Suscribirse a las Noticias y Actualizaciones

Condenado un atentado con bomba en Pakistán

Wed, 28 Oct 2009 16:44:45 +0000

Al menos 80 civiles han muerto y 200 resultaron heridos en la explosión de un vehículo bomba en el concurrido mercado de Peepal de la ciudad de Peshawar ocurrido el miércoles (28 de octubre de 2009), según informes de los medios de comunicación. El atentado no ha sido reivindicado aún por ningún grupo.

Amnistía Internacional ha reiterado que bajo ninguna circunstancia cabe aprobar el uso de la población civil como objetivo. Según la organización, todos los grupos deben renunciar a estos ataques, que son abiertamente contrarios a los principios más básicos del derecho internacional.

Según los medios de comunicación, en las últimas semanas al menos 200 personas han perdido la vida en atentados similares en todo Pakistán.

Amnistía Internacional pidió la semana pasada al ejército paquistaní que dejara de hostigar y atacar a miembros de la tribu Mehsud, en la provincia de la Frontera Noroeste.

El ejército de Pakistán ha impedido a los miembros de la tribu el uso de las carreteras principales para huir de la zona de conflicto, al parecer porque algunos de ellos pertenecen a la dirección de los talibanes paquistaníes, según han declarado testigos a Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional también ha pedido al gobierno de Pakistán que haga un esfuerzo mucho mayor para atender a las necesidades humanitarias de los cientos de miles de civiles desplazados debido a las operaciones militares en el cinturón tribal de Pakistán contra militantes talibanes y otros grupos rebeldes.

Declaración conjunta de Shirin Ebadi e Irene Khan sobre Irán

Fri, 31 Jul 2009 11:18:37 +0000

La crisis de derechos humanos de Irán se intensifica cada día que pasa, y la toma de posesión de Mahmud Ahmadineyad para su segundo mandato como presidente, prevista para la semana que viene, puede desatar nuevas protestas y una nueva oleada masiva de represión. Así lo han advertido hoy, 28 de julio, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, y Shirin Ebadi, la iraní Premio Nobel de la Paz.
“Hace tres días, miles de personas de más de un centenar de ciudades del mundo se unieron en un Día Mundial de Acción en protesta por las numerosas detenciones, palizas y homicidios que han acompañado al intento de las autoridades iraníes de forzar la aceptación de los resultados declarados de las elecciones, tan ampliamente cuestionados”, ha manifestado Irene Khan. “El propósito era manifestar nuestra solidaridad con las personas cuyos derechos han sido violados en Irán, y enviar al líder supremo de Irán y a quienes le rodean el mensaje de que las violaciones deben cesar. El mundo está observando.”
Shirin Ebadi, la abogada y defensora de los derechos humanos más distinguida de Irán, se encuentra en Londres por invitación de Amnistía Internacional.
La organización que fundó en 2001, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, fue clausurada de forma sumaria por las autoridades iraníes el pasado diciembre a causa de sus esfuerzos por promover los derechos humanos y defender a quienes han sido detenidos y torturados. Al menos tres de sus principales miembros –el periodista Abdolreza Tajik y los destacados abogados de derechos humanos Abdolfattah Soltani y Mohammad Ali Dadkhah– han sido detenidos desde el comienzo de las protestas relacionadas con las elecciones. Dos de ellos permanecen en la tristemente famosa prisión de Evin, en Teherán, pero el paradero de Mohammad Ali Dadkhah se desconoce, lo que suscita especial temor por su seguridad.
“Mis colegas han sido detenidos a causa de su trabajo para promover la justicia y el Estado de derecho, y para defender los derechos humanos del pueblo de Irán”, ha manifestado Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003. “Ahora se consumen en prisión como tantos otros compatriotas míos por defender valores universales: el derecho a la libertad de opinión y expresión y a dejar constancia pacíficamente de su protesta sin temor a sufrir los ataques de fuerzas represivas como los Basij.”
Irene Khan y Shirin Ebadi han advertido de que la atención y los esfuerzos internacionales no deben disiparse, por intransigentes que parezcan las autoridades de Teherán.
“El pueblo de Irán necesita más que nunca apoyo internacional, hasta que se diriman las divisiones políticas en Teherán”, ha declarado Shirin Ebadi. “La atención y la presión internacionales deben mantenerse e intensificarse, si se quiere lograr un efecto sobre quienes mandan en Teherán.”
“En particular, la ONU debe desempeñar un papel más determinado y firme”, ha manifestado Irene Khan. “Mediante sus mecanismos de derechos humanos y de otro tipo, debe investigar las violaciones cometidas en Irán y reunir pruebas que, algún día, puedan utilizarse para hacer rendir cuentas a los responsables.”
Shirin Ebadi está visitando Londres como parte de los esfuerzos internacionales por sacar a la luz los abusos contra los derechos humanos cometidos en Irán y respaldar una acción mundial que Amnistía Internacional lanza para defender al Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y a quienes lo componen, y para pedir que se permita a esta organización reabrir sus puertas y continuar con su trabajo.

China debe dejar de perseguir a He Hongchun, superviviente del terremoto condenado

Fri, 10 Jul 2009 15:20:58 +0000

Las autoridades chinas deben garantizar que He Hongchun, superviviente del terremoto de mayo de 2008 en Sichuan, no será sometido a ningún castigo adicional y que las condiciones de su condena condicional se ajustarán a la legislación china, ha afirmado Amnistía Internacional en una declaración pública difundida el 9 de julio.
A las 2.00 de la tarde del 9 de julio, el Tribunal Intermedio Comarcal de Beichuan declaró culpable a He Hongchun de “reunir una multitud para alterar el orden social” y lo condenó a tres años de prisión, con una suspensión de cinco años. He Hongchun no ha decidido todavía si presentará recurso contra la sentencia.
He Hongchun fue detenido el 27 de septiembre de 2008 después de organizar una protesta en el exterior de una compañía de seguros en la comarca de Beichuan. He Hongchun y otras ocho personas fueron seleccionados para representar a más de 500 padres y madres de la comarca de Beichuan que perdieron a sus hijos al derrumbarse sobre ellos sus edificios escolares durante el terremoto.
Amnistía Internacional ha afirmado que He Hongchun no debería haber sido declarado culpable de cargos de redacción imprecisa, relacionados con el mantenimiento del orden público, sólo por buscar resarcimiento. Teme que pueda ser objeto de otras represalias y restricciones que vayan más allá del ámbito de una condena condicional tal como se estipula en las leyes y reglamentos chinos.
Las autoridades también impusieron una condena condicional al abogado de derechos humanos Gao Zhisheng en 2006, pero la intensa vigilancia, el arresto domiciliario en la práctica y las reiteradas detenciones, algunas de las cuales incluyeron tortura y los malos tratos, pasaron a formar parte de su “condena no oficial” totalmente al margen de las disposiciones legales.
Hay precedentes de irregularidades en el caso de He Hongchun: su procedimiento penal se ha caracterizado por deficiencias procesales, incluida la injerencia en su defensa jurídica, y es improbable que su juicio cumpliera las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías.
Debido a la falta de disposición de los tribunales de Sichuan para proporcionar un cauce legal a los progenitores que desean reclamar una indemnización a las compañías de seguros por su terrible pérdida, las profundas heridas que se infligieron a muchas de estas personas hace más de un año continúan sin restañar. Estas acciones no ayudarán a alcanzar los objetivos de armonía y estabilidad de las autoridades.
Amnistía Internacional ha afirmado que siente preocupación asimismo por otros dos activistas detenidos que ofrecieron asistencia a supervivientes del terremoto.
Huang Qi lleva más de un año detenido sin juicio por cargos relativos a secretos del Estado después de haber ayudado a padres y madres a emprender acciones legales contra las autoridades locales.
Tan Zuoren fue detenido en marzo de 2009 mientras recopilaba una lista de estudiantes que murieron en el terremoto y ha sido acusado formalmente de “incitar a la subversión del poder del Estado”.
Amnistía Internacional ha manifestado que considera a los dos presos de conciencia y pide su libertad inmediata e incondicional.

Vidas en peligro mientras los gobiernos europeos niegan protección a los refugiados

Mon, 22 Jun 2009 11:21:30 +0000

Amnistía Internacional ha recordado hoy, 20 de junio, que gobiernos europeos están poniendo vidas en peligro al negar protección a las personas refugiadas.

“Las personas refugiadas arriesgan su vida para encontrar seguridad y lo único que se encuentran al llegar a Europa es que las devuelven”, ha afirmado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos tienen que dejar de poner vidas en peligro y comenzar a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger a estas personas vulnerables”.

En el Día Mundial del Refugiado, que se celebra todos los años el 20 de junio, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los gobiernos para que actúen. Miles de organizaciones en cientos de países se reúnen ese día para centrar la atención mundial en la difícil situación de las personas refugiadas y en las causas de su exilio.

Países limítrofes del espacio europeo están mostrando una absoluta indiferencia hacia sus obligaciones internacionales con respecto a las personas refugiadas:

Italia está interceptando a refugiados en aguas internacionales y, sin evaluar su necesidad de protección, los está trasladando a Libia, en donde las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo corren peligro de sufrir malos tratos y de ser devueltas a países en los que corren peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

Grecia envía a las personas a la frontera terrestre y marítima con Turquía sin evaluar primero sus solicitudes de asilo. Quienes entran en el país se encuentran con numerosos obstáculos jurídicos para obtener protección.

Los acuerdos bilaterales que mantiene España con diversos países africanos se utilizan para justificar la detención arbitraria, la reclusión y la expulsión de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en estos países.

Turquía continúa sin reconocer como refugiadas a las personas procedentes de países no europeos, lo que significa que a miles de personas se les niega la protección que necesitan.

En el Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional recuerda a los Estados de la UE que su actuación está socavando la protección de los refugiados, no sólo en sus propios países sino en todo el mundo, al enviar un peligroso mensaje sobre el trato a estas personas.

La organización ha afirmado que todos los países deben cumplir sus obligaciones relativas a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, no sólo dentro de sus fronteras sino también en cualquier lugar en donde ejerzan control efectivo.

Protestas internacionales contra la ejecución de Delara Darabi

Thu, 07 May 2009 09:20:58 +0000

Amnistía Internacional Reino Unido planea llevar a cabo el miércoles 6 de mayo, de 4 a 6 de la tarde, un acto de protesta en el que depositará flores ante la embajada iraní en Londres, en 16 Princes Gate, SW7 1PT. Protestará por la ejecución de Delara Darabi y por los numerosos jóvenes que permanecen en espera de ejecución en Irán por delitos que se cometieron cuando eran menores de edad.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, junto con otros miembros de la organización, depositará lirios blancos ante la embajada, en uno de los muchos actos de protesta planeados ante las embajadas de Irán en todo el mundo.

“El consenso internacional contra la ejecución de personas que eran menores en el momento del delito refleja el amplio reconocimiento del hecho de que, a causa de la inmadurez, la impulsividad, la vulnerabilidad y la capacidad de rehabilitación de estas personas, sus vidas no deben ser arrebatadas, por atroz que sea el delito del que se les declare culpables”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Las autoridades iraníes ordenaron el miércoles una suspensión de la ejecución de dos jóvenes condenados a muerte por sendos delitos cometidos antes de cumplir los 18 años, según han informado los medios de comunicación. No está clara la duración de esa suspensión.

“El que se haya fijado la fecha de estas ejecuciones, tan sólo unos días después de la espantosa ejecución de Delara Darabi, demuestra que las autoridades iraníes sienten un desprecio absoluto por el derecho internacional, que prohíbe de forma inequívoca la ejecución de personas condenadas por delitos que se cometieron cuando eran menores de 18 años”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

Las ejecuciones de Amir Khaleqi y Safar Angooti estaban previstas para el miércoles 6 de mayo a las cuatro de la madrugada, hora local, en la prisión de Evin. Ambos están condenados a muerte por asesinatos cometidos cuando tenían 16 y 17 años, respectivamente.

La suspensión de estas ejecuciones se ha producido cinco días después de que se ejecutara a Delara Darabi por un asesinato que se la acusaba de haber cometido cuando tenía 17 años.

Desde enero de 2009, Irán ha ejecutado al menos a dos personas por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años. Ningún otro país lo ha hecho desde 2007. Se sabe que en Irán hay condenadas a muerte al menos otras 135 personas que eran menores de edad en el momento del delito.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades iraníes a adoptar nueva legislación que prohíba, de una vez por todas, la ejecución de menores, incluidos los condenados por asesinato.

Mohammad Mostafaie, abogado de los dos jóvenes cuya ejecución se ha suspendido, ha declarado que Amir Khaleqi mató a un hombre durante una pelea cuando estaba borracho. Amir no recuerda cómo sucedieron los hechos, pero tenía tantos remordimientos que se entregó él mismo a la policía. Tenía 16 años. Finalmente fue declarado culpable, pese a que el tribunal tuvo en cuenta que estaba ebrio en el momento de los hechos y que era menor de edad.

El presidente de la judicatura concedió en febrero a Amir una suspensión de dos meses de la ejecución, que ya ha expirado.

Safar Angooti fue declarado culpable de asesinato a los 17 años. Según el periódico Etemad, en abril de 2008 apuñaló a un pretendiente rival que estaba hablando con la muchacha que a él le gustaba, y fue condenado a muerte. Safar reconoció que había matado al hombre, pero aseguró que no lo había hecho de forma intencionada.

Según los informes, el propio Mohammad Mostafaie fue detenido el martes 5 de mayo cuando salía de una reunión con el portavoz de la judicatura, Ali Reza Jamshidi, en la que trató de que se detuvieran las ejecuciones. Quedó en libertad unas horas después.

La ONU examina la actuación en materia de derechos humanos de otros 16 países

Thu, 07 May 2009 12:49:16 +0000

En el 5º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que comenzó en Ginebra el lunes día 4, se está sometiendo a examen la actuación en materia de derechos humanos de 16 países.

El examen periódico universal (EPU) es el primer mecanismo de que dispone la ONU para estudiar sistemáticamente la actuación en materia de derechos humanos de los 192 Estados miembros de la ONU. Entre 2008 y 2011, cada año se someterán a examen 48 países, 16 en cada uno de los tres periodos de sesiones anuales del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal.

Entre los gobiernos que el Consejo de Derechos Humanos examinará este mes figuran Afganistán, Chile, Eslovaquia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Vanuatu, Vietnam y Yemen. El actual periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU se prolongará hasta el 15 de mayo.

Amnistía Internacional ha elaborado una serie de informes con ocasión de esta ronda de exámenes en los que detalla motivos de preocupación clave en materia de derechos humanos en 7 de los 16 países objeto de estudio.

“Esperamos que los Estados miembros aprovechen esta oportunidad única para centrarse en los desafíos clave en materia de derechos humanos que afronta cada país objeto de estudio y formulen recomendaciones concretas sobre el modo en que pueden mejorar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con estos derechos”, ha declarado Peter Splinter, representante de Amnistía Internacional ante la ONU en Ginebra.

Llega munición estadounidense a Israel

Thu, 02 Apr 2009 17:23:30 +0000

En las últimas semanas ha llegado a Israel un ingente envío de municiones estadounidenses, según información revelada por Amnistía Internacional. La organización ha recibido informes según los cuales el carguero alemán Wehr Elbe, fletado y controlado por el Mando Naviero Militar estadounidense, atracó en el puerto israelí de Ashdod, a apenas 40 km al norte de Gaza por carretera, y descargó, según los informes, más de 300 contenedores.

El buque alemán partió de Estados Unidos rumbo a Israel el 20 de diciembre, una semana antes de que comenzaran los ataques israelíes contra Gaza. Transportaba 989 contenedores de municiones, cada uno de ellos de 6 metros de largo con un peso neto total estimado de 14.000 toneladas.

Al preguntársele por el Wehr Elbe, un portavoz del Pentágono confirmó a Amnistía Internacional que “la descarga del envío completo de municiones estadounidenses se completó con éxito en Ashdod [Israel] el 22 de marzo”. El portavoz manifestó que el envío iba destinado a un arsenal estadounidense ubicado previamente en Israel. Según un acuerdo establecido entre Estados Unidos e Israel, este último puede hacer uso de las municiones de este arsenal en caso de necesidad.

Algunos de los proyectiles artilleros de fósforo blanco que el pasado mes de enero las fuerzas israelíes dispararon contra áreas residenciales de Gaza densamente pobladas, y que mataron e hirieron a decenas de civiles palestinos, procedían de arsenales de fabricación estadounidense, como indica claramente la inscripción M825 A1 que aparecía en ellos. Otros proyectiles artilleros de fósforo blanco eran también de fabricación estadounidense, al igual que la inmensa mayoría de la restante munición que utilizaron las fuerzas israelíes para cometer graves violaciones del derecho internacional en el reciente conflicto en Gaza, que se prolongó durante tres semanas.

Otro funcionario estadounidense dijo a Amnistía Internacional que se está examinando el uso que hizo Israel de las armas estadounidenses durante el conflicto para determinar si fue acorde con la legislación estadounidense, pero que aún no se ha alcanzado ninguna conclusión.

Mientras, siguen muriendo civiles palestinos a causa de las heridas que sufrieron en los ataques israelíes de enero. Hace dos días, Ghada Abu Halima murió a causa de las heridas que le habían provocado las profundas quemaduras que sufrió en un ataque con fósforo blanco el 4 de enero. En el ataque murieron su suegro y cuatro hermanos menores, entre ellos una bebé de un año, y resultaron gravemente heridas la propia Ghada Abu Halima, su suegra y otros niños y niñas de la familia.

Amnistía Internacional ha manifestado que ese envío debía haber sido detenido, y que el hecho de que no se haya procedido a ello pone en duda si el presidente Obama actuará para impedir que Estados Unidos alimente nuevos ataques israelíes contra la población civil que puedan constituir crímenes de guerra, como los perpetrados en Gaza.

“Legal y moralmente, el gobierno del presidente Obama debería haber detenido este envío de armas estadounidenses, habida cuenta de la amplitud de pruebas que demuestran que las fuerzas israelíes han utilizado recientemente material y municiones militares de este tipo para cometer crímenes de guerra”, ha manifestado Brian Wood, responsable de la campaña de Amnistía Internacional Armas Bajo Control. “Los suministros de armas en estas circunstancias son contrarios a lo establecido por la ley estadounidense.”

“Existe un elevado riesgo de que el ejército israelí utilice las nuevas municiones para cometer nuevas violaciones del derecho internacional, como las cometidas durante la guerra de Gaza”, ha manifestado Brian Wood. “Estamos instando a todos los gobiernos a que dicten una suspensión general e inmediata de los suministros de armas tanto a Israel como a todos los grupos armados palestinos hasta que ya no exista un peligro sustancial de que se cometan violaciones graves de derechos humanos.”

Estados Unidos fue, con mucho, el mayor suministrador de armas a Israel entre 2004 y 2008. Además, está previsto que el gobierno estadounidense destine ayuda militar por valor de 30.000 millones de dólares a Israel.

Según una autoridad estadounidense, el presidente Obama no tiene planes de recortar los miles de millones de ayuda militar prometidos a Israel en virtud de un nuevo contrato de 10 años establecido en 2007 por el gobierno Bush, y que supone un aumento del 25 por ciento frente al último contrato acordado por el gobierno estadounidense anterior.

Amnistía Internacional ha informado detalladamente sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel y por los grupos armados palestinos en Gaza. El 15 de enero, la organización pidió a todos los gobiernos que suspendieran de inmediato las transferencias de armas a todas las partes del conflicto de Gaza para impedir que se cometieran nuevas violaciones utilizando las municiones y otros materiales militares transferidos.

Aplazada la vista de la apelación presentada por sindicalistas tunecinos

Tue, 13 Jan 2009 15:17:28 +0000

La vista del recurso de apelación presentado por 33 trabajadores y sindicalistas tunecinos se ha aplazado hasta el 3 de febrero. Estaba previsto que la causa contra el dirigente sindical Adnan Hajji y otras 32 personas se viese el 13 de enero.

En diciembre, un tribunal tunecino dictó condenas de hasta 10 años de cárcel contra las 33 personas, en un juicio que se celebró sin las debidas garantías. El dirigente sindical Adnan Hajji y otras 37 personas fueron acusados de encabezar los disturbios que se produjeron durante la primera mitad de 2008 en la región sureste tunecina de Gafsa, rica en fosfatos.

Amnistía Internacional condenó las penas de prisión dictadas calificándolas de "parodia de la justicia", y pidió a las autoridades tunecinas que pusiesen en libertad a todos los detenidos y procesados por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. También pidió que las demás personas relacionadas con los hechos fuesen sometidas de nuevo a juicio, con las garantías debidas, conforme a las obligaciones internacionales contraídas por Túnez.

Cuatro de los acusados, que no habían sido detenidos, fueron juzgados in absentia. Siete de las 38 personas fueron condenadas a 10 años de cárcel. Entre ellas se encontraban Adnan Hajji, dirigente sindical y portavoz del Movimiento de Protesta Social en Gafsa, y el sindicalista Bechir Labidi. La salud de este último se deterioró gravemente mientras permaneció detenido. Tras reiteradas peticiones de sus abogados y familiares, posteriormente fue trasladado a un hospital en donde, al parecer, le mantenían esposado a la cama.

Al resto se les impusieron penas de cárcel que oscilaban entre los dos y los seis años, entre ellas nueve condenas condicionales. El periodista Fahem Boukadous y el activista de derechos humanos radicado en Francia Mouheiddine Cherbib fueron condenados in absentia a seis y dos años de cárcel, respectivamente. Otros cinco acusados fueron absueltos y quedaron en libertad.

Entre los cargos figuraban “formación de grupo criminal con el objetivo de destruir propiedades públicas y privadas” y “rebelión armada y agresión a funcionarios en el ejercicio de su deber”. Los imputados formaban parte de los cientos de personas detenidas tras la oleada de protestas por el desempleo y el elevado coste de la vida que sacudieron la región sureste tunecina de Gafsa, rica en fosfatos, durante la primera mitad de 2008.

España extradita a un checheno a Rusia pese a peligro de tortura

Fri, 12 Dec 2008 12:01:36 +0000

El viernes 12 de diciembre las autoridades españolas aprobaron la extradición de Murad Gasayev a la Federación Rusa, donde correrá grave riesgo de sufrir tortura. Amnistía Internacional ha pedido que se detengan de inmediato los procedimientos de extradición.

Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, ha declarado: “Consideramos a las autoridades españolas responsables del bienestar de Murad Gasayev y les instamos a no enviarlo a un país donde corre un grave riesgo de sufrir tortura y donde, de hecho, afirma que ya ha sido torturado.”

“Cualquiera que sea la gravedad del delito del que haya sido declarada culpable, ninguna persona puede ser expulsada a un país donde exista un riesgo real de que sufra violaciones flagrantes de sus derechos humanos.”

A Murad Gasayev, de etnia chechena, se le busca en la Federación Rusa por su presunta participación en un atentado contra edificios del gobierno cometido por un grupo armado en la república de Ingushetia en junio de 2004. Murad Gasayev Afirma que fue detenido y torturado durante tres días por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Ingushetia en agosto de 2004.

Murad Gasayev quedó en libertad sin cargos y en 2005 huyó a España, donde solicitó asilo. Su solicitud fue rechazada en virtud de información confidencial de las autoridades españolas a la que ni él ni su abogado tuvieron jamás acceso.

La Audiencia Nacional española aprobó la petición de extradición, porque la Fiscalía rusa dio garantías de que Murad Gasayev no sería condenado a muerte ni a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y podría recibir visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa durante su reclusión. El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó finalmente la orden de extradición el viernes 12 de diciembre.

Sin embargo, de acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, no se consultó al Comité para la Prevención de la Tortura sobre las promesas hechas en su nombre antes de que la Audiencia Nacional aprobara la extradición. El Comité ha expresado reiterada y públicamente su honda preocupación por la detención ilegal y la tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios del Estado en Chechenia.

El Comité para la Prevención de la Tortura ha manifestado que raras veces se llevan a cabo investigaciones efectivas en los casos de presuntos malos tratos o detención ilegal y que las autoridades rusas no han reaccionado de manera adecuada a los motivos de preocupación expuestos.

En los últimos años, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha utilizado en tres ocasiones poderes especiales para expresar su condena en informes públicos sobre el problema de la tortura en Chechenia. Esta es la primera vez que el Comité hace públicas declaraciones de esta naturaleza tres veces sobre el mismo país.

Nicola Duckworth ha señalado: “Los Estados que torturan o someten a otras formas de maltrato a los detenidos niegan llevar a cabo tales prácticas. Torturan en secreto e incumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales. “

“Las ‘garantías’ ofrecidas por la Federación Rusa no son fiables, y España incumplirá las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional si el gobierno da luz verde a esta extradición.”

La organización no gubernamental rusa Memorial ha investigado y documentado los casos de varias personas declaradas culpables de delitos relacionados con el atentado de junio de 2004 y ha encontrado indicios de que durante las investigaciones se torturó y maltrató a los sospechosos y se les negó un juicio justo. Amnistía Internacional ha entrevistado a varias personas cuyos testimonios confirman las conclusiones de Memorial.

A finales de febrero y principios de marzo de este año, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammerberg, visitó Chechenia e informó de que tenía la impresión de que la tortura y los malos tratos eran prácticas generalizadas allí.

Hora de encontrar soluciones globales a problemas globales

Tue, 09 Dec 2008 17:02:15 +0000

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional

Los terroristas arrasan con una matanza sin sentido en Mumbai. Refugiados agotados y aterrorizados corren en multitud a Uganda para escapar de los combates en el este de Congo. Diez personas son ejecutadas en Irán. Trescientos mil civiles se ven obligados a desplazarse en el norte de Sri Lanka. La desaceleración económica se cierne sombría sobre el mundo entero. No parece un momento especialmente prometedor para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los aniversarios son momento de reflexión y examen. Es cierto que, en muchos aspectos, la situación de los derechos humanos hoy día es mucho mejor que la de 1948. La igualdad de las mujeres, los derechos de la infancia, la libertad de prensa y la existencia de un sistema judicial justo han dejado de ser conceptos en disputa para convertirse en normas ampliamente aceptadas que muchos países han hecho realidad y a las que otros aspiran. Pero es igualmente cierto que la injusticia, la impunidad y la desigualdad siguen siendo los rasgos distintivos de nuestro tiempo.

Si hay una lección que extraer de los recientes sucesos de Mumbai, es la de que nuestras libertades siguen siendo un bien precioso, amenazado y necesitado de vigilancia y protección constantes. Los gobiernos tienen el deber de proteger a las personas frente al terrorismo, y, tal como sucedió tras el 11-S, se van a ver presionados para reforzar la seguridad. Sin embargo, en ese proceso, no deben repetir los errores cometidos en la "guerra contra el terror" encabezada por Estados Unidos. El detener a personas de forma indefinida, recluirlas en un limbo legal en prisiones como Guantánamo, aprobar la violencia o perpetrarla, o debilitar el proceso debido y el Estado de derecho no son el camino a seguir. Las sociedades libres son atacadas por terroristas precisamente porque son libres. Erosionar nuestras libertades en nombre de la seguridad equivale a dar la victoria a los terroristas.

Sin embargo, no basta con que nos limitemos a aferrarnos a nuestros derechos. Debemos hacer llegar los beneficios de los derechos humanos a todas las personas que sufren privación, discriminación y exclusión. La crisis económica mundial ha demostrado lo erróneo del supuesto de que un crecimiento sin limitaciones conduciría inevitablemente a la prosperidad, y que la marea creciente levantaría todos los barcos. La marea se ha convertido en un tsunami que se ha tragado no sólo a las grandes instituciones financieras, sino también los hogares y las esperanzas de mucha gente pobre de todo el mundo. Millones de personas se ven devueltas a la pobreza mientras se invierten miles de millones de dólares en rescatar a las mismas instituciones que nos han llevado a esta situación.

Las naciones más ricas disponen de recursos y de redes de seguridad para ayudar a quienes se quedan atrás en su país. Las personas pobres de países con economías pobres y emergentes tienen que valerse por sí mismas. Quienes tienen el margen de supervivencia más pequeño serán quienes más paguen por la codicia de los banqueros de Wall Street y la City de Londres. Las mujeres que trabajan en una fábrica textil de Ho Chi Minh, Vietnam, los mineros que extraen minerales del río Mano, África Occidental, los trabajadores de una planta industrial en el delta del Río de las Perlas, China, o los operadores telefónicos de una oficina subcontratada en Gurgaon, India, serán quienes se lleven la peor parte del deterioro de la situación económica. Si la reducción de las remesas y la ayuda internacional obliga a los gobiernos a recortar los programas sociales y los proyectos para la erradicación de la pobreza, las consecuencias pueden ser desastrosas.

En términos económicos, el crecimiento se ha visto aniquilado. En términos de derechos humanos, el derecho al alimento, a la educación, a la vivienda, a un trabajo decente y a la salud está siendo atacado. Nos enfrentamos a un doble desafío: hacer realidad los derechos humanos para erradicar la pobreza, y proteger los derechos humanos ante el terrorismo.

Los derechos humanos son universales: todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos son indivisibles: todos los derechos, ya sean económicos, sociales, civiles, políticos o culturales, son igual de importantes. No hay una jerarquía de derechos. La libertad de expresión es tan fundamental como el derecho a la educación, y el derecho a la salud es tan valioso como el derecho a un juicio justo.

Las placas tectónicas del poder mundial se están moviendo, y es ahora cuando los dirigentes mundiales se están dando cuenta de que deben trabajar juntos para hacer frente al terremoto económico. La invitación cursada recientemente por el gobierno estadounidense a 20 de las principales economías del mundo (entre ellas China, Arabia Saudí, India y Brasil) para planificar una respuesta mundial a la crisis económica es una señal concreta de la nueva tendencia a ser inclusivos.

Pero ser inclusivos no significa únicamente colocar más sillas en torno a la mesa ya existente. También significa sumarse a los valores mundiales, unos valores cuyo conjunto viene dado por la Declaración Universal.

En 1948, ante los enormes desafíos a los que se enfrentaban, los dirigentes mundiales se volvieron hacia la Declaración Universal como afirmación de su humanidad común y como ruta para su seguridad colectiva. Los dirigentes actuales deben hacer lo mismo.