Document - República Popular de China. La cuenta atrás hacia las Olimpíadas: El incumplimiento de las promesas relativas a los derechos humanos

CHINA República Popular de China. La cuenta atrás hacia las Olimpíadas: El incumplimiento de las promesas relativas a los derechos humanos
[No difundir hasta el 21 de septiembre de 2006]
Público
Amnistía Internacional

República Popular de China


La cuenta atrás hacia las Olimpíadas: El incumplimiento de las promesas relativas a los derechos humanos


21 de septiembre de 2006
Resumen
Índice AI: ASA 17/046/2006
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA170462006

Sólo faltan dos años para que los Juegos Olímpicos tengan lugar en Pekín, y las autoridades chinas aún no han cumplido con los compromisos relativos a los derechos humanos que contrajeron en abril de 2001, cuando se eligió a Pekín como sede de las Olimpíadas.(1) Siguen recibiéndose informes de graves violaciones de derechos humanos que se cometen en todo el país y alimentan la inestabilidad y el descontento. Las autoridades siguen deteniendo y encarcelando a activistas de base que defienden los derechos humanos, y se han intensificado los controles sobre los medios de comunicación e Internet.

Aunque se han producido algunos cambios positivos en materia legislativa y judicial con respecto a la aplicación de la pena de muerte, parece que no ha habido avances en lo relativo a otras penas, como la "reeducación por el trabajo" y otras formas abusivas de detención administrativa.

El presente informe resume algunos de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional con relación a China –preocupaciones sobre áreas cuya reforma la organización continúa destacando como fundamental en el periodo previo a las Olimpíadas–. Estas cuestiones son: el mantenimiento de la pena de muerte y de formas de detención administrativa que constituyen abuso: la detención arbitraria, el encarcelamiento, la tortura y el hostigamiento de los defensores de los derechos humanos, entre los que figuran periodistas y abogados, y la censura de Internet. Amnistía Internacional considera esencial que se lleven a cabo reformas positivas en todas estas áreas si China pretende cumplir con sus promesas de mejorar la situación de los derechos humanos.

Cada uno de los apartados de este documento va acompañado de una serie de recomendaciones, resumidas al final del informe, que Amnistía Internacional estima que constituirían un progreso significativo y concreto en el periodo previo a los Juegos Olímpicos. Estas acciones conforman el componente básico de un programa más amplio de reformas en materia de derechos humanos que la organización propone para China.


Este texto resume el documento titulado República Popular de China: La cuenta atrás hacia las Olimpíadas (Índice AI: ASA 17/046/2006), publicado por Amnistía Internacional el 21de septiembre de 2006. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html


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Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España





[No difundir hasta el 21 de septiembre de 2006]
Público
Amnistía Internacional

República Popular de China

La cuenta atrás hacia las Olimpíadas: El incumplimiento de las promesas relativas a los derechos humanos





República Popular de China
La cuenta atrás hacia las Olimpíadas: El incumplimiento de las promesas relativas a los derechos humanos

Introducción

Sólo faltan dos años para que los Juegos Olímpicos tengan lugar en Pekín, y las autoridades chinas aún no han cumplido con los compromisos relativos a los derechos humanos que contrajeron en abril de 2001, cuando se eligió a Pekín como sede de las Olimpíadas.(2) Siguen recibiéndose informes de graves violaciones de derechos humanos que se cometen en todo el país y alimentan la inestabilidad y el descontento. Las autoridades siguen deteniendo y encarcelando a activistas de base que defienden los derechos humanos, y se han intensificado los controles sobre los medios de comunicación e Internet.

Aunque se han producido algunos cambios positivos en materia legislativa y judicial con respecto a la aplicación de la pena de muerte, parece que no ha habido avances en lo relativo a otras penas, como la "reeducación por el trabajo" y otras formas abusivas de detención administrativa.

El presente informe resume algunos de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional con relación a China –preocupaciones sobre áreas cuya reforma la organización continúa destacando como fundamental en el periodo previo a las Olimpíadas–. Estas cuestiones son: el mantenimiento de la pena de muerte y de formas de detención administrativa que constituyen abuso: la detención arbitraria, el encarcelamiento, la tortura y el hostigamiento de los defensores de los derechos humanos, entre los que figuran periodistas y abogados, y la censura de Internet. Amnistía Internacional considera esencial que se lleven a cabo reformas positivas en todas estas áreas si China pretende cumplir con sus promesas de mejorar la situación de los derechos humanos.

Cada uno de los apartados de este documento va acompañado de una serie de recomendaciones, resumidas al final del informe, que Amnistía Internacional estima que constituirían un progreso significativo y concreto en el periodo previo a los Juegos Olímpicos. Estas acciones conforman el componente básico de un programa más amplio de reformas en materia de derechos humanos que la organización propone para China.
"El mantenimiento de la dignidad humana" y la pena de muerte
    El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana.
    Carta Olímpica, Principios Fundamentales del Olimpismo. (3)

La pena de muerte se sigue aplicando a unos 68 delitos tipificados en el Código Penal chino, entre los que se incluyen varios delitos violentos como el atraco, la violación y el asesinato. Se aplica también en el caso de algunos delitos no violentos como delitos económicos (por ejemplo, fraude fiscal y malversación) y delitos relacionados con drogas, cometidos en circunstancias "graves". La pena de muerte, que viola el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, menoscaba los fundamentos del "mantenimiento de la dignidad humana", que se encuentran en el corazón de la Carta Olímpica. Estos motivos de preocupación se refieren tanto al sistema de pena de muerte en su totalidad como a las condiciones de reclusión de las personas en espera de ser ejecutadas en China.

Se sigue esposando y engrillando a las personas condenadas a muerte en todas las partes de China, incluso en Pekín. El relator especial de la ONU sobre la tortura, durante su visita a China de noviembre de 2005, se reunió con personas condenadas a muerte recluidas en el centro de detención municipal de Pekín mientras esperaban el resultado de una apelación. El relator especial observó que "llevaban esposas y grillos con perno de un peso aproximado de tres kilogramos, las 24 horas del día y en todas las circunstancias (incluso durante las comidas y visitas al retrete, etc.)". (4) Según informes, los funcionarios penitenciarios defendieron esta práctica, diciendo que era necesaria para su propia seguridad y para la de otras personas, a fin de impedirles fugarse o suicidarse. El relator especial observó que "la sujeción continua de presos condenados a muerte con esposas y grillos supone la imposición de un castigo adicional injustificado, que produce graves sufrimientos y que constituye tortura", y recomendó que se eliminara dicha práctica.

Se ejecuta a los condenados a muerte disparando contra ellos, habitualmente en la nuca y, con frecuencia creciente, por inyección letal. Desde 1996, año en que se introdujo la inyección letal junto con reformas de la Ley de Procedimiento Penal, se han fabricado decenas de camionetas itinerantes de ejecución que se han movilizado con ese propósito. No es clara la relación exacta entre el número de ejecuciones por disparo y el de ejecuciones por inyección letal, pero algunos juristas chinos calculan que la ejecución por inyección letal podría representar el 40 por ciento de todas las ejecuciones. (5) Según informes, las sustancias químicas que se utilizan en la inyección letal (tiopental sódico, que provoca la inconsciencia; bromuro de pancuronio para detener la respiración, y cloruro de potasio, que paraliza el corazón) se fabrican solamente en Pekín, y los funcionarios provinciales deben viajar a la capital a cuenta propia para procurárselas.(6)

La utilización de la inyección letal no mitiga la crueldad del castigo, y la implicación de profesionales médicos en las ejecuciones no está permitida por la ética médica internacional. (7) Amnistía Internacional también teme que el uso de la inyección letal pueda facilitar la extracción de órganos de los presos ejecutados. Según informes, en una conferencia internacional sobre transplantes de hígado celebrada en julio de 2005, Huang Jiefu, viceministro de Salud, reconoció que la mayoría de los órganos que se utilizan para transplantes en China provienen de presos ejecutados. (8) En marzo de 2006, especialistas chinos en transplante de órganos estimaron que actualmente casi el 99 por ciento de los órganos transplantados podrían tener este origen. (9) Los sitios web chinos de transplante de órganos, dirigidos a clientes extranjeros, también parecen reflejar éstas prácticas. Por ejemplo, el sitio web Bek-Transplant.com, que tiene su sede en Pekín, en su sección de preguntas frecuentes admite abiertamente que los órganos que utiliza provienen de "personas que han sido ejecutadas en China". (10)

Algunos cirujanos chinos especializados en transplante de órganos no parecen tener la conciencia tranquila con respecto a su implicación en la extracción de órganos de personas condenadas a muerte. Según una noticia que apareció en los medios de comunicación en abril de 2006, un cirujano chino cuyo nombre no se hizo público declaró:
    Cuando el tribunal lo autoriza, los médicos pueden acudir al campo de ejecución, aguardar en una camioneta esterilizada y tomar el órgano inmediatamente después de la ejecución. Esta experiencia constituye una fuerte conmoción moral y mental para muchos cirujanos, debido a que los presos por lo común no mueren inmediatamente después de que se haya disparado contra ellos. Los cirujanos, sin embargo, deben actuar rápidamente para extraer los órganos, debido a la necesidad de que éstos se mantengan frescos.
    Hasta cierto punto, los médicos forman parte de la ejecución. Esto es demasiado para muchos médicos jóvenes, que no lo pueden aceptar [...] pero si uno quiere llevar a cabo los transplantes, debe hacer frente a la realidad. (11)
El transplante de órganos se ha convertido en un negocio sumamente rentable, en especial desde que se comercializó el cuidado de la salud en China. Es motivo de honda preocupación el hecho de que la posibilidad de obtener ganancias de estas transacciones, combinado con la corrupción, al parecer generalizada en el seno de la policía, los tribunales y los hospitales, pueda dar lugar a prácticas abusivas. Esta actividad también puede convertirse en un incentivo económico para retener la pena de muerte.

El 28 de marzo de 2006, el ministro de Salud chino publicó un nuevo reglamento relativo a los transplantes de órganos, que entró en vigor el 1 de julio de 2006. (12) Se prohíbe en él la compraventa de órganos y se subraya que los órganos sólo pueden extraerse con el consentimiento escrito del donante. Sin embargo, personas expertas en medicina han criticado este reglamento debido a que no aborda la esencia del problema. Por ejemplo, el profesor Chen Zhonghua, especialista en transplantes de órganos que, según informes, ayudó a redactar el reglamento, ha declarado que éste sólo ofrece directrices con relación a los transplantes de órganos de donantes vivos, y no aborda cuestiones fundamentales como el origen de los órganos.(13) Queda por ver hasta qué punto se hará cumplir el nuevo reglamento. Las normas médicas internacionales disponen que los transplantes de órganos sólo pueden llevarse a cabo "de forma voluntaria" y con el consentimiento "libre e informado" del donante. Amnistía Internacional considera que las personas que se enfrentan al trauma y la angustia de la ejecución inminente no están en situación de dar tal consentimiento. Además, el secreto que rodea la aplicación de la pena de muerte en China hace imposible verificar de forma independiente que se haya dado dicho consentimiento.

Esta falta de transparencia con respecto al proceso de ejecución se ve reflejada en el secreto oficial existente en torno al número exacto de personas que son condenadas a muerte y ejecutadas cada año en China. El gobierno chino se niega a publicar estadísticas nacionales completas de las condenas a muerte y ejecuciones. Sobre la base de los informes públicos disponibles, Amnistía Internacional ha estimado que al menos 1.770 personas fueron ejecutadas y 3.900 condenadas a muerte durante 2005, aunque se cree que el número real fue mucho más elevado. En marzo de 2004, el legislador chino Chen Zhonglin estimó esta cantidad en unas 10.000 ejecuciones por año. Este año, Liu Renwen, importante abolicionista chino y profesor de derecho penal, ha estimado, sobre la base de información que obtuvo de funcionarios y jueces locales, que se ejecuta a unas 8.000 personas por año. (14)

Ninguna persona condenada a muerte en China es sometida a un juicio justo con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos. Entre las deficiencias que caracterizan a los juicios figuran: falta de acceso pronto a asistencia letrada, ausencia de la presunción de inocencia, injerencia política en la actuación del poder judicial y admisión de pruebas obtenidas mediante tortura. En diversos casos citados recientemente en la prensa china se ha puesto de manifiesto que se ejecutó a personas inocentes debido al uso generalizado de la tortura por parte de la policía con el fin de arrancar confesiones:

· Nie Shubin, joven campesino del norte de China, ejecutado en 1955 por la violación y el asesinato de una mujer de la zona. Según informes, lo habían torturado mientras estaba bajo custodia policial. A comienzos de 2005, según informes, un sospechoso detenido en relación con otro caso confesó haber cometido ese delito y, al parecer, describió la escena en detalle. Más tarde, las autoridades judiciales admitieron su error, lo cual motivó a la familia de Nie Shubin para pedir indemnización oficial.
· She Xianglin y Teng Xingshan fueron declarados culpables del asesinato de sus esposas en sendas causas vistas en 1994 y 1987 respectivamente. A ambos los condenaron a muerte pese a que se habían declarado inocentes y denunciado haber confesado debido a que los habían golpeado duramente durante el interrogatorio. En ambos casos, las presuntas víctimas de asesinato reaparecieron varios años después: en abril y junio de 2005, respectivamente. La pena de She Xianglin había sido conmutada por 15 años de prisión tras un nuevo juicio. Quedó en libertad el 1 de abril de 2005, cuando llevaba 11 años en la cárcel, y fue oficialmente absuelto de todo cargo durante el mismo mes. En octubre de 2005 les concedieron a él y su familia una indemnización de 450.000 yuanes (aproximadamente 55.000 dólares estadounidenses). A Teng Xingshan, en cambio, lo habían ejecutado en 1989.

Al parecer, la preocupación pública generada por este tipo de casos ha intensificado la adopción de medidas favorables a la reforma del sistema de pena de muerte, en especial los intentos de mejorar la calidad de los juicios por delitos punibles con la muerte. En octubre de 2005, el Tribunal Supremo Popular anunció formalmente que con la mayor brevedad volvería a asumir su función de revisión de todas las condenas a muerte impuestas en China, la cual había delegado anteriormente en tribunales inferiores en la mayor parte de los casos. En China, las personas partidarias de la reforma legal han calculado que esta medida reducirá el número de ejecuciones de un 20 a un 30 por ciento.(15) Amnistía Internacional espera que esta reforma redunde en juicios de mayor calidad y en una reducción significativa del número de personas condenadas a muerte y ejecutadas.

Sin embargo, el hecho de que las autoridades no publiquen estadísticas completas continuará dificultando el seguimiento y el análisis en esta materia. Amnistía Internacional también señala que garantizar que el Tribunal Supremo Popular revise los juicios por delitos punibles con la muerte no significa necesariamente que dichos juicios se lleven a cabo de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. (16) La reforma también podría tener el efecto perjudicial de consolidar aún más el sistema de pena de muerte en China.

De acuerdo con un informe de la agencia oficial de noticias china, Xinhua, en abril de 2006 Chen Guangzhong, asesor del Tribunal Supremo Popular, declaró que se habían creado tres nuevos tribunales penales dependientes del Tribunal Supremo Popular, con el propósito de revisar ciertos casos de aplicación de la pena capital por tribunales provinciales. Sin embargo, el asesor añadió que los jueces aún no tenían formalmente derecho a revisar estos casos y tomar decisiones definitivas sobre ellos y rehusó decir cuándo el Tribunal Supremo Popular recuperaría formalmente esta facultad. (17) El profesor Liu Renwen, especialista en derecho penal de la Academia China de Ciencias Sociales de Pekín, había advertido con anterioridad que los tres nuevos tribunales carecían de personal suficiente para encargarse de todos los casos en que se había impuesto la pena de muerte, y que los tribunales inferiores parecían oponerse a la reforma por temor a perder lo que consideran su poder de controlar la delincuencia.(18)

En junio de 2006 el vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, Xiong Xuanguo, anunció que ya se habían seleccionado 30 jueces de tribunales inferiores para llevar a cabo las revisiones del Tribunal Supremo Popular. Manifestó que ya habían recibido capacitación durante tres meses, pero que necesitarían un periodo de prueba de un año antes de pasar a ejercer su cargo de forma oficial. El vicepresidente agregó que el Tribunal se disponía también a contratar abogados y profesores de derecho "con buenas cualidades políticas y sentido de la responsabilidad" para desempeñarse como jueces de jerarquía superior en la revisión de causas en las que se hubiera impuesto la pena de muerte.(19) Un aviso interno que se envió el mismo mes a los colegios de abogados confirmó que el Tribunal Supremo Popular buscaba 20 "abogados penales destacados" para ejercer como jueces decanos.(20) Otros informes indican que el Tribunal Supremo Popular también ha nombrado a 19 personas que acababan de finalizar sus estudios de postgrado a fin de capacitarlas para llevar a cabo revisiones de causas en las que se haya impuesto la pena de muerte. Actualmente están recibiendo formación en tribunales inferiores de Sichuan, Guangdong, Jiangsu y Shandong y, según informes, ocuparán sus cargos en el Tribunal Supremo Popular a fines de este año.(21)

En los últimos meses, los medios de comunicación oficiales chinos han puesto de relieve una reforma distinta pero relacionada con la anterior. En marzo de 2006, Xiao Yang, presidente del Tribunal Supremo Popular, anunció que desde el 1 de julio de 2006 todos los juicios de segunda instancia con condena de muerte (es decir, las apelaciones contra condenas de muerte) serían públicos. Según otro funcionario, anónimo, del Tribunal Supremo Popular, esta medida conduciría a "mejorar la protección de los derechos humanos" y serviría como una "garantía procesal para prevenir un juicio erróneo en las causas por delitos punibles con la pena de muerte".(22) En el pasado, las apelaciones contra las condenas de muerte resultaban meras revisiones de documentos vinculados con el caso en las que los acusados o sus abogados no tenían oportunidad de comparecer nuevamente ante el tribunal.(23)

Antes de tomarse esta decisión, las vistas de apelación públicas ya eran una práctica habitual en algunos lugares de China, como Pekín, Shanghai, Tianjin, Hainan y Qinghai. El efecto de esta decisión, en consecuencia, parece haber sido el de normalizar esta práctica en todo el país. La información publicada por los medios de comunicación chinos indica que en otras provincias y regiones, entre las que se cuentan Zhejiang, Mongolia Interior y Heilongjiang, se da ya vista pública a las apelaciones contra condenas de muerte.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta reforma y otras medidas que tienden a mejorar la calidad de los juicios de las personas que hacen frente a la pena de muerte en China, con la esperanza de que conduzcan a que haya menos ejecuciones y menos errores judiciales. A este fin, la organización insta a las autoridades a restituir al Tribunal Supremo Popular la facultad de revisar todas las condenas de muerte lo antes posible. Sin embargo, estas medidas deben acompañarse de transparencia total en las estadísticas nacionales de condenas de muerte y ejecuciones (incluso en las de años anteriores), a fin de determinar si las reformas conducen a una reducción de las ejecuciones como se esperaba.

Amnistía Internacional insta también a las autoridades chinas a tomar más medidas con miras a la abolición de la pena de muerte por medio de la reducción del número de delitos punibles con ella en el Código Penal. A este respecto, Amnistía Internacional acoge complacida la moción presentada por Jiang Bixin, presidente del Tribunal Popular Superior de Hunan, a la Asamblea Nacional Popular de China en marzo de 2006 solicitando que elimine gradualmente la pena de muerte para delitos económicos como la malversación o la aceptación de sobornos.(24) Se ignora cuál ha sido exactamente la reacción oficial de la Asamblea Nacional Popular ante esta propuesta, pero, según informes, al preguntarle sobre este asunto, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Xiao Yang, respondió:
      La propuesta no se adecua a la situación actual de China; no es posible abolir la pena de muerte. No existen disposiciones pertinentes en la actual legislación china para abolir la pena de muerte. El Código Penal de China estipula con claridad que la pena de muerte debe retenerse, aunque debemos aplicarla con cuidado, salvaguardando los derechos humanos. (25)

En el presente contexto, Amnistía Internacional señala que en revisiones anteriores del Código Penal se eliminó la pena de muerte como castigo para determinados tipos de delitos económicos, aunque la tendencia reciente ha sido la de aumentar su ámbito de aplicación. Las afirmaciones anteriores contradicen las garantías que han dado las autoridades chinas en foros internacionales, incluso a gobiernos que han entablado diálogos sobre los derechos humanos con China, de que su objetivo final es la abolición de la pena de muerte.

Amnistía Internacional sigue instando a las autoridades chinas a que, de acuerdo con el compromiso oficial de mejorar la situación de los derechos humanos en el periodo previo a los Juegos Olímpicos, tomen medidas concretas e inmediatas con miras a abolir la pena de muerte antes de agosto de 2008. Dado que no existen pruebas de que la pena de muerte tenga mayor efecto disuasivo que otros castigos, la organización insta también a las autoridades a iniciar una campaña de educación pública sobre la realidad de la pena de muerte en China y a centrar sus esfuerzos en el desarrollo de políticas destinadas a lograr un control efectivo de la delincuencia en el ámbito local.


El uso de la "reeducación por el trabajo" para salvaguardar la seguridad de los Juegos Olímpicos
      Al acercarse los Juegos Olímpicos, un deber político importante es el de proporcionar un entorno ciudadano seguro, limpio y ordenado que garantice que las Olimpíadas se lleven a cabo con normalidad [...] Sin embargo, lo que ha conmocionado a muchos especialistas en derecho es el hecho de que la "reeducación por el trabajo" se utilice como un instrumento importante en los esfuerzos de limpieza y que se amplíe su ámbito de aplicación. Lü Minghe, escritor y periodista chino.(26)
      La combinación de la privación de libertad como sanción por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, reunión y religión con las medidas de reeducación en las que se recurre a la coacción, la humillación y el castigo para hacer que los detenidos admitan la culpabilidad y alterar su personalidad hasta el punto de doblegar su voluntad, constituye una forma de trato o castigo inhumano o degradante que es incompatible con los valores fundamentales de toda sociedad democrática basada en una cultura respetuosa de los derechos humanos, Relator especial de la ONU sobre la tortura.(27)
La utilización de la "reeducación por el trabajo" está aún muy extendida en China, pese a los repetidos llamamientos hechos dentro y fuera del país para pedir su abolición. Amnistía Internacional ve con preocupación que los próximos Juegos Olímpicos puedan resultar un incentivo para que las autoridades retengan este sistema con el pretexto de mantener el orden público en Pekín.

Se cree que cientos de miles de personas se hallan recluidas en centros de "reeducación por el trabajo" en todo el país, como castigo por delitos denominados menores, que no se consideran de entidad suficiente para ser castigados en aplicación del Código Penal. La policía impone periodos de "reeducación por el trabajo" de entre uno y tres años (prorrogables un año más) sin acusación, juicio ni revisión judicial. Ciudadanas y ciudadanos chinos partidarios de la reforma legal han señalado que estos periodos son mucho más extensos que las penas mínimas que se aplican en virtud de la legislación penal formal y han expresado su profunda preocupación respecto a las facultades incontroladas de la Policía para imponer tales castigos. Es también motivo de preocupación para Amnistía Internacional que las personas recluidas en centros de "reeducación por el trabajo" corran gran riesgo de sufrir tortura y malos tratos, en especial si rehúsan reconocer su comportamiento "delictivo", retractarse de sus convicciones o resistirse a la "reforma".
En un caso reciente, el 19 de junio de 2006, Bu Dongwei (conocido también como David Bu), seguidor del Falun Gong, fue condenado a dos años y medio de "recuperación por el trabajo" en Pekín por "resistirse a la aplicación de la legislación nacional y alterar el orden social". La policía había descubierto material publicitario del Falun Gong en su casa. Según informes, las autoridades se han negado a revelar a su familia el lugar donde está detenido. Bu Dongwei trabajaba para la organización estadounidense de ayuda Asia Foundation cuando la policía se lo llevó de su casa, en el distrito de Haidan, el 19 de mayo de 2006. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia y pide que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional.(28)

Los intentos de las autoridades de sustituir la ley de "reeducación por el trabajo" por una nueva conocida como "Ley de Corrección de Comportamientos Ilegales" se han estancado. Según informes, la nueva legislación ha quedado en la fase de redacción en el comité legislativo de la Asamblea Nacional Popular, y no se ha publicado ningún anteproyecto. En mayo de 2006, Amnistía Internacional publicó un memorando dirigido a las autoridades chinas en el que se analiza la esencia de la nueva legislación y se la evalúa contrastándola con las normas internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que China ha firmado y ha declarado su intención de ratificar en breve.(29) La organización llega a la conclusión de que, pese a que contiene algunas mejoras si se la compara con la ley de "reeducación por el trabajo", aún está muy lejos de ajustarse a las normas internacionales en varios aspectos fundamentales, en especial por no transferir a un tribunal u otra autoridad judicial independiente la facultad de imponer castigos de que actualmente disfruta la policía. Amnistía Internacional recomienda en el memorando que las autoridades abandonen sus intentos de sancionar una nueva ley y que, en su lugar, incluyan todos los delitos punibles con privación de libertad en el Código Penal.

No ha habido indicios de que se haya dado ningún paso en relación con la reforma o la abolición del sistema de "reeducación por el trabajo" en los últimos meses. El crecimiento del movimiento espiritual Falun Gong en China y las detenciones en masa de sus seguidores, que siguieron a su prohibición en 1999, se han mencionado a menudo como la razón fundamental por la cual los intentos anteriores de revisar el sistema llegaron a un punto muerto. Los acontecimientos recientes indican también que la necesidad que se ha detectado de mejorar el medio ambiente de Pekín a tiempo para las Olimpíadas podría estar entorpeciendo los esfuerzos en favor de la reforma.

El 8 de mayo de 2006 las autoridades municipales de Pekín decidieron que el sistema de "reeducación por el trabajo" se utilizaría como una forma de control de diversos tipos de "comportamiento delictivo" para limpiar la imagen de la ciudad en el periodo previo a las Olimpíadas. Este control incluiría los casos graves de "distribución de folletos o publicidad ilegales, taxis sin licencia, comercios sin licencia, vagancia y mendicidad".(30) Se considera "grave", al parecer, la comisión de estos actos más de dos veces. Según observadores chinos, ésta es la primera vez desde mediados de 2003 que las autoridades recurren específicamente al uso de "medidas controvertidas" como la "reeducación por el trabajo" en el ámbito local a fin de abordar cuestiones de orden público en las ciudades.(31)

En agosto de 2003 fue abolida una forma abusiva de detención administrativa, la denominada "custodia y repatriación" (shourong qiansong), tras una protesta pública por el brutal asesinato de un trabajador migrante, Sun Zhigang, bajo custodia policial en Guangzhou. Este sistema se usaba especialmente contra vagabundos y otras personas sin domicilio fijo en las ciudades. Amnistía Internacional acogió con satisfacción esta reforma, ya que, del mismo modo que la "reeducación por el trabajo", la "custodia y repatriación" podía ser impuesta al antojo de la policía, sin remitir el caso a ningún tribunal, y frecuentemente se recibían informes de tortura y malos tratos infligidos en los centros donde se cumplía la pena. La organización ve con profunda preocupación los aparentes intentos de las autoridades de Pekín de utilizar la "reeducación por el trabajo" como sustituto de la "custodia y repatriación" con el pretexto de limpiar la ciudad para los Juegos Olímpicos de 2008.

Amnistía Internacional también alberga motivos de preocupación sobre el mantenimiento de otras dos formas de detención administrativa punitiva que impone la policía en China: la "custodia y educación" (shourong jiaoyu), utilizada para castigar a presuntas prostitutas y a sus clientes con penas de seis meses a dos años de detención administrativa, y la "rehabilitación forzosa por drogas" (qiangzhi jiedu), que permite a la policía imponer penas de tres a seis meses de detención a presuntos drogadictos.

La organización insta a las autoridades a que, de acuerdo con las promesas sobre derechos humanos hechas por China en el periodo previo a las Olimpíadas y con su intención declarada de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, procedan a abolir sin más dilación todas las formas de detención administrativa punitiva impuesta sin cargos, juicio ni revisión judicial.


Detención arbitraria, tortura y hostigamiento de defensores y defensoras de derechos humanos

En China, las personas que defienden los derechos humanos siguen haciendo frente a obstáculos graves en sus intentos de llamar la atención sobre los abusos que se están cometiendo, algunos de los cuales están vinculados directamente con los Juegos Olímpicos y la ciudad que los albergará, Pekín. Las autoridades no han tomado medidas para reformar o abolir disposiciones del Código Penal que se utilizan frecuentemente para detener y encarcelar a los defensores de los derechos humanos y a otras personas, violando su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.(32)
Los activistas de base que defienden los derechos humanos, entre los que figuran abogados defensores y asesores jurídicos, así como periodistas y otras personas que informan de violaciones de derechos humanos, cumplen una función esencial en China, como en todos los países, llamando la atención sobre los abusos que se cometen y obteniendo resarcimiento para las víctimas. Los intentos de impedir u obstaculizar sus actividades pacíficas son contrarios a la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos(33) y a las promesas de mejorar la situación de los derechos humanos hechas por las autoridades chinas como consecuencia de la elección de Pekín como sede de las Olimpíadas.

Continúan recibiéndose informes sobre presuntos desalojos forzosos en Pekín. Por ejemplo, en julio de 2006 se informó de que unas familias se negaban a abandonar un edificio situado junto al nuevo emplazamiento de la Televisión Central China (que transmitirá los Juegos Olímpicos en 2008), alegando que las ofertas de indemnización que les hacían las autoridades locales no eran adecuadas. Según informes, los carteles de protesta pegados en las paredes del edificio decían: "no engañen ni intimiden a la gente", "derechos humanos" y "demolición ilegal".(34) Los residentes del barrio histórico de Qianmen de Pekín también se han quejado de la reducida indemnización que les ofrecieron por sus casas, las cuales figuraban en los planes de demolición y reconstrucción. Según informes, uno de ellos (cuyo nombre no se hizo público) manifestó: "Las Olimpíadas son buenas para China; demuestran que tenemos habilidad, fuerza y riqueza para celebrar un acontecimiento internacional semejante. Pero no deben usarse como excusa para hacer daño a los ciudadanos corrientes, para echar a las personas de sus casas".(35) Otro residente, de apellido Yu, agregó: "Las Olimpíadas han dado un gran golpe a los ciudadanos corrientes; han desbaratado nuestras vidas. Esto es lo que sentimos, pero no podemos decirlo en voz alta".(36)

Amnistía Internacional ya había manifestado su honda preocupación con respecto al encarcelamiento de Ye Guozhu cuando éste solicitó permiso para organizar una manifestación en Pekín junto con otras presuntas víctimas de desalojos forzosos a causa de trabajos de construcción preparatorios de los Juegos Olímpicos.(37) El 18 de diciembre de 2004, el Tribunal Municipal Intermedio núm. 2 de Pekín condenó a Ye Guozhu a cuatro años de prisión por "buscar peleas y causar desorden"; a la fecha, Ye Guozhu sigue preso, cumpliendo su condena en la cárcel de Chaobai. Amnistía Internacional considera que Ye Guozhu es preso de conciencia, detenido únicamente por ejercer su derecho de libre expresión, asociación y reunión, y continua exhortando a las autoridades chinas a ponerlo en libertad de forma inmediata e incondicional.

Recientemente se ha sabido que Ye Guozhu fue torturado bajo custodia. Según informes fiables recibidos por Amnistía Internacional, la policía lo suspendió del techo por los brazos y lo golpeó repetidamente, provocándole fuertes dolores de espalda, mientras estaba en el centro de detención del distrito de Dongcheng, Pekín, antes de ser transferido a la cárcel. Según los informes, también lo torturaron mientras estuvo recluido en otra cárcel, la de Qingyuan, durante cuatro meses en la segunda mitad de 2005, al parecer por negarse a admitir su "culpabilidad". Estas sesiones de tortura incluyeron propinarle golpes con porras eléctricas, obligarlo a sentarse erguido todo el día en una silla dura durante períodos prolongados y ponerle esposas y grillos que le causaron inflamación alrededor de los tobillos. El trato parece haber mejorado en la cárcel de Chaobai, pero Ye Guozhuo sufre de dolencias anteriores, entre ellas hipertensión arterial, problemas cardíacos y trombosis cerebral. Según informes, también sufre de dolores de espalda y tobillos a causa de la tortura y malos tratos recibidos. Las autoridades penitenciarias, de acuerdo con los informes, sólo le proporcionan medicamentos básicos para la hipertensión arterial, pero no tratan sus demás dolencias y lesiones.

Otros activistas también han sido sometidos a desalojos forzosos a causa de las construcciones relacionadas con las Olimpíadas en Pekín. Qi Zhiyong, a quien debieron amputar una pierna tras ser alcanzado por disparos de las fuerzas de seguridad durante la represión de Tiananmen de 1989, había abierto una pequeña tienda en Pekín para tratar de ganarse la vida, cuando, debido a su discapacidad, lo obligaron a renunciar a su puesto en la compañía en que trabajaba. Pese a su discapacidad, lo han obligado a cambiar de lugar la tienda varias veces a causa de trabajos de construcción al parecer relacionados con las Olimpíadas. Este año las autoridades revocaron su permiso de actividad comercial y lo detuvieron durante 51 días, tras participar en una "huelga de hambre" organizada en febrero de 2006 a fin de llamar la atención sobre las palizas que habían recibido otros activistas chinos y sus abogados defensores. A su esposa también la despidieron de su trabajo, al parecer a causa del activismo de Qi. Con una hija de ocho años que mantener y teniendo que hacer frente a gastos médicos elevados a fin de tratar los efectos residuales de su lesión, a Qi Zhiyong y a su esposa les resulta difícil hacer que el dinero alcance.(38)

A las personas que buscan justicia para las víctimas de presuntos desalojos forzosos en otras ciudades también las han detenido y hostigado. Al abogado defensor Zheng Enchong, conocido por defender a las personas expulsadas de sus casas a causa de trabajos de construcción en Shanghai, siguen sometiéndolo a hostigamiento e intimidación, incluso después de su excarcelación, que tuvo lugar el 5 de junio de 2006.(39) La policía lo había detenido en cuatro ocasiones distintas en junio y julio, por cuestiones relacionadas con su trabajo como abogado, incluso a causa de información relativa a presuntos desalojos forzosos que descubrieron en su ordenador. Según informes, la policía local y otros funcionarios le han advertido de que su seguridad puede estar en peligro si continúa trabajando en esas cuestiones. También han apercibido a su familia de que no hable con los medios de comunicación acerca de su situación.(40)

Algunos abogados defensores de otras partes de China también han sufrido violaciones graves de derechos humanos en los últimos meses. Al activista de derechos humanos y asesor legal ciego Chen Guangcheng lo juzgaron el 18 de agosto de 2006 por "dañar la propiedad pública y reunir gente para obstaculizar el tráfico". Según informes, durante el juicio la policía bloqueó una zona de 300 metros alrededor de la sede del tribunal, impidiendo que los simpatizantes de Chen Guangcheng se acercaran. Sólo permitieron que tres de sus hermanos asistieran al juicio, mientras que a su esposa, Yuan Weijing, le impidieron la asistencia 10 agentes de policía que custodiaban su casa. El juicio terminó ese mismo día, y la sentencia fue anunciada el 24 de agosto de 2006: lo declararon culpable y lo condenaron a cuatro años y tres meses de prisión. Sus abogados (que se han nombrado a sí mismos) se han comprometido a apelar contra la sentencia.

El juicio de Chen Guangcheng tuvo lugar tras varios meses de detención arbitraria, a partir de septiembre de 2005, durante los cuales estuvo recluido en su casa de la ciudad de Linyi, provincia de Shandong, y fue sometido a palizas frecuentes por la policía local. Antes de su detención había ayudado a los habitantes de Linyi en una demanda contra las autoridades locales, que habían llevado a cabo una campaña de esterilización forzosa y abortos para cumplir con el cupo de nacimientos que, según informes, había afectado a miles de mujeres del lugar. Los familiares de Chen Guangcheng y sus abogados defensores también han sido sometidos a palizas, hostigamiento e intimidación.

Amnistía Internacional considera que los cargos presentados contra Chen Guangcheng constituyeron un intento de impedirle continuar con sus actividades pacíficas y legítimas –entre las que se contaba la demanda contra las autoridades locales– como defensor de los derechos humanos, por razones políticas. La organización considera que es preso de conciencia y pide su excarcelación inmediata e incondicional.(41)

Con respecto a cuestiones más generales, preocupa a Amnistía Internacional que en una reciente "opinión orientativa para abogados que se encarguen de causas colectivas", anunciada por el Colegio de Abogados de China , asociación oficial, en mayo de 2006, se hagan más estrictos los controles sobre los abogados que representan a grupos de víctimas en demandas contra funcionarios locales y otras personas por diversas injusticias, entre las que se cuentan: presunta expropiación de tierras, desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos.(42) La opinión dispone que los letrados deben presentarse ante el Colegio de Abogados para obtener "apoyo, supervisión y orientación" (zhichi, zhidao he jiandu) no bien acepten una "causa colectiva". Asimismo, les advierte de que no alienten la presentación de peticiones colectivas ante oficinas administrativas ni participen en ellas, y aconseja un "enfoque cauteloso" (shenzhong duidai) en los contactos con organizaciones extranjeras y con los medios de comunicación.

Esta resolución se hace pública tras el anuncio oficial, realizado este año por el Ministerio de Seguridad Pública, de que en 2005 se produjeron 87.000 protestas, manifestaciones y otros "disturbios del orden público", contra 74.000 en 2004.(43) Aunque la opinión reconoce oficialmente el papel que desempeñan los abogados ayudando a resolver conflictos, Amnistía Internacional teme que en la práctica tenga el efecto de erosionar la capacidad de los abogados de obrar con independencia. Es probable que esta resolución disuada a los abogados o los bufetes de representar a víctimas de violaciones de derechos humanos en el ámbito local, o entorpezca su capacidad de ayudar a las víctimas a hacer una defensa eficaz.

Esta resolución también parece estar reñida con otras gestiones recientes del Colegio de Abogados de China tendentes a lograr que se dé a los abogados derechos de representación más amplios, como tener garantizado el acceso con prontitud y sin trabas a sus clientes detenidos por la policía. En julio de 2006 el Colegio de Abogados presentó al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular una propuesta de reforma de la Ley de Procedimiento Penal en este sentido.(44) Actualmente, en aplicación de la Ley de Procedimiento Penal, el acceso a un abogado durante la etapa de investigación de la detención preventiva no es un derecho garantizado a todos los sospechosos, sino que se deja por completo a la discreción de las autoridades encargadas de la investigación.(45) En la práctica, muy pocos detenidos tienen asistencia letrada durante la etapa de investigación de la detención, por lo que resultan muy vulnerables a la tortura o los malos tratos. Según el destacado abogado Mo Shaoping, que ha defendido a numerosos disidentes y activistas de derechos humanos, sólo el 30 por ciento de los presuntos delincuentes está representado por un abogado, porcentaje que desciende al 10 por ciento en algunas partes de China.(46) Según informes, la revisión de la Ley de Procedimiento Penal figura en el programa legislativo de la Asamblea Nacional Popular, pero su avance ha sido lento y no se conocen con claridad los cambios exactos que se propondrán oficialmente.

Amnistía Internacional insta a las autoridades a tomar medidas concretas para asegurar que los abogados tengan acceso pronto y periódico a sus clientes detenidos de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, con inclusión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las autoridades deben también revisar y reformar todas las leyes, reglamentos y políticas que impidan que los abogados defensores representen a sus clientes con eficacia.
¿Libertad total para los medios de comunicación?
      Daremos a los medios de comunicación completa libertad de información cuando vengan a China [...] Confiamos en que la realización de los Juegos Olímpicos en China no sólo favorezca nuestra economía, sino también todas las condiciones sociales, incluidos la educación, la salud y los derechos humanos. Wang Wei, secretario general del Comité para la Candidatura de los Juegos Olímpicos "Pekín 2008", China Daily, 13 de julio de 2001.
      La clausura de [el sitio web] Century China es sólo otro ejemplo de la supresión de la libertad del pueblo a manos del gobierno chino. Por consiguiente, debemos organizar una protesta concentrada e inflexible contra el abuso de poder que hace el gobierno. Carta de llamamiento de cien intelectuales por la clausura de Century China, publicada el 2 de agosto de 2006. (47)

El 7 de agosto de 2006, el Comité Olímpico Internacional celebró los "dos años que faltan" para las Olimpíadas de Pekín con el anuncio de la nueva imagen de su sitio web (www.olympic.org), concebida con el fin de "proporcionar a los entusiastas de las Olimpíadas mejor acceso a su información favorita".(48) No hay duda que este sitio web será accesible en China. Sin embargo, los sitios web de cientos de otras organizaciones internacionales, entre ellos los de organizaciones que defienden los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Derechos Humanos en China, continúan bloqueados por las autoridades chinas.

La represión contra periodistas, periódicos y sitios web en China continuó el año pasado, suscitando serias dudas al respecto del cumplimiento del compromiso de garantizar "completa libertad a los medios de comunicación" durante los Juegos Olímpicos de Pekín. El Club de Corresponsales Extranjeros de China se hizo eco de estas preocupaciones en una encuesta que publicó el 7 de agosto de 2006, en la que se señaló que la policía había detenido a corresponsales extranjeros en al menos 38 ocasiones en los últimos dos años, a la mayor parte de ellos mientras cubrían acontecimientos relacionados con cuestiones sociales, como protestas sobre el medio ambiente, litigios sobre tierras y la suerte de las víctimas de VIH/sida.(49)

En una declaración reciente, el vicepresidente ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Jiang Xiaoyu, pareció reconocer que algunos cambios podrían ser necesarios: "Si nuestros reglamentos y prácticas existentes están reñidos con las normas olímpicas y con nuestras promesas, haremos cambios para ajustarnos a las exigencias del Comité Olímpico Internacional y al reglamento de los Juegos". Añadió, sin embargo, que "todos los periodistas deberán acatar las leyes chinas".(50) Dos días después, Liu Qi, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, anunció que el próximo año China publicará un reglamento que facilitará la tarea de informar sobre las Olimpíadas a los medios de comunicación extranjeros.(51)

Como se señala supra, muchos aspectos de la legislación y las políticas chinas están reñidos con las normas internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión. Siguen utilizándose cargos muy generales e imprecisamente definidos como "secreto de Estado" y "subversión" para detener arbitrariamente y procesar a periodistas, jefes de redacción y usuarios de Internet. Mientras que a los periodistas extranjeros se los detiene por lo general durante periodos breves y pueden ser expulsados, los periodistas y autores chinos a menudo hacen frente a un trato mucho más duro por informar sobre cuestiones que las autoridades consideran delicadas. Por ejemplo:

· Huang Jinqiu (seudónimo: Qing Shuijun), escritor y periodista, sigue cumpliendo su condena de 12 años de cárcel por "subversión" en la cárcel de Pukou, cerca de la ciudad de Nanjing, provincia de Jiangsu. Lo detuvieron en septiembre de 2003 y lo condenaron un año después en relación con unos ensayos políticos que había colgado de Internet, que incluían planes para el establecimiento de una formación política llamada Partido de la Democracia Patriótica China. Su condena fue confirmada tras una apelación. Según informes, le propinaron palizas y lo privaron del sueño en la cárcel a fines de 2004, al parecer cuando trató de emprender más acciones legales contra su condena.
    · El periodista Shi Tao sigue cumpliendo una condena de 10 años de prisión por haber enviado un mensaje de correo electrónico en el que resumía un comunicado del Departamento Central de Propaganda chino con instrucciones acerca de cómo debían los periodistas tratar la cuestión del 15º aniversario de la represión del movimiento en favor de la democracia de 1989. Lo detuvieron el 24 de noviembre de 2004 en su casa, en Taiyuan, provincia de Shanxi, y después lo acusaron de "divulgar ilegalmente secretos de Estado en el extranjero". El Tribunal Popular Intermedio de Changsha, provincia de Hunan, lo condenó en abril de 2005 y su apelación fue rechazada en junio de 2005. Está recluido en la cárcel de Chishan, en la ciudad de Yuanjiang, donde, según informes, lo obligan a trabajar en la fabricación de joyas y sufre problemas respiratorios e inflamación de la piel causados por el polvo. Su condena se basó parcialmente en información que la compañía Yahoo! de Internet había proporcionado al gobierno chino (véase infra).
      · Yang Tongyan, (seudónimo: Yang Tianshui), escritor independiente, fue condenado a 12 años de cárcel en mayo de 2006 por "subversión". Lo condenaron sobre la base de sus escritos en apoyo del cambio político y democrático en China. También lo acusaron de recibir dinero del extranjero para distribuirlo entre disidentes presos y sus familias, y de planificar la formación de una sección local del Partido de la Democracia de China, que había sido prohibido. Anteriormente, Yang había cumplido una pena de 10 años de prisión por criticar la represión del movimiento en favor de la democracia de 1989 y, según se afirmó, por tratar de formar un partido político opositor.

      Amnistía Internacional considera que estas tres personas son presos de conciencia, detenidos únicamente por ejercer su derecho humano fundamental a la libertad de expresión y de reunión. Deben ser puestos en libertad de inmediato e incondicionalmente.

      Durante el último año, las autoridades chinas han intensificado su control sobre medios de información como periódicos, revistas y sitios web. Un caso que produjo considerable preocupación dentro y fuera de China fue la clausura temporal, junto con el despido de sus jefes de redacción, de Bingdian ("Punto de Congelación"), popular suplemento del periódico Zhongguo Qingnian Ribao ("Diario de la Juventud China"), por publicar un artículo académico que criticaba la interpretación oficial de ciertos acontecimientos históricos, entre ellos la rebelión de los bóxers de 1900. El suplemento fue clausurado por cinco semanas a partir del 24 de enero de 2006 y volvió a publicarse sólo después del despido del jefe y el jefe adjunto de redacción, Li Datong y Lu Yuegang.

      Li Datong formaba parte de un grupo de 103 estudiosos, escritores y abogados chinos que publicaron a comienzos de agosto de 2006 una carta pidiendo que se pusiera fin a la censura de Internet en China. Esta carta fue impulsada por el cierre oficial del popular sitio web Century China, que acogía ocho foros de intercambio intelectual en línea y atraía la atención de gran número de destacados intelectuales chinos de dentro y fuera de China. En una carta escrita inmediatamente antes de la clausura, el jefe de redacción del sitio web manifestó:
        Desde su creación, nuestro sitio web se ha propuesto construir un mundo cibernético donde reinen la racionalidad y la libertad de palabra. Durante seis años hemos hecho grandes esfuerzos por alcanzar esta meta, porque creemos que un espacio público de tal carácter es beneficioso para el desarrollo de la igualdad, la libertad, la racionalidad y otros factores cruciales para la sociedad moderna, y que podíamos contribuir a la aceleración del progreso académico y del desarrollo cultural de China.(52)
      De acuerdo con los informes, el sitio web se vio obligado a cerrar tras recibir, el 25 de julio de 2006, un apercibimiento de las autoridades en el cual se lo acusaba de "proporcionar noticias de forma ilegal y violar los reglamentos de Internet".(53) Uno de estos reglamentos, promulgado el 25 de septiembre de 2005 por el Consejo de Estado y el Ministerio de la Industria de la Información, está dirigido concretamente a los proveedores de noticias en línea, a los que insta a "servir al socialismo y guiar correctamente a la opinión pública".(54)

      Según informes, Century China no es más que uno de los numerosos sitios web que han sido clausurados en el último año. Entre otras clausuras recientes se encuentran las de China Consultation Net, cerrado en agosto de 2006 tras la realización de una encuesta de opinión pública sobre el sistema electoral del Partido Comunista; Ewiki, considerado el equivalente nacional de la enciclopedia en línea Wikipedia, y los blogs de la escritora tibetana Woeser, al parecer tras la publicación de una fotografía del Dalai Lama en uno de ellos.
      Amnistía Internacional sigue profundamente preocupada con respecto a la implicación de empresas extranjeras de Internet en el régimen de censura de Internet que impera en China. En julio de 2006 la organización publicó un informe que examina el papel desempeñado por Yahoo!, Microsoft y Google en la represión de Internet en China.(55) Las tres empresas han facilitado, de diversas maneras, la práctica de la censura gubernamental en China, o han participado en ella:

      · Microsoft cerró el blog de Zhao Jing, investigador del New York Times con base en Pekín, el 30 de diciembre de 2005, a instancias del gobierno chino. Unas pruebas realizadas muestran que también impide a los usuarios de espacios MSN en China la utilización de ciertas expresiones, como "derechos humanos", "Falun Gong" o "independencia tibetana", en el nombre de su cuenta o en el título de sus blogs.
      · Google anunció en enero de 2006 el lanzamiento de www.google.cn, motor de búsqueda chino autocensurado, como alternativa al motor de búsqueda existente, alojado fuera de China (www.google.com).;(56)
        · Yahoo! ha firmado voluntariamente el "Compromiso Público de Autodisciplina del Sector de Internet en China" del gobierno chino, alineándose así con los esfuerzos oficiales por censurar Internet.(57) Yahoo! también ha facilitado a las autoridades información que ayudó a lograr la condena de al menos cuatro usuarios chinos de Internet por cargos de "secretos de Estado" o "subversión", en violación de su derecho a la libertad de expresión. Uno de ellos, Shi Tao (véase supra), usó su cuenta de correo electrónico Yahoo! para enviar información al extranjero. Yahoo! suministró información sobre el titular de la cuenta a las autoridades, que después fue utilizada como prueba en su causa y le acarreó una pena de diez años de cárcel. Más recientemente, se ha sabido que Yahoo! facilitó a las autoridades información que ayudó a condenar a Li Zhi, en 2003, a ocho años de prisión por "subversión", en relación con unos artículos políticos que había colgado en Internet y sus intentos (en línea) de unirse al prohibido Partido de la Democracia de China.(58)
          Amnistía Internacional ha hecho recomendaciones concretas a Microsoft, Google, Yahoo! y otras empresas de Internet que operan en China para abordar las presentes restricciones a la libertad de expresión y para evitar contribuir a que se produzcan más abusos contra los derechos humanos. Entre ellas se incluyen: expresar públicamente su compromiso de cumplir con las garantías de libertad de expresión enunciadas en la Constitución china y en las normas internacionales de derechos humanos; captar apoyos para la puesta en libertad de las personas encarceladas únicamente por ejercer de forma legítima y pacífica su derecho a la libertad de expresión; actuar con transparencia al respecto del proceso de filtrado en China, haciendo públicas las palabras o frases que censuran y cómo las seleccionan, y agotar todos los recursos y apelaciones judiciales existentes en China y en el ámbito internacional antes de cumplir con directivas estatales que violen los derechos humanos.

          Dada la vinculación directa que existe entre la libertad de los medios de comunicación y la actuación de China como país anfitrión de los Juegos Olímpicos, Amnistía Internacional continuará vigilando el avance del gobierno chino hacia el respeto y la protección del derecho a la libertad de expresión. La organización hará campaña en favor de la libertad de Internet en China, captando apoyos tanto entre las autoridades chinas como entre las empresas que las ayuden en el periodo previo a las Olimpíadas de Pekín de agosto de 2008.






















          Recomendaciones a las autoridades chinas

          Amnistía Internacional insta a las autoridades chinas a que, conforme a los compromisos oficiales de mejorar la situación de los derechos humanos en el periodo previo a las Olimpíadas de agosto de 2008, introduzcan reformas concretas en las siguientes áreas:

          Pena de muerte

          Tomar medidas que reduzcan de forma significativa la utilización de la pena de muerte y que a la vez sean avances en dirección a la abolición completa de la pena de muerte en China. Entre ellas deben contarse las siguientes, a saber:
          .
          · mejorar la calidad de los juicios por delitos que conllevan la pena de muerte y reducir el número de ejecuciones, devolviendo al Tribunal Supremo su función de revisión de todas las penas de muerte impuestas en China;
          · reducir el número de delitos punibles con la muerte en China, por ejemplo eliminando del ámbito de aplicación de la pena de muerte los delitos no violentos, como los delitos económicos y los vinculados con drogas;
          · aumentar la transparencia publicando estadísticas anuales oficiales que revelen el número total de personas condenadas a muerte y ejecutadas en China.
            Juicios justos, tortura y detención administrativa

            Tomar medidas concretas para alinear con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos todas las formas de detención que se utilizan en China, con inclusión de medidas para respetar el derecho a un juicio justo y para prevenir la tortura. Entre ellas deben contarse las siguientes, a saber:

            · Abolir la "reeducación por el trabajo", la "rehabilitación forzosa por drogas" y la "custodia y educación", asegurando que las decisiones sobre detenciones no estén únicamente en manos de la policía en el futuro.
              Protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos

              Garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan desarrollar sus actividades pacíficas con libertad, de acuerdo con la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Entre las reformas deben contarse las siguientes, a saber:

              · garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos de China tengan acceso a organismos internacionales independientes de vigilancia de los derechos humanos y su apoyo;
              · reformar considerablemente o abolir las disposiciones poco precisas del Código Penal que se utilizan a menudo contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, como "poner en peligro la seguridad nacional", "subvertir el poder del Estado" y "filtrar secretos de Estado al extranjero";
              · poner en libertad a todos los periodistas detenidos o presos a causa de sus actividades pacíficas de información e incorporar salvaguardas para asegurar que tanto los periodistas extranjeros como los nacionales pueden cubrir cuestiones de legítimo interés público sin censura;
              · poner fin al hostigamiento, la detención arbitraria, el encarcelamiento y otros abusos contra los activistas pacíficos que piden una investigación oficial de la represión desatada en 1989 contra el movimiento en favor de la democracia, y garantizar que puedan celebrar actos en conmemoración de las víctimas;
              · dejar en libertad a todas las personas detenidas o encarceladas por protestar pacíficamente contra presuntos desalojos forzosos, incluidos los que se han llevado a cabo a causa de proyectos de construcción relacionados con los Juegos Olímpicos, y tomar medidas para impedir que tales activistas sean sometidos de nuevo a detención arbitraria u hostigamiento;
              · tomar medidas para asegurar que los abogados defensores tengan acceso pronto y periódico a sus clientes mientras éstos se encuentren detenidos por la policía y para que no corran riesgo de ser ellos mismos víctimas de abusos contra los derechos humanos por hacerlo.
                Libertad en Internet

                Poner fin a toda censura de Internet en China, que constituye una violación del derecho humano fundamental a la libertad de expresión y de información. Con este propósito deben tomarse las siguientes medidas, a saber:

                · derogar todas las leyes y reglamentos que tengan como fin restringir el flujo libre y legítimo de información en línea;
                · poner en libertad a todas las personas detenidas o encarceladas por expresarse pacíficamente en línea o por descargar información de Internet, con inclusión de los defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas.

                  Recomendaciones al Comité Olímpico Internacional y al movimiento olímpico en general

                  Amnistía Internacional recuerda al Comité Olímpico Internacional su propia expectativa de que la situación de los derechos humanos en China mejorase a causa de haberse elegido a Pekín como sede de los Juegos Olímpicos, y le recuerda asimismo su estímulo a las organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, para que hiciesen el seguimiento de dicho avance.(59) La organización insta al Comité a que, de acuerdo con estos compromisos, ejerza su influencia sobre las autoridades chinas para lograr que las reformas mencionadas supra se lleven a cabo antes de agosto de 2008. En especial, Amnistía Internacional exhorta al Comité y al movimiento olímpico a ejercer presión sobre las autoridades chinas a fin de que procedan a lo siguiente:

                  · poner en libertad a todos los presos de conciencia, incluidas las personas mencionadas en este informe;
                  · acelerar y aunar esfuerzos con miras a abolir la pena de muerte, de acuerdo con las recomendaciones formuladas supra;
                  · abandonar sus intenciones de utilizar la "reeducación por el trabajo" para "limpiar" Pekín en el periodo previo a las Olimpíadas y eliminar tal sistema completamente;
                  · proporcionar a las organizaciones internacionales de derechos humanos acceso sin trabas a China para realizar labores de investigación, de forma que puedan hacer un mejor seguimiento del avance de China en materia de derechos humanos y debatir cuestiones que suscitan preocupación con funcionarios chinos y con defensores y defensoras de los derechos humanos;
                  · aplicar reformas legales para garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos de China, con inclusión de reformas del Código Penal, como se detalló supra;
                  · derogar todas las leyes y reglamentos que restrinjan el flujo libre y legítimo de información en línea.


                  Recomendaciones a las empresas de Internet que han hecho inversiones y tienen intereses en China

                  De acuerdo con las Normas de Derechos Humanos de la ONU para Empresas, Amnistía Internacional insta a Yahoo!, Microsoft, Google y otras empresas de Internet que tienen intereses en China a que aborden las actuales restricciones a la libertad de expresión y eviten contribuir a que se produzcan más abusos contra los derechos humanos. Con este propósito deben tomar las siguientes medidas, a saber:

                  · utilizar su influencia con las autoridades chinas para obtener apoyo a fin de que se ponga en libertad a los detenidos o encarcelados por hacer uso de Internet, como se manifestó supra;
                  · comprometerse públicamente a cumplir con las garantías de libertad de expresión consagradas en la Constitución china y en las normas internacionales de derechos humanos;
                  · garantizar completa transparencia con respecto al proceso de filtrado, en especial haciendo públicas las palabras o frases que se censuran en Internet en China, y el criterio que se usa para seleccionarlas;
                  · agotar todos los recursos y apelaciones judiciales existentes en China y en el ámbito internacional antes de cumplir con directivas estatales que violen los derechos humanos. ********
                  ·
                  · (1) Por ejemplo, en abril de 2001, Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de los Juegos Olímpicos "Pekín 2008", dijo: "permitiendo que los Juegos Olímpicos se celebren en Pekín ustedes contribuirán al desarrollo de los derechos humanos" (http://www.gamesbids.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=5&id=988126264&pf=1); en mayo de 2001 Liu Qi, alcalde de Pekín, prometió que la celebración de los Juegos en la ciudad impulsaría "el progreso social y el desarrollo económico" en China, y mejoraría la situación del país en cuestión de derechos humanos, Agence France Presse, AFP, 14 de julio de 2001. Para más información véase Amnistía Internacional, República Popular de China. Los Juegos Olímpicos: empieza la cuenta atrás ¿Tres años de reformas de derechos humanos?, agosto de 2005 (Índice AI: ASA 17/021/2005).
                  ·
                  · (2) Por ejemplo, en abril de 2001, Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de los Juegos Olímpicos "Pekín 2008", dijo: "permitiendo que los Juegos Olímpicos se celebren en Pekín ustedes contribuirán al desarrollo de los derechos humanos" (http://www.gamesbids.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=5&id=988126264&pf=1); en mayo de 2001 Liu Qi, alcalde de Pekín, prometió que la celebración de los Juegos en la ciudad impulsaría "el progreso social y el desarrollo económico" en China, y mejoraría la situación del país en cuestión de derechos humanos, Agence France Presse, AFP, 14 de julio de 2001. Para más información véase Amnistía Internacional, República Popular de China. Los Juegos Olímpicos: empieza la cuenta atrás ¿Tres años de reformas de derechos humanos?, agosto de 2005 (Índice AI: ASA 17/021/2005).
                  ·
                  · (3) Disponible en: http://www.coe.es/WEB/COEHOME.nsf/b8c1dabf8b650783c1256d560051ba4f/48781E452FD3070CC1256E23005A4454/$FILE/_a8dgn4t31bt7mp8bde1km6o9ee1i6c_
                  ·
                  · (4) Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Novak. Misión a China, 10 de marzo de 2006, Doc. ONU E/CN.4/2006/6/Add. 6. Traducción de Amnistía Internacional..
                  ·
                  · (5) Véase: "China makes ultimate punishment mobile", USA Today, 14 de junio de 2006.
                  ·
                  · (6) Ibíd.
                  ·
                  · (7) Para más información, véanse Amnistía Internacional, La inyección letal: La tecnología médica de la ejecución, enero de 1998 (Índice AI: ACT 50/001/1998) y su actualización, septiembre 1999 (Índice AI: ACT 50/008/1999).
                  ·
                  · (8) Véase "Acelerar la regulación de los transplantes de órganos" [器官移植：加快规制的地带], Caijing, 28 de noviembre de 2005, pp. 118-120.
                  ·
                  · (9) "Top surgeon says he has seen only 20 cases of voluntary donation", South China Morning Post, 1 de abril de 2006. Se ha denunciado recientemente que es posible que se les hayan extraído órganos a personas pertenecientes al movimiento espiritual Falun Gong mientras estaban detenidas, lo que puede haber causado numerosas muertes bajo custodia. Amnistía Internacional está investigando estos informes, pero actualmente no está en condiciones de verificar estas denuncias de forma independiente.
                  ·
                  · (10) www.bek-transplant.com
                  ·
                  · (11) South China Morning Post, 1 de abril de 2006, op. cit.
                  ·
                  · (12) "Reglamento temporal relativo a la administración y aplicación clínica de la tecnología del transplante de órganos" [人体器官移植技术临床应用管理暂行规定], disponible en chino en http://www.mol.org.cn/news/NewsList.asp?newsid=4230&boardid=14.
                  ·
                  · (13) "New organ transplant rules released", South China Morning Post, 28 de marzo de 2006.
                  ·
                  · (14) "China’s secret execution rate revealed", Globe and Mail, 28 de febrero de 2006.
                  ·
                  · (15) Véase, por ejemplo, "China plans to use death penalty more sparingly", USA Today, 16 de mayo de 2006.
                  ·
                  · (16) Por ejemplo, en diciembre de 2003 Liu Yong, empresario acaudalado, fue ejecutado después de que el Tribunal Supremo Popular confirmó su condena por implicación en actividades delictivas violentas de bandas y corrupción, pese a que era posible que la policía lo hubiera torturado para hacerlo confesar. Un tribunal inferior había conmutado su condena a muerte debido a tal posibilidad, pero el Tribunal Supremo Popular decidió con posterioridad que estas razones no eran suficientes para eximirlo de la ejecución. Lo ejecutaron mediante inyección letal en una cámara de ejecución itinerante cerca de la sede del Tribunal.
                  ·
                  · (17) "China’s Supreme Court tribunals begin to review death penalty cases", Xinhua, 3 de abril de 2006.
                  ·
                  · (18) "Chine to open more death penalty cases to public", Reuters, 27 de febrero de 2006.
                  ·
                  · (19) "China’s Supreme Court to hire lawyers, teachers for death penalty reviews", Xinhua, 30 de junio de 2006.
                  ·
                  · (20) "Top Court recruiting lawyers to act as judges", South China Morning Post, 15 de junio de 2006.
                  ·
                  · (21) "Gaofa gedi jiajin xuandiao ‘shengsi faguan" ("El Tribunal Supremo Popular acelera la selección de jueces de ‘vida y muerte’de varias regiones"),en http://www.people.com.cn/GB/paper447/17235/1510587.html
                  ·
                  · (22) "China reforms death penalty trials in 2006 – chief justice", Xinhua, 11 de marzo de 2006.
                  ·
                  · (23) Para más información sobre el procesamiento por delitos punibles con la muerte en China, véase Amnistía Internacional, People’s Republic of China: Executed ‘according to law’? (Índice AI: ASA 17/003/2004).
                  ·
                  · (24) "China’s policy is to preserve death penalty", Xinhua, 12 de marzo de 2006.
                  ·
                  · (25) "Xiao Yang afirma que no es posible aún abolir la pena de muerte, pero que debe aplicarse con cuidado, salvaguardando los derechos humanos" (肖扬称还不能废除死刑 应该慎用以确保人权), Zhongguo Xinwen Wang, 12 de marzo de 2006, disponible en chino en: http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=198089.
                  ·
                  · (26) "La difícil elección entre limpiar la imagen de la ciudad y proteger la libertad" (整治市容与维护自由的二难选择), Caijing, vol. 159, 15 de mayo de 2006.
                  ·
                  · (27) Del informe sobre su misión a China de noviembre de 2005, op.cit. (resumen).
                  ·
                  · (28) Para más información, véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional, ASA 17/049/2006, 29 de agosto de 2006.
                  ·
                  · (29) People’s Republic of China: Abolishing ‘Re-education through Labour’ and other forms of punitive administrative detention – an opportunity to bring the law into line with the International Covenant on Civil and Political Rights, mayo de 2006 (Índice AI: ASA 17/016/2006).
                  ·
                  · (30) Véanse "La difícil elección entre limpiar la imagen de la ciudad y proteger la libertad" (整治市容与维护自由的二难选择) e "Información general: Aprovechar la ‘reeducación por el trabajo’ para limpiar la ciudad" (背景：北京整顿市容借力"劳教"), Caijing (财经), vol.159, 15 de mayo de 2006.
                  ·
                  · (31) Ibíd.
                  ·
                  · (32) Entre estas disposiciones están los artículos 102, 103, 105, 106, 107, 110 y 111 del Código Penal. Para más información, véase Amnistía Internacional, People’s Republic of China: Human Rights Defenders at risk, diciembre de 2004 (Índice AI: ASA 17/045/2004). Véase también el informe del relator especial de la ONU sobre la tortura, op. cit., párr. 34.
                  ·
                  · (33) Su nombre oficial es Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, Resolución de la Asamblea General de la ONU 53/144 (Distr. GENERAL A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999). Para más información, véase ASA 17/045/2004, op. cit.
                  ·
                  · (34) "Character building", fotografía de Associated Press publicada en South China Morning Post, 27 de julio de 2006 (Foto AP/Greg Baker).
                  ·
                  · (35) "Hutong gone – historic homes reduced to rubble to free up prime land," sitio web de The Straits Times, 12 de agosto de 2006, BBC Monitoring.
                  ·
                  · (36) Ibíd.
                  ·
                  · (37) Véase ASA 17/021/2005, op. cit.
                  ·
                  · (38) Para más información, véase Amnistía Internacional, China: se niega la justicia a quienes sufren discapacidades por la represión de Tiananmen de 1989, junio de 2006 (Índice AI: ASA 17/031/2006) y la entrevista de Amnistía Internacional con Qi Zhiyong publicada en http://web.amnesty.org/pages/chn-020606-interview_qi_zhiyong-esl
                  ·
                  · (39) Zheng Enchong fue condenado a tres años de prisión por robar "secretos de Estado" y pasarlos a "entidades fuera de China". Amnistía Internacional consideró que se trataba de un preso de conciencia, encarcelado únicamente por su trabajo legítimo como abogado.
                  ·
                  · (40) Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional, Índice AI ASA 17/041/2006, 3 de agosto de 2006.
                  ·
                  · (41) Amnistía Internacional ha publicado una Acción Urgente y varias actualizaciones en favor de Chen Guangcheng (Índice AI: ASA 17/037/2005, ASA 17/040/2005, ASA 17/018/2006 y ASA 17/026/2006). Véase también Amnistía Internacional, China: Chen Guangcheng es un preso de conciencia, 24 de agosto de 2006 (Índice AI: ASA 17/048/2006).
                  ·
                  · (42) Opinión orientativa del Colegio de Abogados de China para abogados que se encarguen de causas colectivas (中华全国律师协会关于律师办理群体性案件指导意见), disponible en chino en: http://www.acla.org.cn/pages/2006-5-15/s34852.html.
                  ·
                  · (43) "China reports rise in public order disturbances", Reuters, 19 de enero de 2006.
                  ·
                  · (44) "Lawyers seek reform of criminal law," South China Morning Post, 20 de julio de 2006.
                  ·
                  · (45) El artículo 96 del de la Ley de Procedimiento Penal dispone que un sospechoso "puede nombrar un abogado para proporcionarle asesoramiento letrado o presentar peticiones o denuncias en su nombre" después de la primera sesión de interrogatorio del "órgano investigador" o desde el día en que el sospechoso sea sometido a una de las formas de detención o restricción previstas por ley ("medidas obligatorias"). Las restricciones especiales del acceso a los abogados se aplican a los casos "vinculados con secretos de Estado". En estos casos, se requiere la autorización previa del órgano investigador para que un sospechoso nombre a un abogado o para que se lleve a cabo cualquier reunión entre abogado y cliente. La definición poco precisa de "secretos de Estado", aplicable potencialmente en todos los casos, ha significado que esta disposición se ha utilizado en exceso para denegar el acceso a representación letrada en estos casos.
                  ·
                  · (46) South China Morning Post, 20 de julio de 2006, op cit.
                  ·
                  · (47) Disponible en: http://www.rsf.org/IMG/html/ccintellectualappeal-en.html
                  ·
                  · (48) "New look for www.olympic.org as Beijing 2008 celebrates two years to go," comunicado de prensa del Comité Olímpico Internacional, 7 de agosto de 2008.
                  ·
                  · (49) "Widespread Detentions of Foreign Journalists show China unprepared to host Olympics Press Corp in 2008", comunicado de prensa del Club de Corresponsales Extranjeros en China, 7 de agosto de 2006.
                  ·
                  · (50) "China’s Olympic organizers say committed to press freedom," Xinhua, 8 de agosto de 2006.
                  ·
                  · (51) "China to issue regulation on foreign media coverage of 2008 Olympics," Xinhua, 10 de agosto de 2006.
                  ·
                  · (52) Citado en la carta de llamamiento de 100 intelectuales, op. cit.
                  ·
                  · (53) Véase: "Intellectuals campaign against shutdown of website", South China Morning Post, 3 de agosto de 2006.
                  ·
                  · (54) "Normas sobre la Administración de los Servicios Informativos y de Noticias de Internet" (互联网新闻信息服务管理规定), 25 de septiembre de 2005.
                  ·
                  · (55) Amnistía Internacional, Mordaza a la libertad de expresión en China. El papel de Yahoo!, Microsoft y Google, julio de 2006 (Índice AI: POL 30/026/2006).
                  ·
                  · (56) El motor no censurado está aún disponible como antes para todos los usuarios chinos de Internet, pero las búsquedas deben atravesar el "cortafuegos" de China, que censura gran cantidad de información y ralentiza el proceso de búsqueda. Como atenuante, Google subraya que se ha ofrecido a informar a los usuarios cada vez que se censure información y que ha decidido no poner en marcha el correo gmail ni otros servicios que contienen información personal y confidencial hasta que la empresa tenga la certeza de que puede proteger las expectativas de los usuarios sobre privacidad y seguridad de la información confidencial.
                  ·
                  · (57) Para más información sobre este compromiso, véase Amnistía Internacional, República Popular de China. Control estatal de Internet, noviembre de 2002 (Índice AI: ASA 17/007/2002).
                  ·
                  · (58) Los otros dos casos en los que Yahoo! facilitó información a las autoridades son los de Jiang Lijun y Wang Xiaoning. Para más información, véase Human Rights Watch: Race to the Bottom: Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship, agosto de 2006, vol. 18, núm. 8 (C).
                  ·
                  · (59) Por ejemplo, en abril de 2002, Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo: "[E]stamos convencidos de que los Juegos Olímpicos mejorarán el historial [de China] en materia de derechos humanos [...] En el Comité Olímpico Internacional instamos al gobierno chino a mejorar, lo antes posible, su historial en materia de derechos humanos. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional es una organización responsable, y si la seguridad, la logística o los derechos humanos no se modifican de forma que nos satisfaga, entonces nos pondremos en acción [...] He dicho claramente tras conversaciones que tuve con Amnistía Internacional que no nos corresponde vigilar los derechos humanos, porque para hacerlo se necesitan equipos y personas especializados que nosotros no tenemos. Y he dicho que estaremos en contacto estrecho con Amnistía Internacional y con Human Rights Watch, y ellos nos informarán y nos dirán lo que piensan". Programa Hardtalk, BBC, 23 de abril de 2002.
                  ·
                  ·

                  Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.

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