La tortura no tiene justificación
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No hay justificación para la tortura (vídeo en inglés).
© Amnistía Internacional
Fotograma del vídeo Waiting for the Guards, que simula tortura en detención secreta.
© Amnistía Internacional
Más de 300 miembros de la Policía Nacional y activistas de derechos humanos de Filipinas participaron en la carrera contra la tortura el 26 de junio de 2008.
© Amnistía Internacional
La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al igual que la esclavitud y el genocidio, son siempre inadmisibles. Este principio quedó establecido hace muchos años y se halla consagrado en el derecho internacional.
Todas las personas tienen derecho a no sufrir tortura ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes (“otros malos tratos”), de acuerdo con el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Informe 2008 de Amnistía Internacional revela que 60 años después de la adopción de la Declaración por las Naciones Unidas, hay personas que siguen sufriendo tortura o malos tratos en todo el mundo. El Informe pone de relieve la situación en 81 países, pero también hay casos de tortura y otros malos tratos en muchos otros países.
La organización lleva decenios documentando casos de tortura, incluso en situaciones en que los gobiernos invocaban la amenaza del terrorismo para ocultar o justificar su uso. Pero las acciones que los Estados han emprendido en los últimos años en nombre de la lucha contra el terrorismo amenazan con debilitar el respeto de la prohibición absoluta de la tortura y muestran la necesidad de que se conozca mejor su importancia.
No siempre es posible ponerse de acuerdo en si una forma concreta de abuso constituye tortura u otros malos tratos, pero una y otros están prohibidos absolutamente en virtud del derecho internacional, incluso en épocas de guerra y otras situaciones de emergencia pública.
El respeto de la prohibición no es sólo una obligación jurídica. La prohibición universal se basa en el consenso internacional de que todo acto de tortura u otros malos tratos es moralmente repugnante, un ataque a la dignidad humana.
Algunos han intentado eludir sus obligaciones y su responsabilidad admitiendo que la “tortura” es inaceptable e ilegal, al mismo tiempo que trataban de introducir definiciones de “tortura” y de “tratos crueles, inhumanos o degradantes” de ámbito nacional que excluían técnicas o circunstancias concretas.
El gobierno de Estados Unidos ha estado en primera línea en este ataque contra la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Ha sostenido que las normas internacionales de derechos humanos no son de aplicación en el contexto de lo que califica de “guerra” global y casi perpetua, pero ha ignorado selectivamente el hecho de que las leyes de la guerra también prohíben tales abusos. Estos argumentos son rechazados de forma prácticamente universal por otros Estados, tribunales nacionales e internacionales y expertos.
El escándalo de Abu Ghraib impulsó a altas autoridades estadounidenses a condenar los abusos descubiertos y a poner en marcha investigaciones limitadas y revisiones de las prácticas de detención. Pero estas medidas no se han traducido en la rendición de cuentas de todos los responsables, la reparación para las víctimas ni en medidas adecuadas para impedir que este tipo de violaciones de derechos humanos se repitan en el futuro.
De hecho, sabemos que el gobierno estadounidense ha autorizado métodos de interrogatorio –como posturas en tensión, aislamiento prolongado, privación sensorial y ahogamiento simulado– que constituyen tortura u otros malos tratos en virtud del derecho internacional.
El gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo un programa de "entregas extraordinarias"– traslados de personas sospechosas de actos de terrorismo de un Estado a otro sin el proceso debido, incluso a países donde corren un riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos– y un programa de detención secreta, en virtud del cual los detenidos se han convertido en víctimas de desaparición forzada.
El gobierno estadounidense ha autorizado la tortura y otros malos tratos y se ha reservado el derecho de volver a hacerlo si las “circunstancias” lo justifican. Las leyes, las opiniones jurídicas y las órdenes ejecutivas de Estados Unidos que han facilitado tales prácticas deben ser modificadas o revocadas, y se debe poner fin a la impunidad por los abusos.
Los gobiernos de países como Estados Unidos, Austria, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y Suecia han solicitado y aceptado “garantías diplomáticas” de los Estados receptores de que los detenidos no sufrirán tortura ni otras violaciones graves de derechos humanos.
Estas “garantías” son esencialmente promesas cuyo cumplimiento no se puede exigir y, al aceptarlas, el Estado que envía reconoce de hecho la tortura de otros detenidos en el país receptor. En los casos en que no se ha cumplido la promesa de un trato adecuado, las personas afectadas han sufrido drásticas consecuencias.
En vez de solicitar exenciones para un número reducido de personas, los Estados deben colaborar para garantizar que se pone fin a todo acto de tortura y otros malos tratos. Las garantías diplomáticas deben ser condenadas y abandonadas.
En los últimos cinco años, por ejemplo, las autoridades de Túnez han detenido a cientos, si no miles, de personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo. Muchas han sido torturadas y han sufrido otras clases de malos tratos, se las ha recluido en régimen de incomunicación y se las ha hecho desaparecer. A algunas las han condenado, después de juicios sin garantías, a largas penas de prisión o incluso a muerte.
En el contexto de la campaña militar en Pakistán contra Al Qaeda y los talibanes, se ha detenido arbitrariamente y sometido a desaparición forzada a miles de personas, tanto paquistaníes como de otras nacionalidades.
La verdadera seguridad sólo se puede lograr fortaleciendo el marco de los derechos humanos, no menoscabándolo mediante el recurso a prácticas ilegítimas como la tortura.
La tortura y otros malos tratos:
para saber más:
Todas las personas tienen derecho a no sufrir tortura ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes (“otros malos tratos”), de acuerdo con el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Informe 2008 de Amnistía Internacional revela que 60 años después de la adopción de la Declaración por las Naciones Unidas, hay personas que siguen sufriendo tortura o malos tratos en todo el mundo. El Informe pone de relieve la situación en 81 países, pero también hay casos de tortura y otros malos tratos en muchos otros países.
La organización lleva decenios documentando casos de tortura, incluso en situaciones en que los gobiernos invocaban la amenaza del terrorismo para ocultar o justificar su uso. Pero las acciones que los Estados han emprendido en los últimos años en nombre de la lucha contra el terrorismo amenazan con debilitar el respeto de la prohibición absoluta de la tortura y muestran la necesidad de que se conozca mejor su importancia.
¿Qué es la tortura? ¿Qué son los malos tratos?
El elemento principal de la definición de tortura que ofrece la Convención de la ONU contra la Tortura es el acto por el cual se inflige de forma intencionada dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión, de castigar, intimidar o coaccionar a una persona, o por cualquier razón basada en la discriminación.No siempre es posible ponerse de acuerdo en si una forma concreta de abuso constituye tortura u otros malos tratos, pero una y otros están prohibidos absolutamente en virtud del derecho internacional, incluso en épocas de guerra y otras situaciones de emergencia pública.
El respeto de la prohibición no es sólo una obligación jurídica. La prohibición universal se basa en el consenso internacional de que todo acto de tortura u otros malos tratos es moralmente repugnante, un ataque a la dignidad humana.
El consenso contra la tortura está amenazado
Algunas medidas que los gobiernos han adoptado como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, así como a los ataques o las amenazas de ataques en otros países después de esa fecha, han constituido un grave ataque contra el marco de la protección de los derechos humanos. Los Estados han utilizado la tortura y otros malos tratos y han intentado justificar esa decisión en nombre de la seguridad y conceder impunidad a los responsables.Algunos han intentado eludir sus obligaciones y su responsabilidad admitiendo que la “tortura” es inaceptable e ilegal, al mismo tiempo que trataban de introducir definiciones de “tortura” y de “tratos crueles, inhumanos o degradantes” de ámbito nacional que excluían técnicas o circunstancias concretas.
El gobierno de Estados Unidos ha estado en primera línea en este ataque contra la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Ha sostenido que las normas internacionales de derechos humanos no son de aplicación en el contexto de lo que califica de “guerra” global y casi perpetua, pero ha ignorado selectivamente el hecho de que las leyes de la guerra también prohíben tales abusos. Estos argumentos son rechazados de forma prácticamente universal por otros Estados, tribunales nacionales e internacionales y expertos.
El gobierno de Estados Unidos autoriza la tortura
Las fotografías de soldados estadounidenses humillando y aterrorizando a detenidos en Abu Ghraib conmovieron al mundo cuando se publicaron en 2004. Las imágenes se difundieron cuando ya se habían producido numerosas denuncias de tortura y otros malos tratos en relación con centros de detención de Estados Unidos en Afganistán, Irak y Guantánamo.El escándalo de Abu Ghraib impulsó a altas autoridades estadounidenses a condenar los abusos descubiertos y a poner en marcha investigaciones limitadas y revisiones de las prácticas de detención. Pero estas medidas no se han traducido en la rendición de cuentas de todos los responsables, la reparación para las víctimas ni en medidas adecuadas para impedir que este tipo de violaciones de derechos humanos se repitan en el futuro.
De hecho, sabemos que el gobierno estadounidense ha autorizado métodos de interrogatorio –como posturas en tensión, aislamiento prolongado, privación sensorial y ahogamiento simulado– que constituyen tortura u otros malos tratos en virtud del derecho internacional.
El gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo un programa de "entregas extraordinarias"– traslados de personas sospechosas de actos de terrorismo de un Estado a otro sin el proceso debido, incluso a países donde corren un riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos– y un programa de detención secreta, en virtud del cual los detenidos se han convertido en víctimas de desaparición forzada.
El gobierno estadounidense ha autorizado la tortura y otros malos tratos y se ha reservado el derecho de volver a hacerlo si las “circunstancias” lo justifican. Las leyes, las opiniones jurídicas y las órdenes ejecutivas de Estados Unidos que han facilitado tales prácticas deben ser modificadas o revocadas, y se debe poner fin a la impunidad por los abusos.
Acuerdos con Estados que torturan
Otros Estados de todo el mundo han contribuido a debilitar la prohibición internacional de la tortura al tratar de trasladar por la fuerza a detenidos a países donde corren un riesgo real de ser víctimas de tortura.Los gobiernos de países como Estados Unidos, Austria, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y Suecia han solicitado y aceptado “garantías diplomáticas” de los Estados receptores de que los detenidos no sufrirán tortura ni otras violaciones graves de derechos humanos.
Estas “garantías” son esencialmente promesas cuyo cumplimiento no se puede exigir y, al aceptarlas, el Estado que envía reconoce de hecho la tortura de otros detenidos en el país receptor. En los casos en que no se ha cumplido la promesa de un trato adecuado, las personas afectadas han sufrido drásticas consecuencias.
En vez de solicitar exenciones para un número reducido de personas, los Estados deben colaborar para garantizar que se pone fin a todo acto de tortura y otros malos tratos. Las garantías diplomáticas deben ser condenadas y abandonadas.
Viejas constantes de represión, nueva retórica
La tortura y otros malos tratos no son nuevos. Pero, en los países de todo el mundo donde la tortura y otros malos tratos estaban extendidos ya antes de 2001, el nuevo clima de tolerancia hacia tales abusos no puede hacer otra cosa que animar a los gobiernos.En los últimos cinco años, por ejemplo, las autoridades de Túnez han detenido a cientos, si no miles, de personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo. Muchas han sido torturadas y han sufrido otras clases de malos tratos, se las ha recluido en régimen de incomunicación y se las ha hecho desaparecer. A algunas las han condenado, después de juicios sin garantías, a largas penas de prisión o incluso a muerte.
En el contexto de la campaña militar en Pakistán contra Al Qaeda y los talibanes, se ha detenido arbitrariamente y sometido a desaparición forzada a miles de personas, tanto paquistaníes como de otras nacionalidades.
La tortura no proporciona seguridad
En el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en otras muchas organizaciones internacionales, los propios Estados han reconocido que, si bien todos los gobiernos tienen el deber de proteger a su población de ataques violentos, deben respetar plenamente las obligaciones que han contraído en materia de derechos humanos al tiempo que ejercen su labor de protección.La verdadera seguridad sólo se puede lograr fortaleciendo el marco de los derechos humanos, no menoscabándolo mediante el recurso a prácticas ilegítimas como la tortura.
La tortura y otros malos tratos:
- ... son inadmisibles siempre, con independencia de lo que se crea que la persona sospechosa sabe o ha hecho;
- … están absolutamente prohibidos por el derecho internacional;
- ... no son fiables como técnicas de interrogatorio;
- … se propagan y, cuando se autorizan, jamás se recurre a ellos “sólo por una vez”;
- … corroen el Estado de derecho y menoscaban el sistema de justicia penal;
- … no nos proporcionan más seguridad;
- … NO PUEDEN JUSTIFICARSE JAMÁS.
¿Qué tiene que suceder?
Tdos los Estados deben:- condenar todas las formas de tortura y otros malos tratos y denunciar a los gobiernos que cometen tales abusos, son cómplices en ellos o no hacen nada para impedirlos;
- prevenir estas prácticas;
- poner a disposición de la justicia a los responsables de autorizar e infligir tortura y otros malos tratos;
- garantizar que no se recurre a la información obtenida mediante tortura u otros malos tratos como prueba en ningún procedimiento, excepto contra las personas acusadas de abusos como prueba de los abusos.
para saber más:
Averigua más sobre la tortura en nuestra hoja informativa Tortura - Que no quede en la sombra
Desapariciones forzadas. La justicia, desaparecida en Pakistán (hoja informativa, 1 de agosto de 2008)
Estados Unidos: Tortura, desaparición forzada e impunidad (hoja informativa, 1 de mayo de 2008)
Estados Unidos de América. Causa pendiente: De Abu Ghraib a la custodia secreta de la CIA (informe, marzo de 2008)
Túnez: Tortura, detención ilegal y juicios son garantías (hoja informativa, mayo de 2008)
Crueles e inhumanas. Las condiciones de Guantánamo (hoja informativa, 10 de diciembre de 2007)
Jordania: “Sus confesiones ya están preparadas para que las firmen”. Detención y tortura de personas sospechosas de delitos políticos (informe, 24 de julio de 2006)
Algeria: Torture in the “war on terror”: A memorandum to the Algerian President (informe, 18 de abril de 2006) (en inglés)
Enlaces externos:
Asociación para la Prevención de la Tortura
Organización Mundial contra la Tortura
Broken laws, broken lives: Medical evidence of torture by the US (informe – Physicians for Human Rights)
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