ucrania, Igor Koktysh continuó apoyando activamente al candidato de la oposición bielorrusa Alyaksandr Milinkevich durante la campaña previa a las elecciones presidenciales en Bielorrusia en 2006. Igor Koktysh creó videos y banners para sitios web y compuso canciones en apoyo del candidato.

También creó un sito web para la organización no registrada oficialmente Movimiento Informal de la Juventud que contenía folletos y carteles de la oposición.

Igor Koktysh solicitó la concesión de la condición de refugiado en Ucrania, pero su solicitud fue rechazada el 23 de octubre de 2008. El abogado de Igor Koktysh ha recurrido esta decisión en nombre de su cliente.

Diversos instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Ucrania es Estado Parte prohíben la expulsión o extradición de una persona a un país en el que pueda ser condenada a muerte, sufrir tortura u otros malos tratos o ser víctima de otras violaciones graves de los derechos humanos.

Igor Koktysh, músico del grupo de rock prohibido Mlechny Put (Vía Láctea), llevó a cabo actividades políticas y sociales en Bielorrusia.

Fue miembro fundador de un grupo juvenil financiado por la Iglesia católica, cuyo objetivo era rehabilitar a jóvenes drogodependientes.

Igor Koktysh organizó festivales de música rock para difundir el mensaje “No a las drogas y a la violencia”. En estos festivales se exhibieron banderas y se corearon consignas de la oposición.

Igor Koktysh también fue un miembro activo del movimiento opositor juvenil Zubr (ya desaparecido) y participó en varias campañas políticas.

En 2000 Igor Koktysh intentó poner en marcha una organización juvenil independiente, Movimiento Informal de la Juventud, pero las autoridades se negaron a reconocerla oficialmente.

Poco después, el jefe del servicio de investigaciones del departamento de policía local se presentó en el domicilio de Igor Koktysh y, delante de testigos, afirmó que encontraría una razón para detenerle. De inmediato la policía puso a Igor Koktysh bajo vigilancia, lo sometió a interrogatorios y registros y presentó cargos penales contra él.

Paraguay: Comunidad indígena amenazada por desalojo ilegal y atacada con pesticidas

Wed, 11 Nov 2009 11:51:20 +0000

Amnistía Internacional ha condenado el uso de pesticidas aparentemente tóxicos para intimidar a una comunidad indígena después de su resistencia a ser desalojados de sus tierras ancestrales.

La organización hizo un llamado a las autoridades paraguayas a incrementar sus esfuerzos para proveer protección y atención medica a la comunidad e investigar los eventos de la semana pasada.

El viernes 6 de noviembre, más de 50 hombres que al parecer representaban a productores de soja brasileños que reclaman la titularidad de la tierra, llegaron al distrito de Itakyry, en el este de Paraguay, e intentaron desalojar a los indígenas por la fuerza. Las comunidades indígenas resistieron usando arcos y flechas.

Más tarde ese día, un avión sobrevoló las casas de los indígenas, rociándolas con lo que se cree eran pesticidas generalmente usados sobre cultivos de soja. Más de 200 personas resultaron afectadas y reportaron haber sufrido vómitos y desmayos, entre otros síntomas. Al menos 7 personas fueron llevadas al hospital.

Con anterioridad había tenido lugar un preocupante precedente: la Comisión de Derechos Humanos del Senado paraguayo, la misma institución que recientemente había bloqueado intentos para devolver tierras ancestrales a otra comunidad indígena, los Yakye Axa, fue usada por varios políticos como plataforma para promover el desalojo.

La orden de desalojo había sido cancelada por un fiscal de distrito justo antes de la fecha en que debía haberse llevado a cabo, el viernes 6 de noviembre. Se cree que las amenazas contra la comunidad fueron represalias.

“Las vidas de los pueblos indígenas están siendo puestas en riesgo por las mismas personas que deberían protegerlos,” dijo Louise Finer, investigadora sobre Paraguay de Amnistía Internacional. “El riesgo que enfrentan las comunidades de Itakyry era predecible. Nadie tomó acción suficiente para protegerlas de las amenazas que sufrieron en el contexto de este nuevo intento de desalojarlas de sus tierras ancestrales.”

“Las autoridades paraguayas –el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial– deben trabajar juntas para tratar las necesidades inmediatas de las comunidades tras este ataque, pero también para asegurarse de que esto no ocurra nuevamente,” dijo Louise Finer.

Solo un pequeño número de policías locales estuvieron presentes durante el ataque, a pesar de la amenazas contra las comunidades.

Aunque las autoridades locales prometieron enviar ambulancias para asistir a las personas que sufrieron vómitos y desmayos durante la fumigación, pasaron varias horas hasta que los afectados pudieron recibir tratamiento médico.

La protección de los derechos de los pueblos indígenas paraguayos fue una de las promesas centrales de campaña del presidente Fernando Lugo. Sin embargo, el legado de adjudicacion ilegal de tierras del periodo de la dictadura continúa sin resolverse.

En general, se le da más prioridad a la promoción de grandes desarrollos agro-industriales que a la salvaguarda de los títulos de tierra de las comunidades indígenas. La seriedad del compromiso de gobierno de tratar sus reclamos de tierra no ha sido demostrada en la práctica.

En mayo, Amnistía Internacional denunció que la deforestación, las plantaciones de soja y el uso de agro-químicos siguen afectando la vida de las comunidades indígenas.

Imágenes captadas recientemente por satélite demuestran que la deforestación en el norte de Paraguay continúa, a pesar de la existencia de controles gubernamentales, poniendo en riesgo comunidades indígenas aisladas como los Totobiegosode.

En octubre, Amnistía Internacional criticó al Congreso de Paraguay por rechazar un proyecto de ley que hubiera permitido al Estado devolver tierras ancestrales a la comunidad indígena Yakye Axa, dejando al menos a 90 familias sin hogar.

De acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, el derecho de las comunidades a tierras ancestrales es crucial para los pueblos indígenas, ya que es un elemento vital de su sentido de identidad, sustento y modo de vida.

Nota a los Editores
El trabajo de Amnistía Internacional sobre la situación de las comunidades indígenas en Paraguay es parte de la campaña Exige Dignidad, lanzada en mayo de 2009.

Para más informaciòn sobre la situación de los pueblos indígenas de Paraguay , véase Estamos reclamando sólo lo que es nuestro. Pueblos indígenas de Paraguay. Comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa

La campaña pretende poner fin a las violaciones de los derechos humanos que impulsan y profundizan la pobreza mundial. La campaña movilizará a personas en todo el mundo para exigir que los gobiernos, grandes corporaciones y otras personas que tienen poder escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Para más información, visite http://demanddignity.amnesty.org/es

FIN/

China: Unas ejecuciones precipitadas evidencian el carácter injusto de los juicios de Xinjiang

Wed, 11 Nov 2009 11:23:02 +0000

Las autoridades chinas deben garantizar que toda persona acusada de cometer algún delito durante los disturbios de julio en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang es juzgada con las debidas garantías y sin posibilidad de ser condenada a muerte, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, 10 de noviembre de 2009.
El periódico China Daily ha informado hoy de que el lunes, 9 de noviembre, las autoridades procesaron a otros 20 sospechosos por delitos tales como asesinato, incendio provocado o robo asociados a los disturbios.
El juicio sucede a las ejecuciones de ocho hombres uigures y un chino de etnia han, anunciadas ayer por las autoridades. En su anuncio no indicaban cuándo habían tenido lugar las ejecuciones, sólo que se habían realizado una vez que el Tribunal Supremo Popular hubo revisado y confirmado las sentencias.
“Con la ejecución precipitada de estas personas tras juicios injustos, las autoridades chinas están perpetuando algunas de las mismas injusticias que contribuyeron a desatar la violencia en un principio” afirmó Roseann Rife, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
Estas nueve personas estaban entre las veintiuna que fueron juzgadas y condenadas en octubre en relación con los disturbios de julio. A otras tres les fueron impuestas condenas condicionales de muerte, mientras que al resto las condenaron a largas penas de cárcel. Sus juicios duraron menos de un día, y el Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang confirmó las condenas el 30 de octubre.
Amnistía Internacional considera que las declaraciones de autoridades chinas tras los disturbios dificultaron enormemente la celebración de un juicio justo. En julio, el secretario del Partido Comunista de Urumqi afirmó en una conferencia de prensa que “los criminales salvajes serán condenados a muerte”.
Además, se privó a los acusados de estar representados por un abogado de su elección y las autoridades judiciales de Pekín presionaron a los abogados de derechos humanos para que no asumieran la defensa de los acusados.
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación la falta de apertura y transparencia en relación con los juicios. No se notificaron públicamente los juicios ni hubo observadores presentes en la sala.
“Dado el elevado número de detenciones comunicadas por las autoridades chinas en relación con los disturbios, podrían celebrarse varias decenas más de juicios, que posiblemente den lugar a más ejecuciones. El gobierno chino debe garantizar que los juicios se realizan de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, con transparencia y sin recurrir a la pena de muerte” afirmó Roseann Rife.
La organización de derechos humanos entrevistó a testigos tras los disturbios, quienes acusaron a las autoridades de hacer uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, lo que incluyó palizas, uso de botes lacrimógenos y disparos directos contra una multitud de manifestantes.
Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que examinen todos los actos de violencia registrados durante los disturbios de julio, incluido el posible uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los uigures que se manifestaban pacíficamente.
“Un proceso que no investigue abiertamente los delitos ni reconozca las causas subyacentes de los disturbios no hará sino perpetuar las tensiones y la sensación de justicia imperante entre los grupos
Si desean más información, pónganse en contacto con Roseann Rife, directora adjunta de Programa, Oficina Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía en Hong Kong, +852 2385 8319 ó +852 9103 7183.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo electrónico en press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.

Turquía no debe acoger a un fugitivo de la justicia internacional

Tue, 10 Nov 2009 08:05:18 +0000

Amnistía Internacional ha condenado el hecho de que Turquía haya extendido una invitación al presidente sudanés Omar al Bashir para asistir a una reunión que se celebrará en su territorio pese a que la Corte Penal Internacional ha dictado una orden de detención en contra del presidente por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. “El presidente Omar al Bashir es un fugitivo de la justicia internacional al que se imputa responsabilidad en la comisión de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra hombres, mujeres, niños y niñas, entre ellos asesinato, violación, tortura y desplazamiento forzado. Sería una vergüenza que Turquía le diera acogida”, ha manifestado Christopher Keith Hall, asesor jurídico principal de Amnistía Internacional.
El presidente Omar al Bashir ha sido invitado a asistir a una reunión de la Organización de la Conferencia Islámica que se celebrará en Estambul, Turquía, del 5 al 9 de noviembre de 2009.
El 4 de marzo de 2009, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra el presidente Omar al Bashir por cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“Si las autoridades turcas no detienen al presidente Omar al Bashir y lo entregan a la Corte, incumplirán las obligaciones internacionales que recaen sobre ellas”, ha señalado Christopher Keith Hall.
“No sólo constituiría una obstrucción de la justicia sino que también, del mismo modo que ofrecer refugio a un ladrón de banco fugitivo constituiría un crimen de derecho interno, dar santuario a un fugitivo de la justicia internacional constituiría complicidad en un crimen.”
Según informes de prensa, las autoridades turcas han declarado que no tienen la intención de detener y entregar al presidente Omar al Bashir.
“Turquía debe actuar como miembro responsable de la comunidad internacional por el bien de miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur”, ha añadido Christopher Keith Hall.

Información complementaria

Turquía es Estado Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que le impone la obligación de iniciar una investigación toda vez que una persona sospechosa de actos de tortura –sin limitaciones de rango– esté presente en su territorio, y ponerla bajo custodia o tomar otras medidas judiciales para asegurar su presencia mientras esté pendiente la tramitación de actuaciones penales o procedimientos de extradición.
Aunque Turquía no es Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sí lo es en la Convención contra la Tortura, y se ha comprometido a ratificar el Estatuto de Roma.
El artículo 13 de su Código Penal autoriza a Turquía a detener a ciudadanos extranjeros sospechosos de participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero contra otros ciudadanos extranjeros.
La oferta de Turquía de proporcionar un lugar seguro a un fugitivo de la justicia internacional no condice con su calidad de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya Resolución 1593 ”exhorta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás organizaciones internacionales competentes a que también cooperen plenamente” con la Corte Penal Internacional en lo relativo a la cuestión de Darfur.
Nota para periodistas:
Recientemente, Turquía ha tratado de reforzar su relación con Sudán. Este último ha eliminado la exigencia de un visado para la entrada de ciudadanos turcos y las restricciones a inversionistas turcos.
Desde el 4 de marzo de 2009, fecha en que la Corte Penal Internacional dictó la orden de detención en su contra, el presidente Omar al Bashir ha visitado siete Estados (Eritrea, Egipto, Libia, Qatar, Arabia Saudí, Etiopía y Zimbabue), ninguno de los cuales son Estados Partes en el tratado que establece la Corte. Recientemente trató de visitar Uganda y Nigeria y en las dos ocasiones se vio obligado a cancelar las visitas planeadas debido a las protestas de la sociedad civil de ambos países.
Varios Estados, como Botsuana, Brasil y Sudáfrica, han indicado que detendrían al presidente sudanés si entrara en su territorio.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o escribiendo a press@amnesty.org.Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.

Nicaragua: La Corte Suprema debe decidir sobre la legalidad de la nueva legislación relativa al aborto

Tue, 10 Nov 2009 08:13:19 +0000

Hoy, 6 de noviembre, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siga retrasando su sentencia sobre la legalidad de la legislación penal sobre el aborto entrada en vigor en 2008.

La Corte debería haberse pronunciado en mayo de 2009 sobre la constitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto –que abarca los casos en que la vida de la mujer o la niña afectada corre peligro y cuando el embarazo es consecuencia de un acto de violación o de incesto–.

“Mientras siga en vigor esta prohibición total, las víctimas de violación o incesto –algunas de las cuales todavía son niñas– se verán obligadas a dar a luz”, ha manifestado Kerrie Howard.

“A las mujeres y niñas embarazadas se les está negando tratamiento médico que podría salvarles la vida y se está criminalizando a los profesionales médicos por desempeñar su labor.”

“La vida de muchas mujeres y niñas depende de la decisión de la Corte”, ha señalado Kerrie Howard.

“Nos preocupa hondamente la incertidumbre reinante y el hecho de que la Corte siga retrasando su fallo.” La justicia aplazada es justicia denegada. En Nicaragua están muriendo mujeres porque la Corte no ha defendido sus derechos humanos.

Desde la entrada en vigor de la prohibición, cuatro de los comités de expertos que vigilan la aplicación de los tratados de las Naciones Unidas han comunicado al gobierno nicaragüense que esta prohibición supone un incumplimiento de su obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto durante el embarazo en lo que va del año, mientras que durante el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 20 muertes. Amnistía Internacional considera que estas cifras no reflejan la cantidad real, ya que el propio gobierno ha reconocido que no todas las muertes maternas se registran oficialmente.

El 27 de julio de 2009, Amnistía Internacional publicó el informe titulado La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres, en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados,( AMR 43/001/2009) en el que se examinan las consecuencias que tiene para los derechos humanos la denegación de servicios de aborto cuando la vida o la salud de una mujer o niña corre peligro, incluidos los casos de víctimas de violación o incesto.

Entre otros, Amnistía Internacional ha hecho llamamientos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, instándola a dictar sentencia sobre la legalidad y constitucionalidad de la ley con urgencia y conforme a las reglas y procedimientos de la Corte.

Información complementaria
El Código Penal revisado de Nicaragua prevé penas de entre uno y dos años de cárcel para las niñas y mujeres que soliciten un aborto y penas de entre uno y tres años de cárcel para los profesionales de la salud que proporcionen servicios médicos relacionados con el aborto. Sólo el 3 por ciento de los países del mundo han introducido en su legislación la prohibición absoluta del aborto.

Conforme a las nuevas disposiciones, las niñas y mujeres que hayan sufrido un aborto espontáneo podrán ser enjuiciadas, ya que en muchos casos es imposible distinguir entre el aborto espontáneo y el aborto inducido. Algunos fiscales, con exceso de celo, utilizan la ley para presentar cargos contra mujeres que se han enfrentado al dolor físico y mental de sufrir un aborto espontáneo.

La nueva legislación contraviene las Normas y protocolos para la atención de complicaciones obstétricas emitidos por el Ministerio de Salud de Nicaragua, en los que se autoriza el aborto terapéutico como respuesta clínica en casos específicos. El Código Penal no prevé ninguna circunstancia excepcional.

Durante una visita realizada a Nicaragua con ocasión de la presentación del informe La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres, en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados (julio de 2009, Índice : AMR 43/001/2009), la delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con niñas de apenas 12 años que, habiendo sufrido violencia sexual a manos de parientes cercanos o amigos de su familia, se habían visto obligadas a llevar a término el embarazo –dando a luz, en muchos casos, a sus propios hermanos o hermanas– porque se les había negado el acceso a otras opciones.

Profesionales de la obstetricia y la ginecología y médicos y médicas de cabecera nicaragüenses han manifestado a Amnistía Internacional que en virtud del nuevo Código Penal, debido al riesgo de causar daños al feto, ya no tienen autoridad para proporcionar tratamiento médico efectivo a mujeres y niñas embarazadas que sufren trastornos que ponen en peligro su vida. El Código Penal prevé sanciones para profesionales médicos y de enfermería que proporcionen tratamiento a una mujer o niña embarazada por enfermedades como el cáncer o para emergencias cardiacas cuando dicho tratamiento esté contraindicado durante el embarazo y pueda causar daños o la muerte al embrión o al feto.

Véase también Ni siquiera cuando está en juego su vida. Cómo la prohibición total del aborto en Nicaragua criminaliza a los médicos y pone en peligro a los médicos y a las niñas, AMR 43/004/2009

Kenia: Hay que procesar a los presuntos responsables de la violencia posterior a las elecciones

Wed, 11 Nov 2009 08:05:52 +0000

El gobierno keniano no ha llevado a cabo un proceso judicial justo y creíble para juzgar a las personas acusadas de violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, durante la violencia que se desencadenó después de las elecciones del año pasado, ha afirmado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional expresó su consternación por el proceso tras la declaración realizada ayer, 9 de noviembre, por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en la que afirmó que intentará iniciar una investigación sobre la violencia posterior a las elecciones en Kenia.

“Al no hacerlo el propio gobierno de Kenia, a la CPI no le ha quedado otra alternativa que iniciar una investigación”, ha afirmado Godfrey Odongo, investigador de Amnistía Internacional sobre África oriental.

“Kenia no ha tipificado como delitos en su legislación nacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de todos los partidos durante las elecciones del año pasado, y con ello ha facilitado que la CPI proceda a su investigación y procesamiento.”

Kenia promulgó en 2008 la Ley de la Corte Penal Internacional, en la que los crímenes de lesa humanidad y otros delitos del derecho internacional se tipifican como delitos en su legislación interna, pero sólo si se cometen después de enero de 2009.

Esta ley también establece la colaboración con la CPI, pero otorga al fiscal general, un cargo político, amplias competencias para negarse a cooperar con la Corte.

“Parece que Kenia no puede ni quiere investigar y procesar a las personas responsables de la violencia, especialmente a quienes se encuentran en las más altas esferas del gobierno y los partidos políticos”, ha afirmado Godfrey Odongo.

El país no ha modificado la Constitución para permitir la creación de un tribunal especial que podría juzgar a algunos de los presuntos responsables de posibles crímenes de lesa humanidad durante las elecciones del año pasado.

La capacidad de la CPI de investigar y juzgar a personas sospechosas de crímenes de lesa humanidad es limitada, y Kenia tiene la obligación de garantizar un procesamiento efectivo en el ámbito nacional para poner fin a la impunidad que disfrutan los responsables de estos crímenes.

Tras la promulgación de la Ley de Verdad, Justicia y Reconciliación en 2008 se creó una Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación, que ha indicado que comenzará las vistas a mediados del próximo año.

Sin embargo, hasta la fecha no existe una clara política gubernamental sobre cómo se complementarían el proceso de la CPI, el actual proceso de verdad, justicia y reconciliación, y los procesos judiciales nacionales para juzgar a presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad durante la violencia.

“Una Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación puede comenzar a establecer la verdad sobre lo ocurrido durante las terrible semanas posteriores a las elecciones, pero no puede determinar la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas, algo que sigue siendo obligación del poder judicial keniano”, ha manifestado Godfrey Odongo.

Nota para los periodistas

En julio, el gobierno anunció formalmente que iba a llevar a cabo una acelerada reforma policial, procesal y judicial para garantizar la investigación y enjuiciamiento de los autores. Sin embargo, no se fijaron plazos para las reformas, que no hasta la fecha no se han llevado a cabo. También en julio, el gobierno anunció asimismo que no iba a prestar apoyo alguno a la creación de un tribunal especial para juzgar crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas en los hechos de violencia posterior a las elecciones.

En el Parlamento nacional se encuentra en espera de tramitación una propuesta de ley que pide el restablecimiento de una reforma constitución y la constitución de un tribunal especial.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el teléfono +44 20 7413 5566, o por correo electrónico: press@amnesty.org

Secretariado Internacional, Amnistía Internacional, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK www.amnesty.org

Europa: Los gobiernos deben actuar sobre los derechos humanos a los 20 años de la caída del muro de Berlín

Fri, 06 Nov 2009 13:55:39 +0000

Cuando se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín, los gobiernos europeos deben actuar con urgencia para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos que se infligen a migrantes, solicitantes de asilo, personas detenidas y minorías, ha afirmado hoy, 6 de noviembre de 2009, Amnistía Internacional.

“Aunque la caída del muro de Berlín simbolizó la apertura de las fronteras, la respuesta habitual de la Europa actual ante los desafíos de la migración es convertir el continente en una fortaleza”, ha declarado Nicola Duckworth, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Personas que huyen de la pobreza, la violencia o la persecución en otras partes del mundo han sido empujadas literalmente al mar.”

En mayo del presente año, se puso en peligro la vida y la seguridad de cientos de personas migrantes y solicitantes de asilo que estaban a bordo de tres barcos en el mar Mediterráneo, primero por una discusión entre las autoridades de Italia y Malta en relación con su obligación de responder a las llamadas de desastre marítimo, y después por la decisión del gobierno italiano de enviar a esas personas a Libia, sin valorar sus necesidades de protección.

Los gobiernos europeos deben también hacer más para investigar las denuncias de tortura, malos tratos y detención ilícita durante la guerra contra el terror liderada por Estados Unidos, ha afirmado Amnistía Internacional.

“En la nueva Europa después del muro de Berlín, los derechos humanos vuelven a ser atacados. En esta ocasión son víctimas de la pretensión de los Estados de que es preciso sacrificar incluso los derechos humanos más básicos, como el de no ser sometido a tortura, para poder contrarrestar las amenazas terroristas”, ha señalado Nicola Duckworth.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Europa albergó cárceles secretas dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), donde las personas detenidas fueron víctimas de desaparición forzada, estuvieron recluidas en condiciones constitutivas de tortura y fueron sometidas a técnicas de interrogatorio abusivas.

El mes de agosto de 2009 salieran a la luz revelaciones que han motivado llamamientos a las autoridades de Polonia y Lituania para que investiguen las denuncias de que la CIA mantuvo recluidos e interrogó en secreto a detenidos de “alto valor” en instalaciones de detención situadas en sus respectivos territorios hasta finales de 2005.

Pero no todos los desafíos que hoy tenemos planteados en relación con los derechos humanos en Europa son nuevos.

“Es vergonzoso que los frutos de 20 años de crecimiento económico y mayor unidad política desde la caída del muro de Berlín no hayan sido compartidos en plano de igualdad por todas las personas. Sigue habiendo problemas de racismo y discriminación graves y profundamente arraigados en el corazón de la moderna Europa”, ha afirmado Nicola Duckworth.

Una de las ilustraciones más profundas de la discriminación sistémica en Europa es la que se produce contra las comunidades romaníes, que en gran medida continúan excluidas de la vida pública en todos los países.

Las personas romaníes de Europa oriental fueron en muchos casos las primeras en quedar excluidas del empleo cuando se privatizaron las empresas que eran de propiedad estatal. Los desalojos forzosos ilegales están empujando a esas personas a niveles aún más profundos de pobreza.

En algunos países, como Eslovaquia y la República Checa, los niños y niñas romaníes siguen asistiendo en una proporción excesiva a los centros escolares para alumnado con discapacidad mental, y siguen estado segregados en escuelas y clases exclusivas para romaníes que ofrecen una educación de calidad inferior a la normal. Las autoridades no han adoptado medidas efectivas e inequívocas para eliminar la segregación racial en la educación.

Y 20 años después de la caída del muro de Berlín, Amnistía Internacional sigue reconociendo como presos de conciencia a periodistas y activistas de los derechos humanos detenidos por tratar de ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión, asociación y religión en Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Uzbekistán y Turkmenistán.

“En el Berlín actual queda poco del muro físico que hace 20 años era un símbolo de la división y la represión. Pero sigue habiendo muros que hacen que unas personas sean más iguales que otras en lo relativo al disfrute del espectro completo de los derechos humanos”, ha afirmado Nicola Duckworth.

“Sin embargo, a pesar de las amenazas, la intimidación y la detención, defensores y defensoras de los derechos humanos de toda Europa, impulsados por la energía que derribó el muro de Berlín, siguen luchando por la visión de una región donde se respeten todos los derechos humanos para todas las personas.”

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Costa de Marfil: La indemnización por el vertido tóxico debe llegar a las víctimas

Fri, 06 Nov 2009 10:39:46 +0000

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Costa de Marfil hoy, 5 de noviembre de 2009, a que garanticen que la indemnización de 45 millones de dólares que va a pagar la empresa dedicada al comercio de petróleo Trafigura a las víctimas de uno de los vertidos tóxicos que mayor escándalo han provocado en los últimos años llega realmente a las personas de deben recibirla.

La indemnización se acordó en el contexto de una demanda judicial contra Trafigura, presentada ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales por unas 30.000 personas.

Amnistía Internacional ha escrito también al ministro británico de Justicia, Jack Straw, para pedirle que se ponga en contacto con urgencia con su homólogo marfileño a fin de ejercer presión sobre él para que tome rápidamente medidas con que impedir que se cometa un fraude en gran escala.

La organización ha formulado esta petición mientras millares de víctimas del vertido ilegal de residuos tóxicos de Abiyán, capital de Costa de Marfil, esperan impacientes cobrar la indemnización.

“Existe un riesgo real de que las víctimas del vertido no reciban nunca la indemnización que tanto tiempo llevan esperando”, ha manifestado Widney Brown, directora general de programa de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos de Costa de Marfil y Reino Unido deben hacer todo cuanto puedan para garantizar que los demandantes enumerados en la orden judicial reciben esta indemnización e impedir que se apropien indebidamente de ella personajes corruptos.”

Los 45 millones de dólares de indemnización están congelados en la cuenta bancaria del bufete de abogados que representa a las víctimas en la causa judicial abierta contra la empresa Trafigura por el vertido de residuos.

La orden de congelación se dictó a raíz de que un individuo dijera que el dinero debía transferirse a una cuenta de su organización –Coordinación Nacional de Víctimas de Residuos Tóxicos de Costa de Marfil (CNVDT-CI, por sus siglas en inglés)–, que es la que representa a las “verdaderas víctimas”. Esta afirmación parece totalmente falsa y ha sido refutada por los abogados británicos de las víctimas, así como por los demás representantes de los demandantes en la causa abierta en el Reino Unido, que han presentado una petición ante los tribunales marfileños.

La CNVDT-CI no aparece mencionada en ningún documento judicial relacionado con la causa o el acuerdo negociado.

El 23 de septiembre, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales aprobó un acuerdo alcanzado entre las víctimas del vertido de residuos tóxicos, el bufete de abogados británico Leigh Day & Co y Trafigura, según el cual Leigh Day distribuiría 45 millones de dólares entra las casi 30.000 víctimas que habían aceptado el acuerdo, cada una de las cuales recibiría unos 1.600 dólares. La suma se transferiría a una cuenta bancaria abierta por Leigh Day en Costa de Marfil para proceder a su distribución.

El 22 de octubre, Claude Gohourou, quien afirma que su organización representa a las víctimas, solicitó ante un tribunal de Abiyán que se congelaran los fondos de la cuenta de Leigh Day, y el tribunal accedió. Poco después, el 27 de octubre, solicitó que se transfiriera el dinero a una cuenta de su organización.

Mañana, 6 de noviembre, el tribunal de Abiyán se pronunciará sobre esta solicitud.

“Si el tribunal de Costa de Marfil transfiere el dinero a la cuenta del Sr. Gohourou, es muy probable que nunca se vuelva a ver”, ha manifestado Widney Brown.

“Es preciso intervenir con urgencia para impedir que las víctimas de este trágico caso lo sean por partida doble. Sería una auténtica farsa haber luchado durante tres años para conseguir una indemnización por los terribles sucesos de 2006 y ver luego cómo te la roban.”

Nota para periodistas:

En agosto de 2006, el Probo Koala, barco fletado por Trafigura, llevó a Abiyán, Costa de Marfil, residuos tóxicos que se arrojaron luego en varios lugares de los alrededores de la ciudad, causando un tragedia de derechos humanos: más de 100.000 personas solicitaron atención médica por diversos problemas de salud, y se tuvo noticia de 15 muertes.