Document - República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas ensombrece las reformas sobre la pena de muerte y los medios de comunicación

CHINA República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas ensombrece las reformas sobre la pena de muerte y los medios de comunicación
Público
Amnistía Internacional

República Popular de China
La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas ensombrece las reformas sobre la pena de muerte y los medios de comunicación
Abril de 2007
Resumen
Índice AI: ASA 17/015/2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA170152007

La preocupación por garantizar la "armonía" y la "estabilidad" está dominando en China los preparativos de eventos importantes como los Juegos Olímpicos de agosto de 2008. Varios altos cargos públicos chinos parecen seguir identificando estos principios con la necesidad de "tener mano dura" contra quienes se estime que ponen en peligro el entorno deseado. Amnistía Internacional considera motivo de honda preocupación que se sigan utilizando tales políticas de "mano dura" para restringir las actividades legítimas de activistas pacíficos muy diversos de China, como periodistas, profesionales de la abogacía y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos.

El presente informe actualiza los motivos de preocupación en estos ámbitos, ilustrados por las experiencias de diferentes personas que han sido detenidas o encarceladas en contravención de sus derechos humanos fundamentales. El fracaso de las autoridades chinas a la hora de abordar las debilidades legales e institucionales que permiten que prosperen estas violaciones de derechos sigue dificultando los esfuerzos por reforzar el Estado de derecho en el país –piedra angular de la "armonía" o la "estabilidad"– y ensombrece las reformas jurídicas emprendidas en los últimos meses.

Recientemente se han tomado medidas relativas a dos cuestiones de derechos humanos que Amnistía Internacional está poniendo de relieve en relación con la celebración de los Juegos Olímpicos en China: la pena de muerte y la libertad de los medios de comunicación. En esta actualización, la organización resume tales reformas y valora hasta qué punto cumplen la promesa de China de mejorar la situación de los derechos humanos de cara a las Olimpiadas de Pekín.

El informe también trata las novedades relacionadas con el uso de la "reeducación por el trabajo" y otras formas de detención administrativa punitiva, así como la situación general del colectivo de defensores de derechos humanos en China. Hay pocos indicios de que se estén llevando a cabo reformas en estos dos ámbitos: las Olimpiadas parecen estar sirviendo de excusa para ampliar el uso de la detención administrativa, al menos en Pekín, y continúa la represión contra quienes defienden los derechos humanos, entre ellos prominentes profesionales de la abogacía dedicados a casos de derechos humanos, y quienes intentan informar sobre violaciones de derechos humanos.

El presente documento actualiza dos informes previos sobre "la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos" publicados por Amnistía Internacional: República Popular de China: Los Juegos Olímpicos: empieza la cuenta atrás. ¿Tres años de reformas de derechos humanos?, de agosto de 2005 (Índice AI: ASA 17/021/2005) y República Popular de China: La cuenta atrás hacia las Olimpíadas. El incumplimiento de las promesas relativas a los derechos humanos, de septiembre de 2006 (Índice AI: ASA 17/046/2006).

Este texto resume el documento titulado República Popular de China: La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. La represión de activistas ensombrece las reformas sobre la pena de muerte y los medios de comunicación (Índice AI: ASA 17/015/2007), publicado por Amnistía Internacional en abril de 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

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Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España





Público
Amnistía Internacional

República Popular de China
La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas ensombrece las reformas sobre la pena de muerte y los medios de comunicación





República Popular de China
La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas ensombrece las reformas sobre la pena de muerte y los medios de comunicación


Introducción
      Debemos esforzarnos por crear una sociedad armoniosa y un buen entorno social para celebrar con éxito el XVII Congreso del Partido Comunista y los Juegos Olímpicos de Pekín […] Debemos tener mano dura con las fuerzas hostiles de dentro y fuera del país, tales como los separatistas étnicos, los extremistas religiosos, los terroristas violentos y las "organizaciones heréticas" –entre ellas Falun Gong– que llevan a cabo actividades desestabilizadoras.
Zhou Yongkang, ministro de Seguridad Pública(1)

La preocupación por garantizar la "armonía" y la "estabilidad" está dominando en China los preparativos de eventos importantes como los Juegos Olímpicos de agosto de 2008. Tal como ilustra la cita, varios altos cargos públicos chinos parecen seguir identificando estos principios con la necesidad de "tener mano dura" contra quienes se estime que ponen en peligro el entorno deseado. Aunque la declaración menciona el "terrorismo violento", también alude a grupos o activistas susceptibles de participar en actividades pacíficas, como los miembros de Falun Gong, los "extremistas religiosos" o los "separatistas étnicos".

Amnistía Internacional considera motivo de honda preocupación que se sigan utilizando tales políticas de "mano dura" para restringir las actividades legítimas de activistas pacíficos muy diversos en China, como periodistas, profesionales de la abogacía y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos. El presente informe actualiza los motivos de preocupación en estos ámbitos, ilustrados por las experiencias de diferentes personas que han sido detenidas o encarceladas en contravención de sus derechos humanos fundamentales. El fracaso de las autoridades chinas a la hora de abordar las debilidades legales e institucionales que permiten que prosperen estas violaciones de derechos sigue dificultando los esfuerzos por reforzar el Estado de derecho en el país –piedra angular de la "armonía" o la "estabilidad"– y ensombrece las reformas jurídicas emprendidas en los últimos meses.

Recientemente se han tomado medidas relativas a dos cuestiones de derechos humanos que Amnistía Internacional está poniendo de relieve en relación con la celebración de los Juegos Olímpicos en China: la pena de muerte y la libertad de los medios de comunicación. En esta actualización, la organización resume tales reformas y valora hasta qué punto cumplen la promesa de China de mejorar la situación de los derechos humanos de cara a las Olimpiadas de Pekín, que tendrán lugar en agosto de 2008. El informe también trata las novedades relacionadas con el uso de la "reeducación por el trabajo" y otras formas de detención administrativa punitiva, así como la situación general del colectivo de defensores de derechos humanos en China. Hay pocos indicios de que se estén llevando a cabo reformas en estos dos ámbitos: las Olimpiadas parecen estar sirviendo de excusa para ampliar el uso de la detención administrativa, al menos en Pekín, y continúa la represión contra quienes defienden los derechos humanos, entre ellos prominentes profesionales de la abogacía dedicados a casos de derechos humanos, y quienes intentan informar sobre violaciones de derechos humanos.

El presente documento actualiza dos informes previos sobre "la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos" publicados por Amnistía Internacional.(2) La organización no recibió ninguna respuesta oficial de las autoridades chinas a la última actualización, publicada en septiembre de 2006. Sin embargo, en contestación a una pregunta de los medios de comunicación durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Qin Gang, afirmó que Amnistía Internacional tiene "prejuicios contra China" y que los informes de la organización suelen estar "basados en motivaciones políticas e información falsa".(3) Añadió que era un error insinuar que China se estaba esforzando por mejorar los derechos humanos únicamente a causa de las Olimpiadas, y que tal insinuación era fruto de "valorar desde la propia mezquindad el corazón de un caballero". Afirmó que "si algunas organizaciones o personas a título individual politizan los Juegos Olímpicos por motivos ocultos, estarán vulnerando el principio que sustenta los Juegos".

Amnistía Internacional vuelve a hacer hincapié en que no la mueve programa político alguno y sólo le preocupa el respeto y la protección de los derechos humanos en China, al igual que en otros países del mundo. Al vínculo entre la celebración de las Olimpiadas en Pekín y los derechos humanos han aludido repetidamente las propias autoridades chinas cuando en 2001 la ciudad fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos, y de ese vínculo también se han hecho eco representantes del Comité Olímpico Internacional (COI). El COI también ha afirmado en reiteradas ocasiones que confían en las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional para que vigilen tales asuntos de derechos humanos e informen sobre ellos. Los motivos de preocupación que manifiesta Amnistía Internacional en el periodo previo a los Juegos Olímpicos son cuestiones de derechos humanos que guardan una relación directa con los preparativos de los Juegos de Pekín o con principios fundamentales de la Carta Olímpica. También tienen que ver con que China ratificará próximamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Amnistía Internacional espera que las autoridades aborden estas cuestiones a medida que se aproximan los Juegos.

El COI también respondió al informe de actualización de septiembre de 2006, afirmando, según informes, que era "poco realista" esperar que el propio COI ejerciera presión sobre los gobiernos.(4) Amnistía Internacional se siente defraudada por esta respuesta, que parece retroceder respecto de declaraciones más proactivas hechas anteriormente por el COI. Por ejemplo, en abril de 2002, el presidente del COI Jacques Rogge afirmó que había "instado al gobierno chino a mejorar lo antes posible su historial de derechos humanos" y que "si la seguridad, la logística o los derechos humanos no se modifican de forma que nos satisfaga, nos pondremos en acción".(5) Durante una reunión solicitada por el COI que tuvo lugar el 31 de enero de 2007, representantes de este organismo aclararon a Amnistía Internacional que sí se tomaban muy en serio las cuestiones de derechos humanos y que habían planteado determinados asuntos a las autoridades chinas.

Amnistía Internacional considera que el COI tiene una influencia considerable sobre las autoridades chinas en el contexto de los preparativos para los Juegos Olímpicos, y sigue instando a sus representantes a que planteen sus preocupaciones en materia de derechos humanos a medida que se acercan las Olimpiadas. Si el diálogo privado no parece surtir mucho efecto, por ejemplo respecto al uso de formas abusivas de detención administrativa o al hostigamiento y encarcelamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos, el COI deberá pensar en hacer públicos estos motivos de preocupación, especialmente ahora que falta poco más de un año para la celebración de los Juegos Olímpicos.


Pena de muerte: ¿medidas encaminadas al "mantenimiento de la dignidad humana"?
      Suecia: […] Más del 80 por ciento del total de ejecuciones que se llevan a cabo hoy en día en el mundo tiene lugar en China, donde es escandalosamente elevado el número de delitos que pueden acarrear la pena capital. Sin lugar a dudas, esto no refleja el espíritu olímpico.
      China: […] Consideramos especialmente inaceptable la referencia a las cifras sobre la pena de muerte y al vínculo entre la pena capital y el espíritu olímpico que hace en su declaración. En virtud de la Carta Olímpica, los Juegos Olímpicos son un importante encuentro deportivo de índole mundial. Ningún país debería aprovechar esta oportunidad para politizar los Juegos. Señor Presidente, China es un país que se ajusta al Estado de derecho. En China, la pena capital sólo se aplica a los crímenes más atroces y es plenamente compatible con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este año, a partir del 1 de enero, la potestad de aprobar las condenas a muerte volverá a recaer en el Tribunal Supremo Popular. Al proceder así, tratamos de limitar la aplicación de la pena capital en China. Tengo confianza en que, con el desarrollo y el progreso de mi país, la pena de muerte irá reduciendo su aplicación y acabará por ser abolida.
Declaraciones de los representantes sueco y chino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 12 de marzo de 2007. (6)

La declaración del representante sueco es un ejemplo reciente de las conexiones que se establecen cada vez más en los foros internacionales entre la celebración de los Juegos Olímpicos de 2008 en China y los motivos de preocupación que siguen existiendo en torno a los derechos humanos. Amnistía Internacional alberga la esperanza de que tales conexiones contribuyan a reforzar las iniciativas internas de reforma en consonancia con las expectativas de los activistas de derechos humanos del país y con las promesas hechas en este ámbito por las autoridades chinas cuando en 2001 Pekín fue elegida para albergar los Juegos.

En cambio, Amnistía Internacional considera decepcionante la respuesta de La Yifan, representante chino ante el Consejo de Derechos Humanos, al referirse a la "politización" en vez de reconocer los vínculos legítimos entre los principios olímpicos de "dignidad humana" y las preocupaciones que existen sobre la pena de muerte por ser ésta una violación del derecho a la vida y una forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante. A diferencia de esta postura, los comentarios públicos de destacadas autoridades chinas indican que las recientes reformas sobre la pena de muerte han sido impulsadas en gran medida por un interés de respetar el "mantenimiento de la dignidad humana", importante principio de la Carta Olímpica. Por ejemplo, en marzo de 2007, el presidente del Tribunal Supremo Popular Xiao Yang afirmó: "Los casos que implican vidas humanas tienen una importancia crucial [...] Todo cuidado es poco en este ámbito".(7) En el mismo mes, Ni Shouming, portavoz del Tribunal, manifestó: "La abolición de la pena capital es una tendencia global y con el tiempo trabajaremos en esa dirección".(8)

La organización acoge con satisfacción estas y otras declaraciones recientes de autoridades chinas en las que se destaca el valor de la vida humana. También ve con agrado las reformas –entre ellas el restablecimiento de la potestad del Tribunal Supremo Popular para revisar las condenas a muerte– destinadas a reducir el número de personas condenadas a muerte y ejecutadas y a reforzar las salvaguardias contra los juicios injustos. No obstante, Amnistía Internacional teme que tales reformas sólo tengan un impacto limitado a menos que se amplíen y vayan acompañadas de otras medidas esenciales, tal como se explica infra. También existe el riesgo de que las reformas tengan el efecto contrario y afiancen el sistema de la pena capital, pese a que el representante de China ante el Consejo de Derechos Humanos expresase su confianza en que la pena de muerte acabará siendo abolida.

Restablecimiento de la potestad del Tribunal Supremo Popular para revisar las condenas a muerte

El 1 de enero de 2007, el Tribunal Supremo Popular reanudó formalmente su función de revisar todas las condenas a muerte que se dictan en China. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción esta reforma con la esperanza de que suponga una reducción significativa del número de condenas a muerte impuestas en el país y de que impulse reformas del sistema judicial para que se ajuste más a las normas internacionales sobre juicios justos. Desde que se introdujo esta medida, especialistas chinos y observadores internacionales han mantenido un amplio debate sobre la trascendencia de esta reforma. Sin embargo, la falta de información clara sobre los mecanismos del proceso de revisión ha obstaculizado este análisis, pues hay muy poca información pública disponible sobre el modo en que se están realizando las revisiones en la práctica. (9)

Algunos comentaristas han llamado la atención sobre las limitaciones del proceso de revisión, señalando concretamente que está más enfocado a asegurar que los procedimientos se siguen correctamente que a determinar los hechos del caso en cuestión. Según comunicó a Amnistía Internacional una fuente de Pekín, el proceso parece centrarse en gran medida en garantizar que la pena de muerte se aplica de forma coherente y uniforme en todas las provincias, y no en abordar eficazmente los posibles errores judiciales cometidos en casos individuales. En un aparente reconocimiento de tales limitaciones, algunos juristas chinos han recomendado que el procedimiento de revisión del Tribunal Supremo Popular se transforme en un sistema completo de apelación en tres instancias para proteger mejor el derecho a un juicio justo. Por ejemplo, un experto ha argumentado que es importante garantizar un procedimiento particularmente estricto habida cuenta de la "naturaleza especial" de los casos de pena capital: "Ahora que hemos creado un procedimiento de revisión de los casos de pena de muerte, establecido tantos tribunales y nombrado tantos jueces, ¿por qué no convertirlo en un sólido procedimiento de litigio? Es perfectamente posible. La clave está en la actitud de nuestros legisladores".(10)

En defensa de la reforma, algunos juristas chinos advierten que el procedimiento de revisión del Tribunal Supremo Popular nunca ha pretendido constituir una audiencia completa de los hechos de un caso y que no debería considerarse aisladamente, sino como parte de un conjunto más amplio de reformas de la justicia penal destinadas a mejorar la calidad de los juicios. Entre estas medidas cabe mencionar los reglamentos aprobados en 2006, que disponían que las apelaciones contra condenas a muerte se celebrarían en audiencias públicas,(11) y las enmiendas propuestas a la Ley de Procedimiento Penal, que (de adoptarse) incluirán, según informes, reformas destinadas a mejorar el acceso de las personas detenidas a asistencia letrada y a eliminar el uso, en los juicios, de pruebas obtenidas ilegalmente.(12)

El reglamento promulgado en febrero de 2007 especifica en qué circunstancias puede el Tribunal Supremo Popular aprobar, revisar o rechazar las condenas a muerte y ordenar un nuevo juicio.(13) En un artículo de la agencia Xinhua que acompañaba al reglamento publicado se hacía hincapié en que, en la mayoría de los casos, el Tribunal Supremo Popular no tiene potestad para tomar una decisión diferente o declarar inocente a la persona procesada aunque descubra errores en la sentencia original.(14) En su mayoría, las causas deberán ser devueltas al tribunal inferior para que se celebre un nuevo juicio, y no parece que se haya fijado un límite de veces en que se puede ordenar esta remisión. Amnistía Internacional teme que este procedimiento desemboque en una repetición recurrente de juicios por delitos castigados con la pena capital, lo que perpetuaría la angustia de las personas condenadas a muerte.

El 12 de marzo de 2007, los principales órganos judiciales de China emitieron una directiva conjunta en la que instaban a los departamentos de justicia a controlar estrictamente y aplicar con prudencia la pena capital, con el fin de salvaguardar los derechos jurídicos de las personas sospechosas y de garantizar que los condenados a muerte tienen el derecho de recibir la visita de su familia una vez que se ha confirmado la condena. La directiva también destacaba que es el Tribunal Supremo Popular quien aprueba en última instancia las condenas a muerte y subrayaba la prohibición de exhibir en público a personas condenadas y de obtener confesiones mediante tortura.(15) Amnistía Internacional acoge esta decisión con satisfacción, pero cree que estas directivas sólo tendrán un efecto limitado a menos que estén respaldadas por mecanismos eficaces para su aplicación y observancia en el ámbito local. La exhibición pública de personas condenadas, por ejemplo, ya se había prohibido en una interpretación de la Ley de Procedimiento Penal realizada por el Tribunal Supremo en 1998, pero no han cesado los informes sobre tales abusos.(16) Del mismo modo, pese a que en 2006 el Tribunal Supremo Popular decidió que las vistas de apelación de condenas a muerte debían ser públicas, persiste el temor de que las audiencias públicas en estos casos sean la excepción y no la regla en muchas partes de China.(17)
Una importante cuestión de debate entre los juristas chinos es si las personas acusadas o su representación letrada tienen derecho a presentar alegaciones ante las comisiones de revisión del Tribunal Supremo Popular (o "tribunales colegiados"). Según la agencia oficial de noticias Xinhua, un funcionario no identificado del Tribunal Supremo afirmó que "el abogado de un acusado puede expresar su opinión durante la revisión, y el tribunal escuchará esa opinión".(18) Sin embargo, hay poca información disponible para determinar si esto tiene lugar o no en la práctica.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que, si no se han presentado previamente pruebas de violaciones graves de derechos humanos ante el tribunal, como el uso de la tortura por la policía para obtener confesiones de las personas sospechosas, una revisión limitada sobre el papel no desvelará tales abusos. Por ejemplo, en un caso reciente, Xu Shuangfu, líder de un grupo protestante no autorizado denominado "Tres Grados de Siervos", fue ejecutado junto con otras 11 personas en noviembre de 2006 tras ser declarado culpable de asesinar a 20 miembros de otro grupo, "Iluminación Oriental", en 2003 y 2004. Según informes, Xu Shuangfu aseguró que había confesado bajo tortura durante los interrogatorios policiales y que, entre los métodos de tortura empleados, lo habían golpeado con palos y cadenas pesadas, le habían aplicado descargas eléctricas en los dedos de los pies y las manos y en los genitales, y le habían introducido a la fuerza pimienta picante, gasolina y jengibre por la nariz. A pesar de ello, tanto el tribunal de primera instancia como el de apelación se negaron a permitir que el abogado de Xu Shuangfu presentara estas denuncias como prueba en su defensa.(19) Habida cuenta de estos informes, Amnistía Internacional considera esencial que la persona acusada o su representación letrada puedan presentar directamente pruebas y alegaciones a la comisión de revisión del Tribunal Supremo Popular para su consideración, además de otros documentos relativos al caso en cuestión.

El 19 de marzo de 2007, la agencia Xinhua informó de que el Tribunal Supremo Popular había confirmado cuatro condenas a muerte desde que reanudó su función de revisión el 1 de enero de 2007. Se trataba de causas distintas celebradas en el municipio de Shanghai y las provincias de Jiangxi, Jiangsu y Fujian, y en las que se enjuiciaban delitos de secuestro, asesinato, violación e incendio provocado. El informe de la agencia citaba las palabras de un juez sin identificar, según el cual los tribunales colegiados del Tribunal Supremo Popular también habían encontrado causas en las que no había suficientes pruebas y las habían devuelto a tribunales inferiores para que se llevaran a cabo más indagaciones, pero que se negó a proporcionar el número total de casos revisados hasta la fecha.(20)

Si es cierto que el Tribunal Supremo Popular sólo había aprobado cuatro condenas a muerte a 19 de marzo de 2007, parece que al menos 13 personas han sido ejecutadas desde el 1 de enero de 2007 sin que sus condenas hayan sido confirmadas por este Tribunal tal como establece la ley. Durante el seguimiento que realizó Amnistía Internacional de las noticias chinas sobre la pena de muerte entre el 3 y el 16 de febrero –dos semanas antes del Año Nuevo chino, tradicionalmente un momento álgido de ejecuciones en China–, la organización documentó 13 ejecuciones en cinco provincias o regiones autónomas, a saber: Jiangsu, Sichuan, Shandong, Qinghai y Sin-kiang. Todas las ejecuciones correspondían a causas diferentes de las cuatro mencionadas, cuyas condenas sí habían sido confirmadas por el Tribunal Supremo Popular, y ningún medio de comunicación mencionó que las ejecuciones se hubieran llevado a cabo previa aprobación del Tribunal Supremo.(21) Es posible que los tribunales inferiores consideraran que no estaban jurídicamente obligados a contar con la confirmación del Tribunal Supremo porque las causas habían comenzado antes de que se introdujera formalmente el procedimiento de revisión. Sin embargo, destacados especialistas chinos en derecho procesal penal sostienen que las causas que se han iniciado antes del 1 de enero de 2007 pero que no han finalizado antes de esa fecha sí deberían ser revisadas por el Tribunal Supremo Popular.(22)

Amnistía Internacional considera motivo de profunda preocupación que tribunales locales hayan ejecutado a personas, al parecer, después del 1 de enero de 2007 sin contar con la aprobación del Tribunal Supremo Popular. La organización insta a las autoridades a que aumenten la transparencia de las revisiones haciendo pública toda la información sobre la naturaleza de éstas, lo que supone clarificar si existen procedimientos mediante los cuales las personas acusadas y su representación letrada pueden presentar alegaciones a las comisiones de revisión, así como facilitar datos y estadísticas completos sobre el número de causas aprobadas, revisadas o devueltas a tribunales inferiores para la celebración de un nuevo juicio.

Amplio ámbito de aplicación de la pena de muerte
      Si se publicaran estadísticas sobre la pena de muerte, se protegería el derecho legítimo de la ciudadanía a entender y asimilar la situación relativa a la pena capital. También ayudaría a la sociedad a vigilar eficazmente el modo en que los órganos judiciales y penales aplican la pena de muerte.
Profesor Zhao Bingzhi, experto en derecho penal chino. (23)

En opinión de algunos juristas chinos, es probable que el restablecimiento del procedimiento de revisión del Tribunal Supremo Popular conlleve una reducción de entre el 20 y el 30 por ciento en el número de ejecuciones que se llevan a cabo en China. Amnistía Internacional considera que será imposible realizar una valoración objetiva de estas predicciones hasta que las autoridades chinas publiquen estadísticas completas de ámbito nacional sobre la pena de muerte para el periodo anterior y posterior a la introducción del procedimiento de revisión.

Las cifras oficiales sobre condenas a muerte y ejecuciones están rodeadas de secreto, por lo que es extremadamente difícil analizar de forma objetiva la aplicación de la pena capital en China. En marzo de 2007, Zhao Long, vicepresidente de la Asamblea Popular de Jiangsu y delegado de la Asamblea Nacional Popular, se mostró decepcionado por el hecho de que el informe anual del Tribunal Supremo Popular a la Asamblea Nacional no proporcionase datos desagregados sobre la pena de muerte.(24) Por el contrario, el Tribunal Supremo mantuvo su práctica anterior de combinar los datos sobre la pena capital con las estadísticas de las personas condenadas a penas que oscilan entre los cinco años de prisión y la cadena perpetua (153.724 personas en total).

Posteriormente ese mismo mes, el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Popular Liu Jiachen afirmó que el número de condenas a muerte impuestas por los tribunales en 2006 "registró el nivel más bajo desde hacía más de 10 años".(25) Añadió: "No podemos poner nuestras esperanzas en la pena de muerte para frenar la delincuencia. Debemos abordar el número creciente de hechos delictivos con otros medios […] Esta idea concuerda además con la tendencia mundial a aligerar gradualmente las penas, lo que significa que las más severas sólo podrán imponerse a un número reducido de personas que han cometido delitos graves".(26) Sin embargo, Liu Jiachen se negó a revelar el número exacto de condenas a muerte impuestas en 2006. Según el seguimiento que ha realizado de los informes públicos disponibles, Amnistía Internacional calcula que en 2006 se ejecutó al menos a 1.010 personas y se condenó a muerte a 2.790, aunque sin duda las cifras reales fueron mucho más elevadas.(27)

La Fundación Dui Hua, con sede en Estados Unidos, considera que el número real de ejecuciones en 2006 oscila entre 7.500 y 8.000. Sus cálculos se basan en contactos con personas que se encuentran en China y que tienen acceso a información oficial.(28) Estas cifras concuerdan con otro cálculo realizado por un catedrático de derecho penal chino a principios de 2006, y Amnistía Internacional las considera creíbles.(29) Si este cálculo es exacto, es sin duda menor que la estimación de 10.000 ejecuciones al año hecha por un importante legislador chino en marzo de 2004. No obstante, sigue siendo equivalente a multiplicar por 13 el número total de ejecuciones registradas en el resto del mundo en 2006.(30)

Además de los tradicionales "momentos álgidos" de ejecuciones previos a los eventos nacionales en China, como el Día Nacional (1 de octubre) o el Día Internacional contra las Drogas (26 de junio), Amnistía Internacional documentó un drástico aumento de las ejecuciones en diciembre de 2006, que parecía responder a un intento de los tribunales locales de "liquidar" causas antes de que se introdujera el procedimiento de revisión del Tribunal Supremo Popular el 1 de enero de 2007. Durante las últimas dos semanas de diciembre, Amnistía Internacional tuvo constancia de 131 ejecuciones (en comparación con 74 antes del Día Nacional y 55 antes del Día Internacional contra las Drogas). En algunos casos se ejecutó a la vez a 10 o 12 personas.

Particularmente polémica fue la ejecución de Qiu Xinghua, agricultor de Ankang, provincia de Shaanxi, el 28 de diciembre de 2006, tan sólo unos días antes de que se introdujera el procedimiento de revisión del Tribunal Supremo Popular. Qiu había sido declarado culpable de matar a 11 personas en 2006 porque creía que su esposa le había sido infiel. Estaba extendida la convicción de que Qiu padecía una enfermedad mental, y varios expertos chinos en psiquiatría pidieron que se le practicase un examen psiquiátrico. El caso recibió una considerable atención mediática en China y suscitó la redacción a última hora de una carta abierta por parte de promitentes juristas chinos en la que se pedía una evaluación psiquiátrica y que se puso en circulación en Internet.(31) A pesar de ello, tanto el tribunal de primera instancia como el de apelación de Shaanxi se negaron a ordenar un examen. En virtud del artículo 18 del Código Penal chino, las personas que padecen una enfermedad mental certificada oficialmente no son responsables de los delitos que cometieron cuando no eran dueños de sus facultades mentales. Asimismo, las normas internacionales de derechos humanos prohíben la ejecución de las personas que sufrían un trastorno mental en el momento de la comisión del delito.

Continúa el debate entre juristas chinos sobre la conveniencia de eliminar los delitos no violentos del ámbito de aplicación de la pena de muerte, en especial, la posibilidad de suprimir la pena de muerte por delitos económicos como el fraude fiscal, la malversación de fondos o el soborno. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades chinas no han tomado medidas para reducir el alcance de la pena de muerte, que sigue siendo de aplicación en unos 68 delitos, incluidos delitos no violentos como los económicos y los relacionados con las drogas. Por ejemplo, en febrero de 2007, el Tribunal Popular Intermedio de Yingkou, provincia de Liaoning, condenó a muerte al ejecutivo Wang Zhendong por estafar 3.000 millones de yuanes a los inversores de su negocio de cría de hormigas.(32) Según informes, había prometido unos beneficios del 60 por ciento a quienes invirtieran en bolsas de hormigas y les había pedido que volvieran al cabo de 37 días una vez que las hormigas se hubieran reproducido. Muchos inversores eran habitantes de pueblos pobres o trabajadores despedidos de empresas estatales de Liaoning; según informes, uno de ellos se suicidó al descubrir que la inversión era un timo.

En el debate interno sobre la pena de muerte y los delitos no violentos se esgrime a menudo el argumento de que la existencia de la pena capital dificulta los esfuerzos de China por lograr la extradición de presuntos delincuentes que han huido al extranjero.(33) Amnistía Internacional considera positivo este debate, pero advierte que centrarse sólo en los delitos económicos podría verse como una tendencia a favorecer a las personas acusadas de delitos "de guante blanco", que suelen pertenecer a los sectores de la sociedad con más dinero, poder e influencia. La organización pide que se amplíe el debate para que incluya otros delitos no violentos, como los relacionados con las drogas, y que desemboque con prontitud en reformas legislativas que supriman tales delitos del ámbito de aplicación de la pena de muerte.
En este contexto, Amnistía Internacional destaca la postura del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias según la cual debe eliminarse la pena de muerte por tales delitos. Durante más de un decenio, los sucesivos relatores especiales han confirmado esta interpretación del artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(34) En su reciente informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que China es Estado miembro, el relator especial expresa con preocupación que China es uno de los países que "se reservan en su legislación nacional la facultad de imponer la pena capital por delitos económicos o relacionados con las drogas".(35)

Amnistía Internacional reitera sus llamamientos a las autoridades chinas para que adopten las siguientes medidas concretas encaminadas a la abolición de la pena capital:

· publicar estadísticas nacionales completas sobre condenas a muerte y ejecuciones en China, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas pública, y ayudar a los analistas a determinar si el procedimiento de revisión del Tribunal Supremo Popular ha contribuido a reducir las condenas a muerte y las ejecuciones tal como se había anticipado;
· reducir el número de delitos punibles con la muerte, por ejemplo eliminando del ámbito de aplicación de la pena capital los delitos no violentos tales como los económicos y los relacionados con las drogas.

Mensajes contrapuestos sobre el transplante de órganos

Amnistía Internacional está desconcertada por los recientes comentarios que, según informes, ha realizado un funcionario del Tribunal Supremo Popular, a saber, que los casos de transplantes de órganos de delincuentes ejecutados son "excepcionales" y que "la principal fuente de órganos en China es la donación voluntaria de personas fallecidas manifestada en sus últimas voluntades".(36) Estas declaraciones entran en conflicto con las que hizo en 2006 el viceministro de Salud, según las cuales la mayoría de los órganos que se utilizan para transplantes en China proceden de presos y presas ejecutados, o con otras afirmaciones de notorios especialistas en transplante de órganos del país.(37)

Estas aserciones también se contradicen con informes sobre el uso de órganos documentado por Amnistía Internacional y otras ONG internacionales: es una práctica generalizada que, tal como apuntaba un paciente de transplante, "todo el mundo conoce en China".(38) Además, China carece de un sistema formal de donación voluntaria de órganos, y las normas culturales dictan que los restos mortales deberán permanecer intactos, ya sea para la inhumación o la cremación. Por ello, Amnistía Internacional considera que el funcionario en cuestión (cuyo nombre no se cita en el informe de Xinhua) debería proporcionar pruebas sólidas de esas afirmaciones.

Según los informes, el funcionario del Tribunal Supremo Popular añadió que los órganos de las personas ejecutadas sólo pueden utilizarse si éstas "han expresado voluntariamente su deseo de donar los órganos y han firmado los documentos pertinentes antes de morir, o si sus familias han dado su consentimiento para tal uso". Amnistía Internacional reitera con preocupación que quienes se enfrentan al trauma y la angustia de una ejecución inminente no están en situación de dar su consentimiento, y que el secretismo que rodea a la aplicación de la pena de muerte en China impide comprobar de manera independiente si realmente se ha dado tal consentimiento.

A Amnistía Internacional le inquieta que continúen recibiéndose informes sobre la venta de órganos para trasplante en China incluso después de que el Ministerio de Salud haya promulgado reglamentos que prohíben esta práctica desde el 1 de julio de 2006. Por ejemplo, según una investigación secreta de la BBC, personal del Hospital Central núm. 1 de Tianjin aseguraba que podía conseguir un hígado para transplante por 50.000 libras esterlinas (94.400 dólares estadounidenses) en un plazo de tres semanas, y el cirujano jefe confirmó que el donante podría ser un preso ejecutado.(39) Un funcionario afirmó que había un excedente de órganos debido al aumento de las ejecuciones en los días previos al Día Nacional de China, celebrado el 1 de octubre de 2006.(40)

El 6 de abril de 2007, la agencia de noticias Xinhua publicó el texto del nuevo reglamento sobre transplante de órganos, aparentemente destinado a afianzar la normativa relativa a todo el sector aprobada en 2006.(41) Las disposiciones de este reglamento, que deberá entrar en vigor el 1 de mayo de 2007, prohíben el comercio de órganos y el transplante de órganos de donantes vivos menores de 18 años. En ellas se establece que las donaciones deberán ser "voluntarias" y "no remuneradas" y que "ninguna organización ni particular podrá obligar, engañar o captar a nadie para que done sus órganos". Sin embargo, el reglamento no alude expresamente a la extracción de órganos de personas ejecutadas, lo cual apunta a que continuará esta práctica. Según informes, el profesor Chen Zhonghua, prominente especialista en transplantes, acogió este reglamento con satisfacción calificándolo de "gran avance para las prácticas médicas del país",(42) aunque añadió que "la efectividad del reglamento dependerá de la solidez de las medidas adoptadas para hacer que se cumpla".(43)

    Poderes policiales para castigar: ¿reforma, abolición o statu quo?
        No descartamos la posibilidad de convencer a todos los adictos de la capital de que abandonen el consumo de drogas antes de las Olimpiadas.
    Fu Zhenghua, subdirector del Departamento de Seguridad Pública de Pekín.(44)

    Amnistía Internacional sigue recibiendo informes frecuentes sobre personas sometidas a "reeducación por el trabajo" y a otras formas de detención administrativa impuestas sin cargos, juicio o revisión judicial, en contravención de las normas internacionales sobre las debidas garantías procesales. Persiste el temor de que se estén utilizando estos métodos abusivos para detener a pequeños delincuentes, vagabundos, drogadictos y otras personas con el fin de "limpiar" Pekín antes de los Juegos Olímpicos.

    El 7 de febrero de 2007, el Departamento de Seguridad Pública de Pekín anunció que, durante 2008, la policía dejará de concentrar sus iniciativas contra las drogas en los lugares de entretenimiento público para dirigir sus esfuerzos contra consumidores concretos, y que ampliará los periodos de "rehabilitación forzosa por drogas" (qiangzhi jiedu) de seis meses a un año.(45) Estas medidas acentúan los temores de que la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín esté siendo utilizada como excusa por las autoridades para ampliar el uso de formas abusivas de detención administrativa punitiva, y no como un catalizador para la reforma o la abolición de estos métodos en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.(46)

    No queda claro si la "rehabilitación forzosa por drogas" (y otras formas de detención administrativa punitiva, como la "custodia y educación") está pendiente de reforma legislativa, como ocurre con la reeducación por el trabajo. Aunque en este último caso parece que se han estancado las iniciativas nacionales de reforma o abolición, pueden observarse algunos signos positivos de reforma en el ámbito local. El 4 de abril de 2007 se recibieron informes de que el ayuntamiento de Chongqing había aprobado un nuevo reglamento que permitía a profesionales de la abogacía representar a las personas detenidas en centros de reeducación por el trabajo.(47) Algunos abogados locales han expresado esperanzas de que esta medida conduzca a una mayor transparencia del sistema, pero han advertido que es necesario emprender más reformas estructurales, ya que "la policía sigue siendo el órgano que toma las decisiones, no hay supervisión externa y no se aplican los procedimientos judiciales".(48) Otros profesionales de la abogacía son, sin embargo, menos positivos, e indican que posiblemente el reglamento no contenga nada nuevo, pues el factor crucial consiste en saber en qué momento exacto se permitirá a las personas detenidas tener acceso a asistencia letrada (es decir, antes o después de que la policía decida formalmente imponer la sanción) y si tal acceso depende de la aprobación de la policía.(49)

    El 1 de marzo de 2007, el periódico China Daily informó de que en el plan legislativo de la Asamblea Nacional Popular está previsto debatir este año la Ley de Rectificación de Comportamientos Ilegales (weifa xingwei jiaozhi fa), proyecto de ley propuesto para sustituir a la reeducación por el trabajo, y explicaba que el proceso de reforma llevaba dos años estancado debido a "discrepancias".(50) En el artículo se indicaba que las instalaciones destinadas a reeducación por el trabajo pasarán a llamarse "centros correccionales", se les dará un enfoque más "escolar" y se eliminarán todos los barrotes y las rejas, y que los periodos de detención se reducirán a "menos de 18 meses". Estas medidas parecen concordar con el comentario jurídico general de la ley que está a disposición del público desde hace más de un año.(51)

    No obstante, en la noticia también se afirma que existen "muchas discrepancias", en particular diferencias de opinión entre el Tribunal Supremo Popular, que al parecer pide que "todas las detenciones se impongan únicamente mediante decisión judicial" y el Ministerio de Seguridad Pública, que "propone mantener la práctica actual y establecer una revisión judicial posterior a la aplicación de la sanción administrativa". Por tanto, no es seguro que vaya a emprenderse alguna reforma en un futuro próximo.

    Amnistía Internacional considera que la postura del Tribunal Supremo Popular parece estar más en consonancia con las normas internacionales sobre garantías procesales relativas a la "privación de libertad" que la del Ministerio de Seguridad Pública.(52) De acuerdo con las promesas de derechos humanos hechas de cara a los Juegos Olímpicos y la declaración de intenciones de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Amnistía Internacional insta una vez más a las autoridades chinas a:

    · abolir sin más demora todas las formas de detención administrativa punitiva sin cargos, juicio o revisión judicial, y garantizar que las decisiones relativas a la detención dejan de estar exclusivamente en manos de la policía.

        Actualización del caso de Bu Dongwei: Se ha averiguado que Bu Dongwei, seguidor de Falun Gong, permanece recluido en el centro de reeducación por el trabajo de Tuanhe, Pekín, donde, según informes, es obligado a realizar trabajos de embalaje. Su familia no recibió confirmación oficial de su paradero hasta finales de agosto de 2006, tres meses después de que fuese detenido. Según informes, las autoridades han comunicado que Bu Dongwei decidió no presentar recurso contra su reclusión de dos años y medio, pero su familia rechaza esta aseveración. De acuerdo con la información recibida, funcionarios del centro de Tuanhe han pedido a la familia de Bu Dongwei que contribuya económicamente a su manutención con alrededor de 400 yuanes al mes (unos 52 dólares estadounidenses).

        El 19 de junio de 2006, a Bu Dongwei (conocido también como David Bu) le impusieron dos años y medio de reeducación por el trabajo en Pekín por "resistirse a la aplicación de la legislación nacional y alterar el orden social". La policía había descubierto material publicado de Falun Gong en su casa. En un principio, las autoridades se negaron a revelar a su familia el lugar en el que estaba detenido. Bu Dongwei trabajaba para la organización estadounidense de ayuda humanitaria Asia Foundation cuando la policía se lo llevó de su casa, situada en el distrito de Haidian, el 19 de mayo de 2006. Amnistía Internacional considera a Bu Dongwei preso de conciencia, detenido en violación de sus derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y religión, y sigue pidiendo que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional.


    Represión de las personas que defienden los derechos humanos y de sus familias

    A mediados de abril de 2007 se autorizó por primera vez a Chen Ziming y Ren Wanding, dos veteranos disidentes chinos, a salir de la China continental y visitar Hong Kong. Chen Ziming, que en 1991 había sido encarcelado por un periodo de 13 años por participar en el movimiento de 1989 en favor de la democracia, afirmó que éste era un signo de mayor tolerancia oficial hacia los activistas con miras a los Juegos Olímpicos de agosto de 2008.(53) La cuestión de la libertad de circulación también se puso de manifiesto cuando las autoridades estatales intervinieron para permitir que la doctora Gao Yaojie, prominente activista de la lucha contra el sida, abandonara su hogar en la provincia de Henan, donde permanecía recluida por las autoridades locales bajo una forma de "arresto domiciliario", y viajara a Estados Unidos para recibir el premio "Vital Voices Global Women’s Leadership" en febrero de 2007.

    Amnistía Internacional acoge con satisfacción la aparente suavización de las políticas que ilustran estos casos e insta a las autoridades a que se extienda esta tendencia, para que todas las personas que realizan un activismo pacífico o defienden los derechos humanos en China puedan actuar sin miedo a restricciones de sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a no sufrir detención arbitraria o la libertad de circulación.

    Hay otros ejemplos recientes que también pueden apuntar a un aumento de la tolerancia hacia el activismo en favor de los derechos individuales, como los intentos de algunas familias de obtener una indemnización más adecuada por sus hogares amenazados de demolición. Un ejemplo representativo y muy difundido por los medios de comunicación chinos e internacionales es el caso de una familia de la ciudad de Chongqing que se opuso a una promotora inmobiliaria que pretendía demoler su casa, que terminó denominándose la "casa clavo". Su resistencia durante tres años contra la promotora surtió finalmente efecto en abril de 2007, cuando se le concedió a la familia una indemnización mayor y la aceptó. Sin embargo, siguen recibiéndose informes de familias que son desalojadas de sus hogares o de sus tierras, en ocasiones violentamente y al aparecer sin una indemnización adecuada.

    Amnistía Internacional sigue expresando motivos de honda preocupación por los graves riesgos de sufrir abusos a los que se exponen los defensores y defensoras de los derechos humanos que intentan denunciar violaciones de estos derechos de forma más generalizada, cuestionan medidas consideradas delicadas desde el punto de vista político o tratan de captar a otras personas para su causa. Desde la publicación del último informe de actualización sobre "la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos" no han cesado las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y la vigilancia de estos activistas y de sus familias, y se ha condenado a varios importantes defensores de los derechos humanos. También ha aumentado el uso de modalidades informales de "arresto domiciliario" contra otras personas.
        Actualización del caso de Ye Guozhu: Ye Guozhu, activista del derecho a la vivienda, sigue cumpliendo una pena de prisión de cuatro años en relación con sus esfuerzos por organizar una manifestación contra presuntos desalojos forzosos en Pekín asociados a los preparativos de los Juegos Olímpicos. Según informes, continúa padeciendo problemas de salud, en parte como consecuencia de la tortura que ha sufrido bajo custodia. Por ejemplo, hacia finales de 2006, según informes, guardias de la prisión de Chaobai lo golpearon con porras eléctricas. En febrero de 2007 se le volvió a imponer un periodo de "disciplina" en la prisión de Qingyuan, al parecer por sus continuos intentos de presentar un recurso contra su sentencia condenatoria. Según la información recibida, está previsto que esta sanción dure 10 meses. Amnistía Internacional manifiesta honda preocupación por la salud de Ye Guozhu, al que considera preso de conciencia, y sigue pidiendo su liberación inmediata e incondicional.
    Persisten los motivos de preocupación por la indemnización inadecuada de las personas que han sido desalojadas de sus hogares a causa de los trabajos de construcción en Pekín para preparar las Olimpiadas. El 28 de marzo de 2007, las autoridades organizaron una visita guiada para periodistas al recientemente terminado Parque Acuático Olímpico de Shunyi, situado unos 40 kilómetros al noreste de Pekín y que ha sido objeto de conflicto por expropiación de tierras desde mediados de 2005. Durante la visita de los medios de comunicación, residentes del pueblo cercano de Maxinzhuang, comarca de Beixiaoying, distrito de Shunyi, refirieron a los periodistas que todavía no habían recibido ninguna indemnización por la pérdida de sus tierras de cultivo, y un residente añadió que continuaban en prisión dos personas por participar en las protestas de 2005.(54) Por su parte, el director general del Parque afirmó, según informes, que la disputa se había zanjado ya en julio de 2005.(55)

    Amnistía Internacional no puede comprobar de forma independiente estos informes, pero insta a las autoridades chinas a que expliquen exactamente cuándo se han pagado las indemnizaciones a los residentes y cuáles han sido los importes, y a que faciliten información detallada sobre las personas detenidas o encarceladas a consecuencia del conflicto, incluidos los cargos contra ellos, las condiciones de su encarcelación y su estado de salud. La organización también exhorta al Comité Olímpico Internacional a que plantee estas denuncias de desalojos forzosos y consiguientes detenciones ante las autoridades chinas con el fin de intentar aclarar la situación.

    El último periodo anual de sesiones de la Asamblea Nacional Popular de China, celebrado del 5 al 16 de marzo de 2007 en Pekín, llegó acompañado de una oleada de detenciones de peticionarios y activistas en la capital. No está claro cuál fue el número exacto, pero un activista local afirmó que la represión había sido mucho más severa que en 2006, y que la policía había detenido a más de 2.000 personas.(56) La Red de Defensores Chinos de los Derechos Humanos calculó que se había detenido a "varios miles" de personas en la primera semana de celebración de la Asamblea y añadió que "la limpieza de la ciudad probablemente sea un ensayo general para... los Juegos Olímpicos".(57) El grupo envió una carta abierta a la Asamblea Nacional Popular en la que pedía una revisión constitucional del delito de "incitación a la subversión" (artículo 105.2 del Código Penal). (58) Esta disposición se ha esgrimido con frecuencia para detener y enjuiciar a personas que defienden los derechos humanos, incluidos periodistas y profesionales de la abogacía, en violación de sus derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión y asociación.

    Un caso reciente es el de Gao Zhisheng, abogado defensor y activista de derechos humanos que fue declarado culpable de "incitar a la subversión" en diciembre de 2006 en relación con su activismo, incluida la organización de una huelga de hambre de protesta en Pekín en febrero de 2006 para llamar la atención sobre el sufrimiento de otros activistas que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Las autoridades ya habían suspendido las actividades de su despacho jurídico y le habían retirado su licencia de abogado a finales de 2005, después de que Gao Zhisheng publicase una carta abierta en la que pedía libertad religiosa y el fin de la "brutal" persecución del movimiento espiritual Falun Gong. En una decisión poco habitual, el tribunal determinó que la condena de tres años de prisión contra Gao Zhisheng debía suspenderse durante cinco años, por lo que éste no sería encarcelado a menos que cometiese algún delito durante los cinco años de suspensión de la pena.

    Tras su "liberación" el 22 de diciembre de 2006, Gao Zhisheng se reunió con su familia, pero tanto él como sus familiares están sometidos a una estricta vigilancia policial. En abril de 2007, Gao Zhisheng contó a otros activistas que había sido tratado con dureza durante los cuatro meses que permaneció bajo custodia formal de la policía: por ejemplo, lo esposaban y lo obligaban a permanecer sentado en una silla de hierro o con las piernas cruzadas durante prolongados periodos, y lo enfocaban con luces deslumbrantes. Afirmó que sólo había accedido a "confesar" su delito para proteger a su familia.

    Desde el 15 de agosto de 2006, día en que Gao Zhisheng fue detenido, su esposa Geng He y sus dos hijos han permanecido bajo vigilancia policial. Según informes, mientras él estaba detenido, advirtieron a Geng He que no se pusiera en contacto ni se comunicara con nadie para dar información sobre su marido, y en ningún caso con los medios de comunicación. La policía también escoltaba por la fuerza a la hija de 13 años hasta la escuela, y allí la vigilaba todo el día. Según informes, en una ocasión la joven se negó a ser escoltada de regreso a casa desde la escuela en un automóvil de la policía, por lo que la arrastraron hasta el vehículo y le causaron contusiones en las piernas y el cuello.(59)

    Activistas y sus familiares sufren cada vez con más frecuencia estas prácticas recurrentes de control policial, vigilancia y detención arbitraria, tanto en Pekín como en otras partes de China, especialmente en eventos públicos importantes. Por eso, es probable que las autoridades chinas utilicen tácticas similares durante los Juegos Olímpicos de 2008. La detención sin cargos de activistas, ya sea en comisarías de policía o recluidos en sus propios hogares, es intrínsecamente arbitraria y viola las normas internacionales de derechos humanos.

    Amnistía Internacional considera especialmente preocupante el uso creciente de diversas formas de "arresto domiciliario" o "vigilancia domiciliaria" (jianshi juzhu, que en China se conoce informalmente como ruanjin o "detención blanda") contra defensores de derechos humanos y activistas que llaman la atención sobre otras cuestiones consideradas delicadas desde el punto de vista político. Aunque la Ley de Procedimiento Penal china menciona la "vigilancia domiciliaria" entre la lista de medidas que puede aplicar la policía a las personas sospechosas haber cometido un delito, en la práctica casi nunca se muestra a los activistas una notificación oficial que explique las razones de la detención, y los periodos de reclusión a menudo exceden el límite de seis meses previsto por la ley.(60) Amnistía Internacional considera que el recurso a tal detención sin cargos contra activistas pacíficos es arbitrario y contraviene numerosas normas internacionales de derechos humanos, incluidas las que proclaman el derecho a la libertad y la seguridad de la persona y a un juicio justo, así como la libertad de circulación y de asociación.
        Actualización del caso de Qi Zhiyong: Entre el 28 de febrero y el 18 de marzo de 2007, mientras se reunía la Asamblea Nacional Popular en Pekín, la policía mantuvo bajo vigilancia domiciliaria a Qi Zhiyong, activista con discapacidad que reclama justicia para las víctimas de la represión de 1989 de la Plaza de Tiananmen. Sin embargo, Qi Zhiyong ha afirmado que esta vez la vigilancia fue más "relajada" que en años anteriores, pues por lo general la policía se mostró educada y no empleó violencia física contra él. Según informes, también se le permitió llevar a su hija al colegio e ir a revisiones médicas de su pierna ortopédica. Las autoridades todavía le impiden abrir su pequeña tienda, y su esposa no ha podido encontrar trabajo desde que la despidieron el año pasado. Las autoridades locales siguen impidiendo que él o sus familiares entren en contacto con otras personas con discapacidad o concedan entrevistas a los medios de comunicación.(61)

    Otro ejemplo de "arresto domiciliario" es la reclusión del activista de la lucha contra el VIH/sida Hu Jia en su casa de Pekín durante un periodo continuado de 214 días a partir del 17 de julio de 2006. El 28 de marzo de 2006 había "quedado en libertad" tras permanecer 41 días bajo custodia policial. Su detención parecía estar relacionada con su apoyo a la huelga de hambre de protesta organizada por Gao Zhisheng y mencionada supra, aunque no se presentaron cargos contra él. Durante el "arresto domiciliario", varios agentes de policía vestidos de civil apostados en una vivienda de la planta inferior y en la entrada del edificio le impedían salir de su casa. También sometieron a estricta vigilancia a su esposa Zeng Jinyan, y en ocasiones incluso le impedían salir de la casa, aunque lo más frecuente era que la siguieran cuando abandonaba la vivienda y que la intimidaran y hostigaran.

    Yuan Weijing, esposa de Chen Guangcheng, también ha sido sometida a "arresto domiciliario", vigilancia policial y otros abusos en la ciudad de Linyi, provincia de Shandong, desde septiembre de 2005, al parecer por apoyar a Chen Guangcheng e intentar conseguir justicia para él.(62) Yuan Weijing había colaborado estrechamente con su marido en la recopilación de información sobre mujeres afectadas por las políticas abusivas de planificación familiar aplicadas en Linyi en 2005. La policía se la llevó para "interrogarla" el 28 de noviembre de 2006, el día siguiente a la celebración del nuevo juicio contra Chen Guangcheng (véase infra), y fue puesta en libertad ocho horas después: varios testigos vieron cómo la sacaban a rastras de un vehículo policial y la tiraban a la cuneta a la entrada de su pueblo.

    Al parecer, Yuan Weijing, que tras la experiencia sufrida lloraba y no podía hablar bien, quedó muy traumatizada. Tras recibir tratamiento médico en el hospital, afirmó que la policía la había tratado con dureza e insultado, pero pareció incapaz de dar más detalles. Durante la detención, la policía también dictó formalmente una orden de "vigilancia domiciliaria" contra ella en la que se afirmaba que era sospechosa de "perturbar el tráfico intencionadamente e incitar a la destrucción de bienes públicos", según parece en relación con los cargos que ya se habían confirmado contra su esposo. Activistas chinos de derechos humanos han hecho constar que Yuan Weijing ya llevaba más de un año bajo rigurosa vigilancia policial sin ninguna orden legal.
        Podía prever todo lo que [los agentes] me han hecho. Estoy indignada, pero no por el resultado, sino por sus actos deliberados de infringir la ley, pese a que son ellos mismos quienes la ejecutan [...]. No derrocharé esfuerzos en pedir justicia para mi esposo.
    Yuan Weijing.(63)
        Actualización del caso de Chen Guangcheng: El ciego Chen Guangcheng, asesor legal de profesión, también permaneció bajo "arresto domiciliario" durante casi un año antes de ser enjuiciado el 18 de agosto de 2006. En octubre de 2006 creció la esperanza de que lo pusieran en libertad cuando el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Linyi rechazó la sentencia del tribunal inferior por irregularidades procesales, entre otras, que se había impedido a los propios abogados de Chen Guangcheng asistir al juicio, y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Si bien se permitió que los abogados nombrados por Chen Guangcheng lo representaran en el segundo juicio, celebrado el 27 de noviembre de 2006, este proceso también se caracterizó por graves defectos de procedimiento. En particular, varios testigos clave de descargo que afirmaban haber sido torturados para que declarasen contra Chen Guangcheng fueron detenidos por la policía (o por hombres sin identificar presuntamente vinculados a la policía) para impedir que asistiesen al juicio. El 1 de diciembre de 2006, el tribunal dictó una sentencia que confirmaba la declaración de culpabilidad y la condena originales. El 12 de enero de 2007, el Tribunal Popular Intermedio de Linyi anunció que confirmaba la condena de Chen Guangcheng a cuatro años y tres meses de prisión por "dañar la propiedad pública y reunir a personas para obstaculizar el tráfico".

        Chen Guangcheng ha sido trasladado a la prisión de Linyi, en la provincia de Shandong. Sus abogados lo visitaron en la cárcel el 20 de marzo de 2007 y han pedido a las autoridades penitenciarias y judiciales que permitan a Chen Guangcheng cumplir condena fuera de prisión debido a su ceguera. Hasta la fecha no han recibido respuesta a su solicitud. Según informes, Chen Guangcheng sigue determinado a impugnar su sentencia condenatoria y ha intentado presentar una queja formal sobre su caso ante la fiscalía local. Asimismo, continúa analizando con sus abogados el modo de aplicar la ley para obligar a las autoridades locales de Linyi a rendir cuentas por los presuntos abusos de su política de planificación familiar.

        En marzo de 2007, la organización Índice de la Tortura otorgó a Chen Guangcheng –y a otros cuatro "defensores de la libertad de expresión" procedentes de otros países– el galardón "Whistleblower Award".(64) Amnistía Internacional deplora la sentencia condenatoria y el encarcelamiento del preso de conciencia Chen Guangcheng y sigue pidiendo su liberación inmediata e incondicional.

    ¿Libertad de los medios de comunicación? Doble rasero: periodistas extranjeros frente a nacionales

    El 1 de enero de 2007 entró en vigor un nuevo reglamento sobre la actividad de los periodistas extranjeros destinado a concederles más libertad para cubrir noticias en China durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos y en su transcurso. Mientras que en el pasado los periodistas extranjeros tenían que pedir autorización a las autoridades locales antes de realizar investigaciones y entrevistas fuera de Pekín, el nuevo reglamento establece claramente que, "para entrevistar a organizaciones o particulares en China, los periodistas extranjeros sólo deben obtener el consentimiento previo de las personas entrevistadas".(65) Amnistía Internacional acoge con satisfacción este reglamento en la medida en que facilita la cobertura informativa de los medios de comunicación extranjeros en China. No obstante, continúa la incertidumbre sobre si es aplicable a las regiones autónomas de Tíbet y Sin-kiang. Por otra parte, esta normativa no incluye ninguna medida destinada a otorgar más libertad a los periodistas chinos, que suelen sufrir más violaciones de derechos humanos que los medios de comunicación extranjeros. Aunque las autoridades han insinuado que podría ampliarse la aplicación del reglamento, el artículo 9 estipula claramente que éste expirará el 17 de octubre de 2008.

    Varios periodistas que pusieron a prueba el reglamento poco después de que se promulgara comprobaron que efectivamente podían cubrir determinadas noticias sin necesidad de obtener previamente una autorización oficial. Algunos pudieron informar sobre asuntos delicados, como en el caso de las entrevistas de Reuters a Xinna, esposa de Hada, preso de conciencia de Mongolia Interior, y a Bao Tong, asesor del ex primer ministro Zhao Ziyang.(66) Asimismo, el semanario The Economist también pudo informar sobre los devastadores efectos del VIH/sida en la provincia de Henan.(67) Sin embargo, ejemplos más recientes ponen de manifiesto que algunas autoridades provinciales no están respetando el reglamento.(68) Cabe mencionar como ejemplo la detención policial y expulsión de dos periodistas de la BBC de Zhushan, provincia de Hunan, en marzo de 2007, cuando intentaban investigar los informes recibidos sobre la muerte de un estudiante durante una protesta masiva por el aumento de las tarifas del transporte público.(69)

    Ciertas autoridades locales parecen haber respondido a estas normas tratando de restringir el margen de acción de su funcionariado y animándolo a suprimir la publicación de noticias negativas. Por ejemplo, según informes, el gobierno de la ciudad de Pingdu, provincia de Shandong, emitió un documento en marzo en el que instaba a los funcionarios a "tomar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el impacto negativo de la información".(70) Un reportero de investigación afirmó que esto demostraba que las autoridades locales temían el aumento de transparencia que existiría en un entorno más abierto a los medios de comunicación.(71)

    El reglamento también debería verse en el contexto de las medidas introducidas en septiembre de 2006 para reforzar la supervisión, por parte de la agencia oficial Xinhua, de la difusión de noticias procedentes de agencias extranjeras dentro de China. Estas medidas prohíben la distribución de noticias e información que sirvan para "poner en peligro la seguridad nacional, la reputación y los intereses de China" o para "minar la estabilidad social de China" así como las noticias clasificadas en otras categorías definidas de forma amplia.(72) Por tanto, parece que, pese a que los periodistas extranjeros puedan tener más libertad para informar sobre asuntos delicados, existe un riesgo elevado de que las noticias sean censuradas y no lleguen al público chino, debido al control reforzado que ejerce la agencia Xinhua sobre la difusión de la información.

    Tres resoluciones oficiales han puesto de relieve los intentos de las autoridades de aumentar el control sobre los medios de comunicación nacionales desde principios de 2007:

    · En enero de 2007, El Departamento Central de Propaganda del Partido Comunista Chino impuso nuevas normas de "censura previa" por las que se obligaba a los medios de comunicación a solicitar autorización para informar sobre acontecimientos históricos o aniversarios significativos que implicasen a personajes considerados polémicos o delicados desde el punto de vista político;(73)

    · Posteriormente, el Departamento de Propaganda de la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión introdujo restricciones por las que se prohibía, en el periodo previo al XVII Congreso del Partido Comunista Chino de octubre, la cobertura de 20 asuntos específicos, incluidos los debates sobre corrupción judicial y las campañas para la protección de derechos;(74)

    · En febrero de 2007 se recibieron informes de que el Departamento Central de Propaganda del Partido Comunista Chino había puesto en marcha un sistema de penalización por puntos para la prensa y había indicado que los medios de comunicación a los que se les hubiesen deducido todos los puntos serían clausurados. Inicialmente se asignarían 12 puntos a los medios, pero no estaba claro cómo se determinarían o calcularían exactamente las "infracciones". Según informes, un ejecutivo de los medios de comunicación estatales afirmó que "el nuevo sistema envía un claro mensaje de que las máximas autoridades desean un entorno social pacífico con vistas al XVII Congreso del Partido Comunista y a los Juegos Olímpicos del año que viene".(75)
        Estas disposiciones endurecen las restricciones impuestas a los profesionales del periodismo y la literatura de la China continental, que ya trabajan en un ambiente sofocante de censura y se exponen a sufrir graves violaciones de derechos humanos si informan sobre cuestiones consideradas delicadas por las autoridades. Pese a estos riesgos, muchos periodistas chinos siguen realizando periodismo de investigación sobre asuntos medioambientales, de salud y de derechos humanos entre otros muchos temas, con la esperanza de que no parezcan ofensivos a la censura.

    Un caso reciente que suscitó considerable preocupación fue la paliza que acabó con la vida del reportero Lan Chengzhang en enero de 2007 cuando trataba de investigar las actividades de una mina ilegal de carbón en la comarca de Hunyuan, provincia de Shanxi. Murió de una hemorragia cerebral tras ser presuntamente golpeado por unos matones contratados por el propietario de la mina. En un primer momento, las autoridades locales sugirieron que Lan Chengzhang no era un periodista acreditado y que podría haber intentado conseguir beneficios del propietario de la mina a cambio de no informar sobre los problemas de la explotación minera.(76) Estas afirmaciones fueron refutadas en algunos periódicos chinos, pero, según informes, la policía local obstruyó las actividades de periodistas que fueron a Hunyuan a investigar la muerte de Lan.(77) Según la información recibida, tras la intervención de altos cargos del gobierno central, incluido el presidente Hu Jintao, las autoridades de Shanxi asignaron la investigación del caso a 70 agentes de policía.(78)

    Los homicidios de periodistas son poco habituales en China,(79) pero sí son generalizados otros abusos graves contra los derechos humanos de reporteros y periodistas, como la detención arbitraria y el encarcelamiento. Además, todos los medios de comunicación de China están sometidos a censura por parte de las autoridades. Frecuentemente se prohíben o se retiran de la circulación libros y artículos. Como ejemplos recientes cabe mencionar la prohibición de las memorias del veterano periodista chino Dai Huang y la retirada de la circulación de un libro cuyo título traducido es Historias pasadas de las estrellas de la Ópera de Pekín (伶人往事), de la escritora Zhang Yihe. Ambos autores han emprendido acciones judiciales para intentar que se anulen las decisiones, que fueron adoptadas por la Administración General de Prensa y Publicaciones de China.(80) Según informes, Wu Shulin, subdirector de este organismo, afirmó que el libro de Zhang había sido retirado debido a la polémica que genera la identidad de la escritora, más que por el contenido mismo del libro.(81)
        Yo creía que la situación actual de la justicia en China había mejorado desde la época en que estuve en la cárcel […]. Pero la preocupación [de las autoridades] pone de manifiesto que, con el tiempo, la supresión de los intelectuales ha marcado profundamente sus mentes y la gente todavía es presa del miedo […] Por eso tengo que resistir.
    Zhang Yihe.(82)

    En los últimos meses, las autoridades chinas también han tratado de hacer más estrictos los controles sobre Internet. Según informes, el 24 de enero de 2007, el presidente Hu Jintao ordenó a los funcionarios que regulasen mejor la Red y que "purificasen el entorno de Internet" para garantizar que la información en línea fuese "saludable" y "éticamente inspiradora".(83) A raíz de esta orden se han censurado en mayor medida ciertos sitios web, blogs y artículos en línea, incluidos los siguientes:

    · En marzo de 2007, la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión ordenó, según informes, el cierre de www.ccztv.com, sitio web que emitía noticias en Internet. Esta acción vino precedida por la adopción de medidas represivas contra ocho empresas de televisión por Internet en diciembre de 2006 en un intento de poner fin a las emisiones de noticias no autorizadas.
      · Ese mismo mes, el director de la Administración General de Prensa y Publicaciones, Long Xinmin, anunció que se estaban elaborando nuevas medidas para una mayor regulación de la publicación por Internet. Haciendo particular referencia a los autores y colaboradores de blogs y a las emisiones por Internet como principales retos, Long Xinmin declaró: "Debemos reconocer que en una era en la que Internet avanza a un ritmo vertiginoso, las medidas y los medios de supervisión y control del gobierno encuentran nuevos desafíos".(84) Una de las personas contra las que se han dirigido estas medidas ha sido, al parecer, el abogado pekinés Pu Zhiqiang, quien descubrió recientemente que tres de sus blogs han sido retirados del popular portal chino de Internet sohu.com. La única explicación que recibió fue un mensaje del administrador según el cual "era una orden de las autoridades superiores".(85) Pu Zhiqiang utilizaba sus blogs para debatir cuestiones jurídicas y asuntos relacionados con la libertad de expresión.

      · El 6 de marzo de 2007, las autoridades anunciaron la prohibición de abrir más cibercafés durante el resto del año.(86) Esta medida fue reforzada más adelante en el mismo mes cuando la agencia Xinhua informó de que las autoridades tomarían medidas enérgicas contra todo intento de vender nuevas licencias para la apertura de cibercafés. Tuo Zuhai, representante del Ministerio de Cultura, explicó que los casi 120.000 cibercafés de China ya satisfacían la demanda del mercado y que, de seguir aumentando, se generaría una "competencia negativa".(87)

      Amnistía Internacional considera que, si bien los periodistas extranjeros tienen ahora más libertad para realizar entrevistas en China, las restricciones a la difusión nacional de sus informaciones se ha vuelto más rigurosa y se han intensificado las políticas de censura y de control de los medios de comunicación chinos. Esta represión contradice las promesas de las autoridades chinas de asegurar "plena libertad de prensa" durante los Juegos Olímpicos.
          Actualización del caso de Huang Jinqiu: Huang Jinqiu sigue cumpliendo una condena de 12 años de prisión en la cárcel de Pukou, ciudad de Nanjing, provincia de Jiangsu, en relación con los escritos que publicaba en Internet. Parece que en los últimos meses ha mejorado el trato que recibe en prisión. Ahora le permiten escuchar la radio y leer periódicos, y, según informes, lo han asignado a la producción del boletín informativo de la prisión.
          Actualización del caso de Shi Tao: Shi Tao continúa cumpliendo una condena de 10 años de prisión por enviar un mensaje de correo electrónico que resumía un comunicado del Departamento Central de Propaganda chino sobre cómo debían tratar los periodistas el decimoquinto aniversario de la represión del movimiento de 1989 en favor de la democracia. Al parecer todavía trabaja con gemas, pero ha sido transferido del departamento de pulido al de elaboración de collares o cadenas, por lo que parece que ha mejorado su salud. Según informes, está sometido a un estricto control y las visitas de los familiares requieren la aprobación especial del director de la prisión. No se le permite recibir material impreso, ni siquiera libros o periódicos. En noviembre de 2006, la Asociación Mundial de Periódicos otorgó su galardón anual Pluma de Oro de la Libertad a Shi Tao.(88)
      En marzo de 2007, la Oficina del Comisionado para la Privacidad de los Datos Personales de Hong Kong absolvió a Yahoo! Hong Kong Ltd. de toda responsabilidad por proporcionar la información de usuario de la cuenta de correo de Shi Tao a las autoridades chinas, al parecer porque las pruebas necesarias para exigir responsabilidades a la empresa en virtud de las leyes de privacidad de Hong Kong "eran insuficientes".(89) Algunos de los elementos principales de la decisión giraban en torno a la relación entre Yahoo! Hong Kong y Yahoo! China, y a si la dirección IP de una persona constituía un dato de carácter personal.(90) Las personas que apoyan a Shi Tao han criticado la resolución, entre ellas Albert Ho, presidente del Partido Democrático de Hong Kong, que presentó la demanda en favor de Shi Tao. Amnistía Internacional sigue expresando honda preocupación por el papel que desempeñó Yahoo! en la entrega de información a las autoridades que contribuyó a garantizar una sentencia condenatoria contra Shi Tao, y, en términos más generales, por la participación de las empresas mundiales de Internet en la práctica de la censura gubernamental en China.



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      (1) "Zhou Yongkang orders crackdown on hostile forces at home and abroad in run-up to 17th CCP Congress" (迎接十七大，周永康要求严打境内外敌对势力), Duowei Xinwen wang, 21 de marzo de 2007. Véase también "China police chief urges crackdown on ‘hostile forces’", Agence France Presse (AFP), 20 de marzo de 2007.

      (2) República Popular de China: Los Juegos Olímpicos: empieza la cuenta atrás. ¿Tres años de reformas de derechos humanos?, agosto de 2005 (Índice AI: ASA 17/021/2005) y República Popular de China: La cuenta atrás hacia las Olimpíadas. El incumplimiento de las promesas relativas a los derechos humanos, septiembre de 2006 (Índice AI: ASA 17/046/2006).

      (3) Véase "Foreign Ministry Spokesman Qin Gang's Regular Press Conference on 21 September 2006", 22 de septiembre de 2006, disponible en http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/t273085.htm.

      (4) Véanse, por ejemplo, las declaraciones de la portavoz del COI Giselle Davies en "China: Amnesty International Blasts Rights Observance Ahead Of Olympics", Radio Free Europe/Radio Liberty, 21 de septiembre de 2006.

      (5) Véase ASA 17/046/2006, nota 58.

      (6) Pueden consultarse las actas de la reunión (en inglés) en: http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/B0ACE4B6EF0F09BDC125729C00427038?OpenDocument. La traducción de las citas al español es de EDAI.

      (7) "China pulls back on death penalty", United Press International (UPI), 16 de marzo de 2007, disponible en http://www.playfuls.com/news_10_19344-China-Pulls-Back-On-Death-Penalty.html.

      (8) "Chief justice vows ‘extreme caution’ in death penalty cases" Beijing Review, 15 de marzo de 2007, disponible en http://www.bjreview.com.cn/headline/txt/2007-03/15/content_59293.htm.

      (9) Para obtener más información sobre la estructura de las comisiones de revisión y sobre algunos aspectos del proceso de revisión, véanse "Death penalty reform should bring drop in Chinese executions", Dialogue, Issue 26, Winter 2007, Fundación Dui Hua, disponible en: http://www.duihua.org/our_work/publications/newsletter/nl_index/NL_2007.htm, y "Report from China: Supreme People’s Court", de Jiahong Yang, disponible en: http://www.thecourt.ca/2007/03/27/report-from-china-supreme-peoples-court/.

      (10) Profesor Chen Weidong, citado en "Five big queries remain on restoration of SPC review of death sentences" (最高法院收回死刑复核权存在五大悬疑), 19 de diciembre de 2006, http://news.sina.com.cn/c/2006-12-19/102111830638.shtml.

      (11) Véase ASA 17/046/2006.

      (12) El profesor Chen Guangzhong, experto en derecho procesal penal chino, hizo hincapié en estos aspectos durante la presentación que realizó en una conferencia internacional: "Delincuencia, derecho y justicia en las sociedades chinas: desafíos globales y respuestas locales", Universidad China de Hong Kong, 16-18 de marzo de 2007.

      (13) "Reglamento relativo a varios aspectos de la aprobación de los casos de pena de muerte por el Tribunal Supremo Popular " (最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定), en vigor a partir del 28 de febrero de 2007. Disponible en chino en: http://rmfyb.chinacourt.org/public/detail.php?id=106249. El reglamento especifica que en la mayoría de los casos el Tribunal Supremo Popular deberá devolver la causa al Alto Tribunal Popular para la celebración de un nuevo juicio si se han detectado errores en la sentencia. El Tribunal Supremo sólo podrá modificar directamente las condenas a muerte en ciertos casos en los que una persona acusada se enfrenta a varias penas capitales, o en los que sean varios los acusados sobre quienes pesan condenas a muerte.

      (14) "China’s Supreme People’s Court to order provinces to retry death sentences", Xinhua, 28 de febrero de 2007, disponible en: http://en.chinacourt.org/public/detail.php?id=4134.

      (15) "Supreme People’s Court, Supreme People’s Procuratorate, Ministry of Public Security and Ministry of Justice demand that death penalty cases are dealt with more strictly and according to the law" (最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部要求进一步严格依法办案确保办理死刑案件质量), disponible en: http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=237697. Véanse también "Procedures detailed for death penalties", China Daily, 12 de marzo de 2007, y "Chinese law enforcement agencies urge caution in handling death penalty cases", Xinhua, 11 de marzo de 2007.

      (16) Véase 最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释, disponible en: http://www.cecc.gov/pages/selectLaws/criminalJustice/supremeCourtInterpretation.php?PHPSESSID=2a75dd13357692203938d2d07509d2a1. Véanse también People’s Republic of China: Executed according to law? – the death penalty in China, marzo de 2004 (ASA 17/003/2004), y el artículo web ¿Ejecuciones "con arreglo a la ley"? La pena de muerte en China, marzo de 2004, en: http://web.amnesty.org/pages/chn-220304-feature-esl.

      (17) Véanse, por ejemplo, las observaciones del ex jefe del departamento de investigación del Tribunal Supremo Popular, profesor Zhou Daoluan, en "China takes serious control over death penalty judgments" (中国严格"把关"死刑判决), Beijing Review, 6 de febrero de 2007.

      (18) "Review of death penalty cautious and strict: Supreme Court", Xinhua, 13 de marzo de 2007.

      (19) Para obtener más información, véase "Executions of three protestants despite evidence of torture raises fear of a rush to carry out death sentences", Red de Defensores Chinos de los Derechos Humanos, 4 de diciembre de 2006.

      (20) "Supreme People’s Court approves four death sentences", Xinhua, 19 de marzo de 2007. Los nombres de las personas ejecutadas son: Yu Maoge, Zhao Guiyong, Liu Shilin y Li Shumu.

      (21) Los nombres de las personas ejecutadas son: Liu Jianzhong (刘建中), Yang Zhonghua （杨仲华）, Xu Yinggang （徐应刚）, Li Dongsheng （李东生）, Mei Zhanxiu （梅占秀）, Ma Xuegang （马雪刚）, Li Jinhua （李金花）, Lin Wenqing （蔺文清）, Ma Shunqing （马顺清）, Fan Shexin （樊社新）, Ismail Semed （伊斯马依‧赛买提）, Cao Zhongzhi （曹忠治） y Chen Ji （陈吉）.

      (22) Véanse, por ejemplo, las observaciones de los profesores Zhao Bingzhi y Chen Weidong en "Five big queries […]" op. cit.

      (23) Cita original en chino de "Five big queries […]" op. cit.

      (24) "No word on death sentence numbers", South China Morning Post, 14 de marzo de 2007.

      (25) "Least number of death sentences meted out in 2007", Xinhua, 15 de marzo de 2007.

      (26) Ibíd.

      (27) Estas cifras son algo menores que las que documentó Amnistía Internacional en años anteriores, pero pueden deberse a un menor grado de información, y no necesariamente a un descenso en el número de ejecuciones y condenas a muerte.

      (28) Estadísticas presentadas por John Kamm, director ejecutivo de la Fundación Dui Hua, en la conferencia de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, celebrada en París, Francia, del 1 al 3 de febrero de 2007.

      (29) La cifra de 8.000 ejecuciones calculada por el profesor Liu Renwen se cita en el informe anterior sobre la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos (ASA 17/046/2006), p. 4.

      (30) Véanse Amnistía Internacional: Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2006, abril de 2007 (ACT 50/004/2007), Datos y cifras sobre la pena de muerte, abril de 2007 (ACT 50/002/2007) y Lista de países abolicionistas y retencionistas (a 1 de enero de 2007), abril de 2007 (ACT 50/001/2007).

      (31) Para consultar la carta abierta (en chino), véase: http://www.cnhubei.com/200612/ca1226726.htm.

      (32) Las hormigas se usan como ingrediente en algunas especialidades de la medicina china.

      (33) Véase, por ejemplo, "Procuratorate official suggests abolishing the death penalty for economic crimes and increasing prison sentences to 30 years" (检察官建议废除经济犯罪死刑 将刑期提高到30年), Zhongguo Xinwen Wang, 22 de marzo de 2007.

      (34) Véase, por ejemplo, Informe del Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de la resolución 1996/74 de la Comisión de Derechos Humanos, párr. 91, 24 de diciembre de 1996 (Doc. ONU E/CN.4/1997/60).

      (35) Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y ejecuciones sumarias. Informe del Relator Especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, versión editada preliminar, 29 de enero de 2007 (Doc. ONU: A/HRC/4/20), nota 57. Los otros países mencionados son Irán, Malaisia, Singapur, Tailandia y Estados Unidos.

      (36) "China said to have ‘strict restrictions’ on use of executed criminals’ organs", Xinhua, 13 de marzo de 2007.

      (37) Véase ASA 17/046/2006.

      (38) Véanse las citas de pacientes de transplante de órganos del Hospital Zhongshan de Shanghai: "La otra cara de China: el auge del negocio de la muerte", El Economista, 2 de octubre de 2006.

      (39) "Organ sales ‘thriving’ in China", BBC, 27 de septiembre de 2006, disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5386720.stm.

      (40) Ibíd.

      (41) "Regulations for Human Organ Transplant", publicado por Xinhua, 6 de abril de 2007.

      (42) "Draft law on organ transplants passed", South China Morning Post, 23 de marzo de 2007.

      (43) Ibíd.

      (44) "Beijing may force drug abusers into year-long rehab", Xinhua, 7 de febrero de 2007.

      (45) Ibíd.

      (46) Para consultar los motivos de preocupación relacionados con el uso de la reeducación por el trabajo en Pekín antes de los Juegos Olímpicos, véase ASA 17/046/2006, pp.8-10. Al igual que en el sistema de reeducación por el trabajo, las personas que permanecen en centros de "rehabilitación forzosa por drogas" han sido recluidas sin el debido proceso y, según informes, las condiciones de reclusión son lamentables. Para más información, véase Locked Doors: The Human Rights of People Living with HIV/AIDS in China, Human Rights Watch, agosto de 2003.

      (47) "Lawyers win role for people facing labour-camp cases", South China Morning Post, 4 de abril de 2007. El texto completo del reglamento está disponible (en chino) en: http://www.acla.org.cn/pages/2007-4-5/s38842.html

      (48) Ibíd. Cita de Han Deyun, abogado de Chongqing.

      (49) Véanse, por ejemplo, los comentarios los abogados pekineses Teng Biao y Mo Shaoping en "Chongqing permits lawyers to represent RTL cases" (中国重庆允许律师代理劳动教养案), Voice of America, 4 de abril de 2007. Teng Biao observa que, en el pasado, la policía impedía por lo general que los abogados prestasen asistencia a las personas sospechosas, y se teme que en la práctica siga siendo así, especialmente en el periodo que transcurre entre la detención inicial y la adopción de la decisión de someter a la persona a reeducación por el trabajo. Mo Shaoping hace constar que siempre se ha permitido a los abogados, al menos en principio, asistir a las personas detenidas en la preparación de recursos administrativos contra la decisión de la policía de someterlas al programa de reeducación por el trabajo.

      (50) "New law to abolish laojiao system", China Daily, 1 de marzo de 2007.

      (51) Véase People’s Republic of China: Abolishing ‘Re-education through Labour’ and other forms of punitive administrative detention – an opportunity to bring the law into line with the International Covenant on Civil and Political Rights, mayo de 2006 (Índice AI: ASA 17/016/2006)

      (52) Para obtener información detallada sobre estas normas, véase ASA 17/016/2006, op. cit.

      (53) "Beijing to relax grip beyond Olympics – China dissident", Reuters, 17 de abril de 2007

      (54) "Secrecy as hunt for outside Games’ volunteers begins", South China Morning Post, 29 de marzo de 2007.

      (55) Ibíd.

      (56) "Olympic preview as China cracks down on dissent", AFP, 14 de marzo de 2007.

      (57) Ibíd.

      (58) "维权网"致全国人大公开信：建议启动对"煽动颠覆国家政权罪"的违宪审查，废除以言治罪的"合法"工具", http://crd-net.org/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=3619, traducido (al inglés) en http://crd-net.org/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=3744.

      (59) Para más información, véanse la Acción Urgente de Amnistía Internacional China: Temor por la seguridad / Amenazas de muerte: Gao Zhisheng, 19 de enero de 2006 (ASA 17/001/2006), y sus actualizaciones ASA 17/047/2006, ASA 17/055/2006 y ASA 17/007/2007.

      (60) En virtud de la Ley de Procedimiento Penal de China, la "vigilancia domiciliaria" es una de las diversas medidas que puede aplicar la policía a las personas detenidas antes de que se las acuse formalmente de algún delito. Durante ese tiempo, los sospechosos no tienen derecho de acceso a un juez para impugnar los motivos de su detención, excepto cuando ésta ha sobrepasado el límite de seis meses establecido por la ley. Resulta extremadamente difícil presentar tal recurso de impugnación, sobre todo si la policía no proporciona documentos legales al inicio de la detención. Incluso en las condiciones previstas por la legislación china, la "vigilancia domiciliaria" conculca elementos esenciales del derecho a un juicio justo recogidos en las normas internacionales de derechos humanos, tales como el derecho internacional consuetudinario y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas normas establecen el derecho de toda persona a ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado y el derecho a impugnar la legalidad de la detención.

      (61) Para obtener más datos e información complementaria acerca de Qi Zhiyong, véase el informe anterior sobre la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos (ASA 17/046/2006).

      (62) Véase infra y el informe anterior sobre la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos (ASA 17/046/2006) para obtener más información acerca de Chen Guangcheng y Yuan Weijing.

      (63) Citado en "Blind birth-control activist loses plea", South China Morning Post, 13 de enero de 2007.

      (64) Véase "Index Freedom of Expression Awards" en http://www.indexonline.org/en/news/articles/2007/1/index-awards-shortlist-2007.shtml.

      (65) "Reglamento relativo a las actividades de información por parte de periodistas extranjeros en China durante los Juegos Olímpicos de Pekín y el periodo preparatorio" ("Regulations on reporting activities in China by foreign journalists during the Beijing Olympic Games and the preparatory period"), Xinhua, 1 de diciembre de 2006, art. 6. Se han promulgado normas similares para los periodistas de Hong Kong, Macao y Taiwán.

      (66) "China sticks, in part, to vow on media freedom", Reuters, 1 de enero de 2007.

      (67) "China’s AIDS scandal", The Economist, 18 de enero de 2007.

      (68) Para obtener información más detallada, véase "Disturbing lapses in application of new rules for foreign media", Reporteros sin Fronteras, 22 de marzo de 2007.

      (69) Ibíd.

      (70) "Free media for Games=media free of bad news, one city says", South China Morning Post, 20 de marzo de 2007.

      (71) Ibíd.

      (72) Artículo 11 de las "Medidas para gestionar la difusión de noticias e información en China por parte de agencias de noticias extranjeras" ("Measures for administering the release of news and information in China by foreign news agencies"). Texto completo (en inglés) en People’s Daily, 10 de septiembre de 2006.

      (73) "Party introduces new censorship rule", South China Morning Post, 16 de enero de 2007.

      (74) "Chinese media regulator sets out ‘forbidden areas’", South China Morning Post, 24 de febrero de 2007.

      (75) "China tightens media grip with penalty points system", South China Morning Post, 9 de febrero de 2007.

      (76) See "China outcry grows over beating death of reporter", Reuters, 17 de enero de 2007.

      (77) Ibíd.

      (78) "Hu orders inquiry into fatal beating of reporter at mine", South China Morning Post, 25 de enero de 2007.

      (79) Se sabe que dos periodistas murieron en China en 2006 tras ser golpeados ambos, según informes, por la policía: Wu Xianghu y Xiao Guopeng. Para más información, véase: China – Informe Anual 2007, Reporteros sin Fronteras, e "International Press Institute (IPI) condemns killing of Chinese journalist", Instituto Internacional de Prensa (IPI), 17 de enero de 2007.

      (80) Hasta el momento, los tribunales se han negado a aceptar la demanda de Dai Huang, y la demanda de Zhang Yihe todavía está en preparación. Para obtener más información, véase "China’s press Czar vs. authors of censored books", CRD, 22 de marzo de 2007.

      (81) Véase "Author confronts the censors again", South China Morning Post, 25 de enero de 2007. Zhang Yihe, al ser hija del "derechista" Zhang Bojun, pasó diez años en la cárcel durante la Revolución Cultural y sus dos obras anteriores también se habían prohibido.

      (82) Ibíd.

      (83) "Chinese president order tighter controls over Internet", Xinhua, 24 de enero de 2007, y "China’s Hu vows to ‘purify’ Internet", Reuters, 24 de enero de 2007.

      (84) "China looks to rein in bloggers", Reuters, 12 de marzo de 2007.

      (85) "Internet police keep tight grip on blogs", South China Morning Post, 8 de marzo de 2007.

      (86) "China bans new Internet cafes", AFP, 6 de marzo de 2007

      (87) "Chinese pledges to eradicate sales of new Internet bar licences", Xinhua, 20 de marzo de 2007.