Document - Myanmar: Crimes against humanity in eastern Myanmar

[Embargado hasta el: 5 de junio de 2008]

Público

Amnistía Internacional

Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental

Resumen

Índice AI: ASA 16/011/2008

Los soldados, antes de marcharse del pueblo, colocaron minas terrestres, una de ellas delante de la iglesia. Un anciano, de unos 70 años, pisó una y murió [...] Lo perdí todo: la cocina, los muebles, la reserva de arroz. No quedó ni un papel. Lo mismo les sucedió a las otras 19 familias cuyas casas quemaron.

Cultivadora de arroz del municipio de Tantabin

En los últimos nueve meses, Myanmar ha sido testigo de tres momentos clave de la turbulenta historia reciente del país: la brutal represión tras las manifestaciones masivas de septiembre de 2007, un referéndum constitucional con graves defectos tanto de contenido como de procedimiento, y un desastre humanitario y de derechos humanos tras el paso del ciclón Nargis.

Al mismo tiempo, está surgiendo otra emergencia de derechos humanos en el este del país. Durante dos años y medio, el ejército birmano, conocido como tatmadaw, ha desatado una ofensiva contra la población civil karen del estado de Kayin (Karen) y la división de Bago (Pegu), ofensiva que incluye violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.

Al contrario que en las campañas contra la insurgencia llevadas a cabo durante casi 60 años contra la Unión Nacional Karen y su brazo armado (el Ejército de Liberación Nacional Karen), en la ofensiva actual la población civil es el objetivo principal. La operación actual es la más grande llevada a cabo en la última década, y es excepcional en cuanto a que, al contrario que las operaciones estacionales anteriores, que por lo general concluían al llegar la estación de lluvias –entre mayo y octubre–, esta ofensiva ha continuado a lo largo de dos estaciones de lluvias consecutivas y no da señales de detenerse ahora que ha llegado ya la tercera.

Se calcula que en el estado de Kayin y en el este de la división de Bago 147.800 personas se han visto obligadas a desplazarse internamente, y continúan en esa situación. Muchas de ellas han sido objeto de otras violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trabajo forzoso –incluido el porteo–, destrucción de casas y pueblos enteros, destrucción o confiscación de cosechas y reservas de alimentos, y otras formas de castigo colectivo.

Civiles karen de poblaciones pequeñas relataron a Amnistía Internacional la forma en que viven temiendo por su vida, por su dignidad y por sus bienes, tras haber sufrido o presenciado torturas, ejecuciones extrajudiciales, trabajos forzados y la destrucción de casas. Según las descripciones, esos abusos van dirigidos contra civiles, simplemente por su etnia karen o por vivir en zonas de mayoría karen, o como represalia por las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen.

Amnistía Internacional ha documentado cómo estas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos han venido precedidas o acompañadas de constantes amenazas y advertencias del ejército, y de declaraciones de autoridades gubernamentales de Myanmar. Por ello, a la organización le preocupa que sean resultado de una política oficial del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno de Myanmar) y el ejército. Además, el ejércitoparece gozar de impunidad por los abusos cometidos contra civiles karen. La impunidad imperante para estos delitos, sin vía de reparación para las víctimas, ha contribuido a la actual crisis de derechos humanos del país.

Los crímenes de lesa humanidad son ciertos actos que, ya se cometan en tiempos de guerra o de paz, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un acto como el asesinato, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos puede constituir un crimen de lesa humanidad “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Esta definición refleja el derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados, independientemente de que sean parte o no en el Estatuto.

Recomendaciones

Basándose en los hechos presentados en este informe, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones:

Al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo

● Que ponga fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas, que incluyen ataques contra civiles, ataques indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, destrucción de casas y cosechas y trabajo forzoso.

● Que garantice que todos los actos que violan el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos son investigados sin demora y de forma independiente e imparcial, y que los presuntos autores, incluidos los presuntos responsables de ordenar esos actos, comparecen ante la justicia, independientemente de su rango.

● Que garantice que las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos reciben una reparación completa, que incluya restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

A los grupos armados de oposición

● Los grupos armados de oposición deben comprometerse públicamente a respetar las disposiciones del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y otras disposiciones del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados no internacionales.

A la ONU

● El Consejo de Seguridad debe pedir que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo ponga fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas, incluidas las cometidas en la actual ofensiva en Myanmar oriental.

● El Consejo de Seguridad debe estudiar la posibilidad de visitar Myanmar, incluidas las regiones orientales, para obtener información de primera mano en torno a la situación sobre el terreno.

● El Consejo de Seguridad debe pedir al secretario general que presente un informe específico sobre la situación en Myanmar oriental.

● El Consejo de Seguridad debe imponer un embargo de armas general y obligatorio para Myanmar, que debe abarcar el suministro directo e indirecto de material, municiones y conocimientos militares y de seguridad, incluidas las transferencias de armas supuestamente “no letales”.

● El secretario general debe seguir vigilando de cerca la situación humanitaria y de derechos humanos de Myanmar e informando sobre ella, y debe utilizar su mandato de buenos oficios para seguir instando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a poner fin a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas en el estado de Kayin y la división de Bago. También debe instarle a terminar con la impunidad por esas violaciones y a garantizar el acceso seguro y sin trabas a las organizaciones humanitarias.

● La Asamblea General debe hacer un seguimiento de las recomendaciones que formuló en la Resolución 61/232 (2006), en la que hace un llamamiento al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo para que “[a]dopte medidas urgentes para poner fin a las operaciones militares contra civiles de las zonas habitadas por minorías étnicas y a las violaciones conexas de los derechos humanos y del derecho humanitario cometidas contra personas que pertenecen a las nacionalidades étnicas, como los actos de violación generalizados y otras formas de violencia sexual perpetradas sistemáticamente por miembros de las fuerzas armadas, y facilite una misión de investigación compuesta por representantes de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que ayude a determinar las medidas necesarias para mitigar las consecuencias humanitarias y en materia de derechos humanos del conflicto en el estado de Karen”.

● El Consejo de Derechos Humanos debe incluir en sus deliberaciones y acciones sobre la situación en Myanmar un enfoque específico sobre la situación humanitaria y de derechos humanos en el estado de Kayin y la división de Bago. El Consejo de Derechos Humanos debe seguir además instando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a prestar su plena colaboración al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar y a otros órganos de la ONU.

A los Estados miembros de la ONU

● Que ejerzan la jurisdicción universal sobre las personas sospechosas de estar implicadas en crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar.

● Que suspendan de inmediato el suministro a Myanmar de todas las transferencias directas e indirectas de material, municiones y conocimientos militares y de seguridad, incluidas las transferencias de armas supuestamente “no letales”.

A la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

● Que inste al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, tanto en el marco de la ASEAN como en los intercambios entre países individuales, a poner fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el estado de Kayin y la división de Bago, y a cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales, incluidas las obligaciones básicas establecidas por la Carta de la ASEAN.

Este texto resume el documento titulado Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental (Índice AI: ASA 16/011/2008), publicado por Amnistía Internacional en junio de 2008. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

Público

Amnistía Internacional

Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental

Índice AI: ASA 16/011/2008

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE

Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental

Perdimos lo que quedaba de nuestra paz¹

1 Introducción

En agosto y septiembre de 2007 tuvieron lugar en todo Myanmar las manifestaciones más grandes en casi 20 años. Las protestas por el fuerte incremento del precio del combustible, en medio de una crisis económica generalizada y de proporciones notables, fueron convirtiéndose gradualmente en manifestaciones en favor de la democracia encabezadas por monjes budistas. El gobierno de Myanmar respondió a finales de septiembre reprimiendo violentamente la libertad de expresión y asamblea, dando muerte a al menos 31 personas –aunque era probable que la cifra ascendiera a más de un centenar– y deteniendo a miles más. Tras esta represión, la comunidad internacional se unió para expresar una indignación inmediata por la situación. Entre las recomendaciones formuladas se encontraban el redoblar los esfuerzos de las Naciones Unidas para poner fin a la represión, el abordar algunas de las violaciones de derechos humanos subyacentes y el acelerar los esfuerzos del gobierno para adoptar la democracia a través de un proceso de reconciliación nacional.

El 2 y 3 de mayo de 2008, el ciclón Nargis azotó Myanmar, dejando tras de sí decenas de miles de muertes y a dos millones de personas afectadas por el desastre. Pese a sus devastadoras consecuencias, el gobierno siguió con sus planes y, el 10 de mayo –el 24 en las zonas más afectadas por el ciclón–, realizó un referéndum nacional sobre una nueva Constitución bastante deficiente, y planeaba celebrar elecciones nacionales en 2010. Mientras miles de sus ciudadanos luchaban por conseguir un cobijo básico, comida y atención médica, el gobierno dio prioridad a la aceptación de una nueva Constitución que socava el respeto por los derechos humanos y afianza el gobierno militar y la impunidad.²

Casi dos años antes de estas recientes crisis, el ejército de Myanmar –conocido como tatmadaw– lanzó una ofensiva militar contra la población civil karen del estado de Kayin (Karen) y la división de Bago (Pegu). Desde noviembre de 2005, más de 140.000 civiles karen han muerto o han sufrido tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, trabajo forzoso u otras violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, y la ofensiva continuada contra los civiles karen apenas llega ahora a las pantallas internacionales.

Este informe se centra en las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el estado de Kayin y la división de Bago entre 2005 y todo el 2007. Incluye información sobre los abusos cometidos por el ejército durante las operaciones militares en el norte del estado de Kayin y las zonas adyacentes, y sobre las políticas y prácticas militares que han atacado a la población civil y han negado a muchas personas sus derechos humanos. El ejército lleva casi 60 años librando campañas contra la Unión Nacional Karen y su brazo armado (el Ejército de Liberación Nacional Karen). Sin embargo, no está nada claro que la actual ofensiva se esté llevando a cabo en absoluto en el contexto de la contrainsurgencia, ya que la población civil ha sido su principal objetivo –no un daño colateral–, y el ejército ha evitado abiertamente los enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional Karen.

Durante la ofensiva militar se han cometido las siguientes violaciones, generalizadas y sistemáticas, de derechos humanos: homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos a personas detenidas y presas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trabajo forzoso –incluido el porteo–, desplazamiento forzado, destrucción o confiscación de cosechas y reservas de alimentos, y otras formas de castigo colectivo. Estos abusos, dirigidos contra civiles o llevados a cabo de forma indiscriminada, han venido precedidos o acompañados de constantes amenazas y advertencias del ejército, y de declaraciones de autoridades gubernamentales de Myanmar. Amnistía Internacional teme que estas prácticas sean resultado de una política oficial del gobierno y el ejército, y considera que constituyen crímenes de lesa humanidad.³

Amnistía Internacional siente además preocupación porque el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno militar de Myanmar) no ha cumplido con su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de proteger a la población civil frente a los abusos generalizados de derechos humanos en el contexto del conflicto armado. A la organización le preocupa la aparente impunidad de que goza el ejército por las violaciones cometidas contra civiles karen, y le inquieta la ausencia de vías de reparación.

Este informe se basa en los testimonios de más de 50 personas del estado de Kayin y la división de Bago que huyeron de la actual ofensiva y llegaron a Tailandia o a un campo de desplazados internos del estado de Kayin entre finales de 2005 y octubre de 2007. Esta información de primera mano fue reunida por investigadores de Amnistía Internacional en julio de 2006 en los campos de refugiados de Tailandia, y en noviembre de 2007 en el campo de desplazados internos, y también a través de otras fuentes. Se calcula que en el estado de Kayin y en el este de la división de Bago 147.800 personas se han visto obligadas a desplazarse internamente, y continúan en esa situación, a causa de la continuada ofensiva y de las violaciones de derechos humanos que la acompañan.⁴ Las personas que huyeron del conflicto describieron un aumento de la frecuencia y la intensidad de las violaciones de derechos humanos a medida que aumentaban las actividades y la presencia militar en los distritos de Hpa’an y Papun, en el estado de Kayin, y el distrito de Nyaunglebin, en la división de Bago.⁵

Civiles karen de poblaciones pequeñas relataron a Amnistía Internacional la forma en que viven temiendo por su vida, por su dignidad y por sus bienes, y describieron decenas de casos de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada ocurridos en sus comunidades.⁶ Según estas personas, estos abusos eran una aparente represalia por las actividades militares del Ejército de Liberación Nacional Karen, estaban dirigidos deliberadamente contra civiles, o se debían simplemente a la etnia karen de las víctimas o al hecho de que vivían en zonas de mayoría karen. Estas personas dijeron también que el ejército les había dicho que eran responsables de la seguridad de los militares. El ejército atacó y destruyó localidades y ordenó a sus habitantes que se reasentaran en otro lugar. Además, según los informes, destruyó cosechas y almacenes de alimentos. En otros lugares impidió a los granjeros cultivar sus tierras o comprar alimentos, y en algunas zonas anunció una política de disparar a matar contra quienes se encontraran fuera de su localidad. Obligaron a personas a actuar como porteadoras para el ejército, y a llevar a cabo otros trabajos forzados no remunerados, en algunos casos con el doble de frecuencia de lo que lo habían hecho antes. El uso de minas terrestres por parte tanto del ejército como del Ejército de Liberación Nacional Karen, incluso en campos y carreteras, aumentó notablemente durante la ofensiva. Las personas que huían de los abusos de los militares, o que infringían las normas para cultivar o comprar comida, se arriesgaban a que las mataran. El aumento de la presencia militar dio lugar a una escasez considerable de recursos para la población civil, a lo que contribuyeron las exigencias del ejército de alimentos y de trabajo forzoso no remunerado. Dos años y medio después del comienzo de la ofensiva, estos abusos continuaban.

Amnistía Internacional no ha tenido acceso directo a las áreas en las que se estaban cometiendo los abusos y violaciones de derechos humanos descritos en este informe. Sin embargo, las descripciones que escuchó la organización coincidían con un patrón antiguo y bien documentado de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas durante operaciones militares anteriores contra la oposición armada o directamente contra la población civil.⁷ Para proteger frente a las represalias a las personas que han prestado su testimonio, los nombres de esas personas, y en ocasiones de sus localidades, no se especifican en el informe.

La actual ofensiva militar, que comenzó en noviembre de 2005, vino precedida por otros intentos del ejército de hacerse con el control de la zona montañosa del norte del estado de Karen y los territorios adyacentes, donde la Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen tiene una presencia más fuerte que en otras zonas del estado y donde viven muchos civiles karen. La operación actual es la más grande llevada a cabo en la última década, y es excepcional en cuanto a que, al contrario que las operaciones estacionales anteriores, que por lo general concluían al llegar la estación de lluvias –entre mayo y octubre–, esta ofensiva ha continuado a lo largo de dos estaciones de lluvias consecutivas y no da señales de detenerse ahora que ha llegado ya la tercera.

En abril de 2006, el ministro de Información de Myanmar, el general de brigada Kyaw Hsan, afirmó en una conferencia de prensa que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo había tomado “medidas de seguridad” contra la Unión Nacional Karen, y que los lugares en los que podían ocultarse “elementos destructivos” serían “despejados”.⁸ En otra conferencia de prensa, en mayo de 2006, añadió que el ejército había lanzado una ofensiva “para proteger a la población rural” frente a los abusos del Ejército de Liberación Nacional Karen, y había “peinado la zona por motivos de seguridad y protegido la vida y los bienes de la población”.⁹ Dijo que el desplazamiento masivo de civiles en el estado de Kayin era una estratagema de la Unión Nacional Karen para impedir que sus miembros dimitieran y para conseguir el apoyo internacional para que se incluyera la situación de los derechos humanos de Myanmar en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU. También señaló la presunta implicación de la Unión Nacional Karen en la colocación de minas antipersonal y en la quema de casas.

Sin embargo, por el contrario, las investigaciones de Amnistía Internacional señalan como causa primera del desplazamiento de miles de civiles las violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional por parte del ejército y, en menor medida, de las fuerzas paramilitares aliadas del gobierno. El Ejército Budista Democrático Kayin, escindido de la Unión Nacional Karen en 1994, es el principal grupo paramilitar aliado del ejército. Además, Amnistía Internacional siente preocupación porque la ofensiva no es una medida de seguridad o contrainsurgencia contra el Ejército de Liberación Nacional Karen, sino una operación dirigida principalmente contra la población civil. Muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus casas como consecuencia directa de la estrategia de “Cuatro Cortes” del ejército, utilizada desde hace décadas y concebida para cortar el acceso de los grupos armados de oposición a la comida, la financiación, el reclutamiento y la información. Otras personas han tenido que marcharse tras los repetidos requerimientos del ejército –como el trabajo forzoso y la requisa excesiva de alimentos–, que han dificultado enormemente la supervivencia de la población civil. Tal como dijo a Amnistía Internacional un granjero de 48 años que abandonó su pueblo en el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) para buscar refugio en Tailandia en marzo de 2006: “Estamos acostumbrados a sufrir. Llevamos sufriendo desde 1995. Si hubiéramos podido sobrevivir allí, no habríamos venido aquí”.

Los testimonios y otra información recogidos por Amnistía Internacional, así como la información de otras fuentes, suscitan una honda preocupación, pues indican que las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos contra la población karen descritas en este informe han formado parte de un patrón generalizado y sistemático de crímenes cometidos durante la última década y media. Las pruebas sugieren que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, y que la impunidad que impera para ellos en el país ha contribuido a crear nuevas crisis de derechos humanos como, en especial, la represión gubernamental de las manifestaciones de septiembre de 2007.

Los crímenes de lesa humanidad son ciertos actos que, ya se cometan en tiempos de guerra o de paz, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Los actos aislados no constituyen crímenes de lesa humanidad, pero incluso una persona que cometa un único acto que forme parte de ese ataque puede ser culpable de estos crímenes.

El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define los crímenes de lesa humanidad como “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque [...]”. Los ataques que enumera a continuación incluyen, entre otros, el asesinato, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos.¹⁰ Aunque Myanmar no es parte en el Estatuto de Roma, la definición de crímenes contra la humanidad realizada en él refleja el derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados, independientemente de que sean parte o no en el Estatuto.

Amnistía Internacional insta por tanto al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a poner fin de inmediato y prevenir todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el estado de Kayin y la división de Bago, y a garantizar que se investigan de forma inmediata, independiente e imparcial. Los presuntos autores, independientemente de su rango y categoría, deben comparecer ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, y las víctimas deben tener acceso a la justicia y la reparación, de conformidad con las normas internacionales.

Dadas la persistente falta de cooperación efectiva del gobierno de Myanmar con los órganos de la ONU y la continuación de la ofensiva en el estado de Kayin y la división de Bago, Amnistía Internacional insta a la ONU, y en particular a su Consejo de Seguridad, a mantener una estrecha vigilancia sobre la situación de Myanmar. El Consejo de Seguridad debe emprender acciones adicionales para garantizar que se pone fin de inmediato a los actos que constituyen crímenes contra la humanidad y a todas las demás violaciones del derecho internacional, y debe garantizar que los autores de esos crímenes comparecen ante la justicia y que las víctimas reciben reparación.

2 Información general

2.1 Los karen

Los karen, grupo étnico de origen sino-tibetano, es el segundo en tamaño de los 135 grupos étnicos que constituyen más de un tercio de la población de Myanmar. Los miembros de estos grupos viven principalmente en los siete estados que rodean la llanura central de Myanmar, y que reciben cada uno el nombre del grupo étnico que predomina en su población. Sin embargo, también hay miembros de estos grupos étnicos que residen en las otras siete divisiones –pobladas principalmente por la etnia mayoritaria birmana– que componen Myanmar. Según estadísticas oficiales, en Myanmar viven casi 3.500.000 karen, de los que más de 830.000 residen en el estado de Kayin.¹¹ Entre los karen hay budistas practicantes, cristianos y animistas. Este informe se centra en el norte del estado de Kayin y las zonas vecinas de la división de Bago. Se trata de una zona montañosa y de densos bosques, poblada principalmente por agricultores que cultivan arroz como medio de sustento. Algunos cultivan también café, nueces de betel o cardamomo, o plantan otros cultivos comerciales como bananas o caña de azúcar. Como sus campos suelen estar alejados de sus poblados, los granjeros pasan un tiempo considerable fuera de sus casas para cuidar de sus cosechas, durmiendo en sus campos o en refugios construidos de bambú y hojas.

2.2 La oposición armada karen

Desde que Myanmar se independizó de Reino Unido en 1948, los grupos armados de oposición de distintas minorías étnicas han luchado contra el gobierno central para conseguir la independencia o una mayor autonomía. La Unión Nacional Karen y su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional Karen, se formaron en 1949 con el fin de conseguir la independencia o una mayor autonomía para los karen.

Aunque la mayoría de los demás grupos armados étnicos han llegado a acuerdos de alto el fuego con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, que les ha otorgado ciertos poderes administrativos sobre sus territorios, la Unión Nacional Karen ha seguido luchando para lograr un acuerdo político. Tras perder varias de sus bases fundamentales, la mayoría de las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen contra el ejército gubernamental en los últimos años han sido ataques en pequeña escala. En este informe se trata la situación de los derechos humanos tanto en las localidades controladas por el ejército en el territorio antes controlado por la Unión Nacional Karen como en las áreas que no se encuentran bajo el control total del gobierno.

En enero de 2004 se acordó un alto el fuego provisional entre la Unión Nacional Karen y el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. Sin embargo, continuaron las escaramuzas y la población civil se vio obligada a desplazarse por las operaciones militares contra la Unión Nacional Karen, especialmente en el norte del distrito de Hpa’an, estado de Kayin, y en el distrito de Nyaunglebin, división de Bago. Los dirigentes de la Unión Nacional Karen informaron de que, tras una visita a Yangón en octubre de 2006, casi un año después de que comenzara la ofensiva del ejército contra los karen, el alto el fuego se había cancelado oficialmente. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo manifestó que no estaba dispuesto a negociar un acuerdo político. En diciembre de 2006, el dirigente de la Unión Nacional Karen, el general Saw Bo Mya, murió.

En enero de 2007, el comandante de la 7ª Brigada del Ejército de Liberación Nacional Karen, el general de brigada Htain Maung, anunció la formación de un grupo separado, la Unión Nacional Karen/Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen. Anteriormente, el general había negociado presuntamente con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, pero esas negociaciones no contaban con el beneplácito de los dirigentes de la Unión Nacional Karen, que lo destituyeron de su puesto. En febrero de 2007, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo anunció que había alcanzado un acuerdo de paz con este nuevo grupo, compuesto por unos 300 combatientes. En abril de 2007, la Unión Nacional Karen/Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen participó en operaciones conjuntas con el Ejército Budista Democrático Karen y el ejército gubernamental, y atacó a las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional Karen cerca de la frontera entre Myanmar y Tailandia.

En enero de 2008, el yerno del general de brigada Htain Maung, el coronel Ler Moo, murió en un atentado con explosivos cerca de la comandancia de la Unión Nacional Karen/Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen. En febrero de 2008, Mahn Sha, secretario general de la Unión Nacional Karen, fue abatido a tiros en su casa de Mae Sot, Tailandia. Había participado en las conversaciones anteriores de alto el fuego con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, y según los informes se estaba preparando para asumir el liderazgo de la Unión Nacional Karen. Hasta la fecha no se ha determinado la responsabilidad de estos homicidios.

3 Graves violaciones en el este de Myanmar

3.1 Ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos

Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional han hablado a la organización de incidentes en los que se cree que el ejército gubernamental o el Ejército Budista Democrático Karen dieron muerte a más de 25 civiles karen entre julio de 2005 y julio de 2007 en el municipio de Thandaung, distrito de Hpa’an, y en zonas del distrito de Papun, ambos en el estado de Kayin, así como en el municipio de Tantabin y otras zonas del distrito de Nyaunglebin, división de Bago. La mayoría de estos casos se exponen en los tres siguientes apartados.

El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento. Hay algunos derechos humanos, como el derecho a la vida –del que las ejecuciones extrajudiciales son una violación–, el derecho a no sufrir esclavitud y el derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya aplicación no admite excepciones, ni siquiera en tiempos de guerra. La aplicación de otros derechos sólo admite ciertas excepciones en la medida en que lo requiera la situación.

El derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra) rige la conducta de las partes de los conflictos armados. Su objetivo es proteger del posible daño a la población civil, a otras personas que no participan en las hostilidades, los bienes civiles (todos los bienes que no son objetivo militar) y, en algunos contextos, a los combatientes. Los Estados y los grupos armados de oposición están obligados a cumplir ciertas normas y principios del derecho internacional humanitario contenidos en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y otras normas del derecho internacional consuetudinario. El artículo 3 común establece que las personas no participen activamente en las hostilidades “serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”. La comunidad internacional también ha aceptado como vinculantes para todas las partes de los conflictos armados internacionales y no internacionales otros principios y normas específicos de la conducción de las hostilidades.

Las circunstancias de los homicidios relatados a Amnistía Internacional sugieren que se ha ejecutado extrajudicialmente a civiles. Estos homicidios seguían un patrón que se ha hecho desafortunadamente familiar en las operaciones emprendidas por el ejército en el estado de Kayin y en otras áreas. Esos homicidios violan el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En virtud del derecho internacional humanitario que rige los conflictos armados no internacionales como el del este de Myanmar, “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas” están prohibidos, y quienes no participen activamente en las hostilidades no deben ser blanco de tales ataques. Amnistía Internacional sigue sintiendo honda preocupación porque el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo ha violado esta norma básica.

Un principio fundamental del derecho internacional humanitario es que las partes de un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre no combatientes (civiles, prisioneros de guerra, heridos, enfermos y otras personas) y combatientes, y entre bienes civiles y objetivos militares. Nunca está permitido atacar a civiles, a otros no combatientes o a bienes civiles. Este principio, conocido como principio de distinción, está codificado en los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos Adicionales. También es una norma del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todas las partes de los conflictos armados, ya sean internacionales o no internacionales.

3.1.1 Homicidios de personas detenidas

Refugiados de Tailandia y desplazados internos del distrito de Papun, estado de Kayin, hablaron a Amnistía Internacional de la muerte de personas detenidas por el ejército en sus pueblos, en sus granjas o en cuarteles militares. Los cadáveres se encontraban fuera de los pueblos, a menudo varias semanas después de la detención de las víctimas. En muchos casos, al parecer, se había detenido a personas por sospecharse que pertenecían a la Unión Nacional Karen o que tenían información sobre las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen. También relataron casos de personas a las que se había matado a tiros fuera de sus pueblos.

Una persona contó a Amnistía Internacional la muerte, a finales del verano de 2005, de Pa Thoo Koo, cultivador de arroz, en su campo del municipio de Dweh Loh (distrito de Papun, estado de Kayin). Según esta persona, a Pa Thoo Koo lo detuvieron unos miembros del ejército cuando lo encontraron trabajando en su campo de arroz. Lo golpearon para extraerle información sobre la ubicación de un escondite cercano del Ejército de Liberación Nacional Karen. Después de que se lo mostrara, lo mataron a tiros. Por su parte, un granjero del distrito de Hpa’an, estado de Kayin, dijo a Amnistía Internacional que, mientras hacía de porteador para el ejército en julio de 2005, vio “a los soldados matar a un detenido. Estaba muy débil, así que un soldado lo apuñaló en el lado izquierdo del pecho. Lo arrojaron por la ladera de una montaña, como a un animal”.

En febrero de 2006, cuatro granjeros del oeste del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) fueron detenidos, según los informes, en asaltos sorpresa por miembros del Batallón de Infantería Ligera 48. Los habitantes de la zona creían que Saw Ko Ko, de 36 años, del pueblo de Shan Si Bo, y Saw Blu Say, de edad desconocida, Wa Leh Htoo, de 25 años, y Wen Leh Se, de 38, del pueblo de Ye Shan, habían sido llevados al cuartel del Batallón de Infantería Ligera 48. Según los informes, los soldados dijeron a quienes preguntaron por el paradero de los granjeros que éstos estaban “descansando en paz”, es decir, que estaban muertos. Sus cadáveres fueron hallados cerca de sus pueblos varias semanas después, con las manos atadas a la espalda. Los cuerpos estaban demasiado descompuestos para determinar la causa de la muerte.

Amnistía Internacional también recibió información según la cual, en febrero de 2006, varias personas del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) que regresaban de una localidad cercana fueron detenidas por miembros del ejército. Según los informes, estas personas fueron halladas más tarde con señales de golpes y muertas a puñaladas. También en el municipio de Tantabin, en marzo de 2006, un ex soldado del Ejército de Liberación Nacional Karen fue capturado por el ejército gubernamental mientras trabajaba en su arrozal. Lo acusaron de ser miembro de Unión Nacional Karen, lo interrogaron y lo mataron a tiros.

Después de que su pueblo en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) fuera incendiado en 1997, una mujer dijo que unos miembros del ejército gubernamental la habían detenido junto con sus dos hijas, su hijo y su esposo. Según su relato:

Nos separaron, se llevaron a mi esposo y a mi hijo de tres años y los mataron. No vi el cadáver, pero mi primo lo vio, y me dijo que le habían cortado las piernas y las manos. Nuestro hijo yacía sobre su espalda. El ejército dijo que lo había matado la Unión Nacional Karen, no ellos.

3.1.2 Disparar a matar

Si nos encuentran nos matarán, porque para el ejército birmano los karen y la Unión Nacional Karen son lo mismo.

Granjero de 35 años del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin)

Varias personas informaron a Amnistía Internacional de que el ejército les había advertido en varias ocasiones de que dispararían a matar contra cualquier persona que encontraran fuera de su pueblo durante los periodos de clausura de los pueblos o cuando el Ejército de Liberación Nacional Karen estuviera en la zona. También relataron casos, ocurridos en 2006 y 2007, de personas a las que el ejército había disparado sin previo aviso, causándoles la muerte o heridas, tanto dentro como fuera de sus pueblos: por ejemplo, granjeros que llevaban a pastar al ganado o personas que buscaban comida.

Cuando, en octubre de 2006, el ejército atacó el pueblo de Ka Lay Hta, en el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), un habitante que huyó del ataque sorpresa contó más tarde a Amnistía Internacional que había visto a soldados disparar contra quien encontraban. A su hermano lo mataron. Este hombre contó también que, en el pueblo cercano de Baw Ka Li Gyi, también en el municipio de Tantabin, el ejército bloqueó el suministro de comida y amenazó con disparar a cualquiera que tratara de burlar esta restricción.

Otras dos personas dijeron a Amnistía Internacional que la causa de su huida había sido el homicidio de dos vecinos a los que unos soldados habían disparado al encontrárselos en mayo de 2007. Una de estas personas vivía en el pueblo de Sho Kho, municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), donde los soldados llegaron un día y empezaron a disparar contra quienes encontraban. La otra vivía en el pueblo de Saw Tay Der, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), donde el ejército había disparado contra un vecino que caminaba de vuelta a la granja que le habían obligado a abandonar.

Otra persona contó a Amnistía Internacional que los soldados habían disparado contra su hijo de 32 años, Saw Wah Wah, y dos sobrinos en julio de 2007 cuando se los encontraron en la jungla cercana al pueblo de Si Khe Der, en el municipio de Tantabin. Los tres formaban parte de un grupo más grande que huía de la presencia del ejército en la zona.

3.1.3 Homicidios como castigo colectivo

El ejército birmano dice que nosotros, los habitantes de los pueblos, no somos diferentes de la Unión Nacional Karen y que sus miembros sobreviven gracias a nosotros. Dicen: “no sois diferentes, sois exactamente lo mismo”.

Viuda de 35 años del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago)

Amnistía Internacional escuchó relatos sobre las acciones del ejército contra la población civil, aparentemente –o expresamente– como represalia por las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen. Las circunstancias en las que murieron muchos civiles son una prueba adicional de ello. Además de constituir violaciones del derecho a la vida y de las salvaguardias asignadas a la población civil por el derecho internacional humanitario, estos homicidios constituyen un castigo colectivo ilegal. Los castigos colectivos, es decir, las acciones punitivas emprendidas contra individuos, familias, grupos o poblaciones por los presuntos actos de otros, constituye una violación del derecho internacional humanitario.¹²

Varias personas de los municipios de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) y Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) dijeron que los soldados castigaban a los civiles, a los que habían obligado a actuar de guías y porteadores, si se encontraban con fuerzas del Ejército de Liberación Nacional Karen. Estas personas denunciaron el homicidio a manos de soldados de un hombre de 40 años, casado, del pueblo de Play Hsa Loh, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) a finales de 2005 o principios de 2006. Lo acusaron de dirigir deliberadamente al ejército a una emboscada tras encontrarse con fuerzas del Ejército de Liberación Nacional Karen mientras él actuaba de guía. Le amputaron una pierna y las dos manos, y lo dejaron morir desangrado.

En una asamblea que convocaron con la población civil en el sur del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) en febrero de 2006, soldados del Batallón de Infantería Ligera 66 dijeron, según los informes, a los civiles “que informáramos sobre la Unión Nacional Karen o nos atuviéramos a las consecuencias. Dijeron que las represalias serían de ojo por ojo, diente por diente. Así que, si un soldado moría, ellos matarían a un civil. Nos dijeron que teníamos que asumir la responsabilidad y que, si no lo hacíamos, nos castigarían”. Una mujer del pueblo de Kaw Mi Kho, en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), cuyo esposo había sido obligado a actuar de porteador para el ejército, dijo que, si un soldado moría, un porteador karen moriría también.

Varias personas hablaron a Amnistía Internacional del homicidio, en febrero de 2006, del jefe y cuatro residentes del pueblo de Ko Der Ker, en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), en una aparente represalia por las cinco bajas militares causadas por un artefacto explosivo improvisado que, según se creía, había sido colocado por el Ejército de Liberación Nacional Karen:

El 25 o 26 de febrero, el Batallón de Infantería Ligera 66 nos reunió a los habitantes del pueblo y nos preguntó si nuestro pueblo podía garantizar su seguridad si ellos seguían avanzando. Luego, varios soldados murieron por minas terrestres al este del pueblo; nosotros creemos que las puso la Unión Nacional Karen. Los soldados de la Brigada volvieron al pueblo esa tarde y se llevaron a varias personas que trabajaban en su plantación de café. Detuvieron al jefe del pueblo, Saw Nu, cuando se informó de la explosión, y lo llevaron al recinto militar. De las personas que se habían llevado de la plantación, separaron a las más jóvenes y las más mayores. En total hubo cinco cadáveres, que se encontraron dos semanas después en el arroyo que hay junto al pueblo. Dos de los cadáveres estaban atados juntos. Se encontraron los cadáveres de Saw Nu –el jefe del pueblo– de 52 años, Abo Tee, de 35, Saw Koo Koo, Saw Da y Saw Ni Ke Min. Preguntamos a los soldados qué había sido de las demás personas que se habían llevado, y nos dijeron que estaban trabajando en otro lugar.

Otras fuentes informaron de que el jefe del pueblo, Saw Nu, había sido castigado por el ejército antes de su detención por no informar de la presencia del explosivo.

Igualmente, en otro pueblo del centro del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), el ejército, en marzo de 2006, dio instrucciones verbales a los habitantes diciendo que, si no informaban de las minas terrestres que se hubieran colocado, los matarían.

3.2 Tortura

Tienden a torturar a personas cuando el Ejército de Liberación Nacional Karen está activo, pero torturan a los habitantes de los pueblos.

Viuda de 58 años del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin)

En 2005, un soldado del ejército gubernamental –un capitán– me dijo que nos torturarían hasta que no pudiéramos volver a caminar.

Mujer de 26 años del municipio de Dweh Loh (distrito de Papun, estado de Kayin)

El derecho internacional, incluido el derecho humanitario y de los derechos humanos, establece la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición es una norma imperativa del derecho internacional general, y como tal es vinculante para todas las naciones, que no pueden considerarse eximidas de su cumplimiento.

Durante muchos años, el ejército ha hecho uso de la tortura para obtener información sobre la identidad y los movimientos de los miembros del Ejército de Liberación Nacional Karen, para castigar y controlar a la población local por apoyar al Ejército de Liberación Nacional Karen o por no desvelar información sobre él, y para intimidar y disuadir a la población con el fin de que no apoye a la oposición armada. El ejército utiliza también la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como castigo y como medio para hacer cumplir órdenes relativas, por ejemplo, a los toques de queda, la requisa de alimentos y el trabajo forzoso. Ha habido gente que ha denunciado haber sufrido personalmente o haber presenciado torturas infligidas por el ejército gubernamental y el Ejército Budista Democrático Karen en campos militares y en lugares de detención no oficiales como, por ejemplo, en los campos cultivables, junto a los ríos que pasan cerca de los asentamientos, o en lugares públicos dentro de los pueblos. En muchos casos, a las personas torturadas las mataron después.

3.2.1 Tortura durante los interrogatorios

Una cultivadora de arroz del municipio de Dweh Loh (distrito de Papun, estado de Kayin) dijo que el Ejército Budista Democrático Karen interrogaba con frecuencia a personas junto al río que pasaba cerca de su pueblo. Relató un incidente de abril de 2005, cuando las fuerzas del Ejército Budista Democrático Karen acusaron a un hombre al que ella no conocía y a un vecino del pueblo del que ella creía que no tenía ninguna relación con Ejército de Liberación Nacional Karen de pertenecer al grupo armado. Esto fue lo que contó a Amnistía Internacional:

Los encapucharon y los sacaron del pueblo, llevándolos hasta el río, donde les sujetaron una y otra vez la cabeza debajo del agua mientras les hacían preguntas. Algunas personas salieron del pueblo y vieron lo que sucedía. Aquello continuó durante todo el día, y les sujetaban la cabeza debajo del agua durante mucho rato. Las tropas se los llevaron, y no sé qué les hicieron exactamente. Volvieron al pueblo unas semanas después; uno estaba paralizado y muy delgado. Tenían señales de tortura en el cuerpo, y no pregunté qué les había sucedido.

En agosto de 2005, según los informes, el jefe del pueblo de Pyinmabin Seit (distrito de Thaton, estado de Mon), de 50 años de edad, fue llevado a un cuartel local del ejército para ser interrogado. Había sido puesto en libertad dos días antes tras permanecer bajo custodia militar mientras le interrogaban sobre los movimientos y actividades de los soldados del Ejército de Liberación Nacional Karen. Dijo a los habitantes de su pueblo que el ejército le había tratado bien, y que le habían interrogado con amabilidad. Cinco soldados lo detuvieron por segunda vez y lo llevaron a un cuartel militar local, donde testigos presenciales afirmaron haberlo visto atado con una cuerda y siendo torturado mientras lo interrogaban. Los soldados encargados del interrogatorio parecían disgustados con las respuestas que les daba. Le daban patadas y puñetazos, y le destrozaban las espinillas con una barra de metal, levantándole la piel y presionando la barra contra el hueso. Su cadáver fue hallado quince días después en un estanque cerca del campo del ejército, con puñaladas en el abdomen.

Amnistía Internacional escuchó también el relato sobre la tortura y el homicidio de dos hombres del pueblo de Ma Lay Ler (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), detenidos por el ejército en el verano de 2005. Unos soldados de una unidad del ejército no identificada que no solían visitar el pueblo acusaron a dos granjeros de pertenecer a la Unión Nacional Karen, cosa que el jefe del pueblo negó. Los interrogaron a los dos bajo un árbol en el centro del pueblo, y los encargados del interrogatorio los escaldaron con agua hirviendo. Luego los llevaron al cementerio del pueblo, donde más tarde se encontraron sus cadáveres degollados.

Un hombre detenido en septiembre de 2005 junto con otros 15 civiles en su pueblo por soldados que investigaban las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen en la frontera del distrito de Thaton, estado de Mon, y el distrito de Hpa’an, estado de Kayin, dijeron a Amnistía Internacional:

Nos interrogaron de uno en uno. No todo el mundo fue torturado, pero a mí me golpearon con una caña de bambú y perdí dos dientes. También me golpearon con fuerza en la espalda. Mi interrogatorio duró unas dos horas. Todavía hoy tengo dolores de espalda, y tengo limitado el movimiento del brazo izquierdo. Estaba realmente asustado; podrían haberme matado. El principal torturador era un capitán. Tenía muy mal genio, y estaba enfadado. No obtenía la información que quería. A veces me despierto en plena noche con esa imagen de lo que sucedió, y no consigo volver a dormir. Otras personas regresaron con costillas rotas y hematomas.

Otra persona, del distrito de Papun, estado de Kayin, contó a Amnistía Internacional que, a finales de 2005, una fuerza conjunta compuesta por soldados del Batallón de Infantería Ligera 44 y el Ejército Budista Democrático Karen 999 detuvo e interrogó a un hombre de su pueblo durante una semana. Durante ese tiempo, al hombre lo tuvieron con los brazos atados continuamente a la espalda, lo obligaron a beber grandes cantidades de agua, lo golpearon y lo quemaron con cigarrillos. Algunos de sus interrogatorios se llevaron a cabo en público dentro del pueblo, por ejemplo cuando lo colgaron cabeza abajo en un pozo y le sumergieron repetidamente la cabeza bajo el agua. Lo interrogaron sobre los movimientos y las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen, de los que, según los informes, no sabía nada.

En diciembre de 2005, Tu Tu, granjero de 22 años, regresaba al atardecer a su pueblo desde su granja en el distrito de Nyaunglebin, división de Bago. Unos soldados lo detuvieron y lo acusaron de comunicarse con la Unión Nacional Karen o de ser un soldado del Ejército de Liberación Nacional Karen, por el hecho de que regresaba a su pueblo a las siete de la tarde. Los soldados lo golpearon y apuñalaron mientras lo interrogaban cerca de su granja. Su cadáver se encontró posteriormente en las cercanías, degollado y con la boca y los dientes quemados.

En 2006, el anciano padre de un habitante de 46 años del pueblo de Thit Cha Seik, en el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), fue golpeado, según los informes, por soldados por no conocer la respuesta a las preguntas que le hacían.

3.2.2 Tortura y otros malos tratos para obligar a cumplir las órdenes del ejército

Algunas personas denunciaron que los soldados las habían golpeado por encontrarlas fuera de sus pueblos, especialmente tras el toque de queda. Unas personas del distrito de Papun, estado de Kayin, dijeron a Amnistía Internacional que el ejército también las castigaba con palizas cuando no tenían provisiones suficientes de arroz para satisfacer sus exigencias. En el distrito de Nyaunglebin, división de Bago, unos miembros del Batallón de Infantería Ligera 66 golpearon a un hombre hasta dejarlo inconsciente, según los informes porque había tardado demasiado en obedecer las órdenes del ejército de que bajara de su tejado cuando el ejército entró en su pueblo.

Un hombre del pueblo de Ohn Bin Kyaung, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), contó que, a principios de 2006, los soldados encontraron a dos civiles viviendo fuera del pueblo, algo no permitido. Les cortaron los labios y luego los mataron. A mediados de 2006, según una mujer que vivía en un pueblo vecino, cuatro personas que dormían junto al pueblo de Ma La Gon, también en el municipio de Tantabin, fueron golpeadas por soldados; un niño murió a consecuencia de los golpes. Al parecer, dormir fuera del pueblo donde uno vivía iba en contra de las órdenes del ejército.

Antes de huir del pueblo de Kaw Mi Kho, municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), a finales de 2006, una mujer de 55 años fue golpeada por dos soldados en su casa por tener una linterna, un artículo prohibido por el ejército. La mujer contó a Amnistía Internacional que tardó una semana en recuperarse, y que todavía tenía una cicatriz en las nalgas de la rama de árbol de café con la que la golpearon los soldados.

3.2.3 Tortura y otros malos tratos a personas obligadas a hacer de porteadoras para el ejército

Unos civiles a quienes el ejército había exigido que realizaran trabajo forzoso no remunerado, incluido porteo, para él, dijeron a Amnistía Internacional que los golpeaban cuando no cumplían las órdenes. A los porteadores les daban patadas y los golpeaban con las culatas de los rifles si, por ejemplo, no podían caminar más rápido. Un hombre del distrito de Papun, estado de Kayin, relató que él y un vecino de su pueblo recibieron palizas tan brutales que tuvieron que guardar reposo en sus casas durante varias semanas para recuperarse de sus lesiones.

Este hombre y otros dijeron que los delincuentes convictos obligados a actuar de porteadores para el ejército soportaban un trato mucho peor. Permanecían en condiciones aún peores, sin comida adecuada ni tratamiento médico. Tenían que llevar cargas más pesadas, y recibían golpes y patadas más frecuentes y más fuertes que los demás porteadores. A los que atrapaban intentando escapar solían matarlos.

Un hombre al que obligaron a actuar de porteador en el municipio de Bilin (distrito de Thaton, estado de Mon) en junio de 2005, dijo que lo habían golpeado como represalia por un tiroteo con el Ejército de Liberación Nacional Karen; los soldados lo acusaron de engañarlos sobre la presencia del grupo armado en la zona:

Hubo unos enfrentamientos con la Unión Nacional Karen un día después de que me obligaran a unirme a ellos. Oí disparos. Luego los soldados me dijeron: “Nos dijiste que no había nadie de la Unión Nacional Karen en esta zona”. No era cierto: creo que, sólo porque soy karen, y ellos no pudieron encontrar a la Unión Nacional Karen, me torturaron. Mientras lo hacían no me preguntaron nada. Un oficial me quemó cuatro veces con un cigarrillo y me golpeó en la cabeza con la culata de un rifle. Cuando caí al suelo me dio patadas en el pecho con sus botazas. Tenía toda la cara sangrando. El cuerpo entero me temblaba. Creí que iba a morir.

Un cultivador de arroz, de 50 años de edad, del municipio de Lu Thaw (distrito de Papun, estado de Kayin), habló a Amnistía Internacional de las habituales palizas que recibía cuando actuaba de porteador:

A veces los soldados nos ordenaban que les guiáramos. Nos golpeaban con cañas de bambú y, en ocasiones, nos daban patadas. Si haces de porteador, te golpean si estás enfermo y no puedes con tu trabajo. Si dices algo o haces preguntas, también te golpean. Además, te hacen muchas preguntas si te encuentran fuera del pueblo, y te golpean si les dices que has actuado de porteador para alguno de los grupos armados de oposición.

Un hombre al que atraparon cargando arroz para fuerzas del Ejército de Liberación Nacional Karen fuera de su pueblo en abril de 2006 dijo a Amnistía Internacional que dos soldados del Batallón de Infantería Ligera 66 lo habían golpeado durante media hora con cañas de bambú después de interrogarlo a punta de pistola. Sufrió daños permanentes en la zona lumbar y, según afirma, los soldados lo amenazaron con matarlo la próxima vez.

3.2.4 Tortura y otros malos tratos como castigo colectivo

Las personas con las que se entrevistó Amnistía Internacional también informaron del uso de actos constitutivos de tortura o malos tratos para castigar de forma colectiva a la población por los actos de unos pocos, o de otros.

Una mujer dijo que, en marzo de 2005, el ejército obligó a todas las personas de su pueblo, en el distrito de Hpa’an, estado de Kayin, a reunirse en la casa del jefe del pueblo, tras la explosión de un artefacto explosivo improvisado fuera del pueblo. Relató:

Hicieron que todo el mundo se pusiera de pie y se sentara una y otra vez, en público. Hicieron que la gente –hombres, mujeres, niños y niñas– fuera a la casa del jefe, y los golpearon con grandes cañas de bambú. No hubo fracturas de huesos, pero sí muchas contusiones dolorosas e inflamaciones. Fue humillante. El ejército dijo que nadie podía abandonar el campo. Todos los vecinos nos vimos implicados. El ejército nos acusó a los civiles de tener relación con la Unión Nacional Karen.

Un granjero dijo a Amnistía Internacional que había huido de su pueblo en el municipio de Lu Thaw (distrito de Papun, estado de Kayin) tras la detención del jefe del pueblo en abril de 2006. Según los informes, el ejército había dado órdenes de que los habitantes de cuatro pueblos le llevaran, en un plazo de cuatro horas, todas las armas que tenían, o de lo contrario mataría al jefe. Los vecinos de los pueblos, según los informes, huyeron, y no se supo qué había sido del jefe.

También en marzo de 2005, mientras actuaba como porteador para el ejército, un habitante del pueblo de Ye Da Gon, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), perdió dos dientes cuando los soldados lo golpearon en la cara porque otro soldado había muerto por una mina. Lo amenazaron con matarlo si sucedía de nuevo.

Un hombre de un pueblo del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) dijo a Amnistía Internacional que el jefe de su pueblo había sido detenido en 2006 y sometido a malos tratos, como patadas y golpes, por el ejército. Su delito era no informar “satisfactoriamente” sobre las actividades de la Unión Nacional Karen.

3.3 Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias

Mi hijo me pregunta con frecuencia por su padre. Le digo que no sé dónde está. Mi hija, que es mayor, no pregunta: sabe que se lo llevaron los soldados.

Esposa de un hombre del que se cree que fue víctima de desaparición forzada en julio de 2006

La desaparición forzada se define así:

“[...] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.¹³

Los actos de desaparición forzada violan una diversidad de derechos humanos, entre ellos el derecho a no sufrir detención arbitraria, el derecho al reconocimiento como persona ante la ley y el derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.¹⁴ Los órganos internacionales de derechos humanos han afirmado que las desapariciones forzadas constituyen por sí mismas malos tratos o tortura, habida cuenta del considerable sufrimiento que padecen las personas detenidas sin contacto con el mundo exterior y sin saber cuándo serán liberadas o podrán ver a sus familias de nuevo, o si llegará siquiera ese momento.¹⁵ Lo mismo se aplica al sufrimiento causado a los familiares de las personas desaparecidas. En algunos casos, los órganos internacionales de derechos humanos han afirmado que la negación por parte de las autoridades del derecho de estas personas a conocer qué les sucedió a sus seres queridos ha violado la prohibición de la tortura y otros malos tratos.¹⁶ Además, la desaparición forzada está explícitamente prohibida en varios instrumentos internacionales, y en determinadas circunstancias puede constituir un crimen de lesa humanidad.

Amnistía Internacional escuchó relatos de casos de desapariciones forzadas de personas que habían sido detenidas por el ejército. A causa de las restricciones con las que se encontró la organización a la hora de acceder al estado de Kayin, no ha sido posible determinar si las personas citadas a continuación siguen en situación de desaparición forzada.

En julio o agosto de 2005, dos mujeres, Ma Aye Yee, de 17 años, y Naw Ba Leh, de 20, caminaban por fuera de su pueblo en el distrito de Nyaunglebin, división de Bago, cuando se les acercaron unos soldados que las obligaron a acompañarlos a un lugar desconocido. Las mujeres no regresaron al pueblo. Cuando se intentó averiguar su paradero, las tropas estacionadas en la zona dijeron que no podían hacer nada, pues la unidad implicada en el incidente había sido trasladada.

Kyaw Mu Shay, granjero, fue detenido por el ejército, según los informes, en su plantación de arroz del municipio de Bilin (distrito de Thaton, estado de Mon), cerca del distrito de Papun, estado de Kayin, en diciembre de 2005 o enero de 2006. Lo detuvieron durante la noche y no se dio ningún motivo para su detención, aunque ésta se produjo después de que, según los informes, unos soldados quemaran su cosecha de arroz. Inmediatamente antes de detenerlo, también habían rodeado y habían empezado a disparar contra una granja cercana, que creían que pertenecía a simpatizantes o miembros de la Unión Nacional Karen. Tras realizarse indagaciones, incluso en el campo militar cercano, el ejército, según los informes, dijo que no sabía cuál era la unidad que había detenido a Kyaw Mu Shay. Tras una nueva indagación en mayo de 2006, los soldados con base en otro pueblo se comunicaron por radio con la unidad que, al parecer, lo había detenido. La respuesta fue que estaba vivo, pero no se reveló su paradero, ni la base legal de su detención, ni el plazo en que sería liberado. También se desconocía la identidad de la unidad.

En marzo de 2006, dos estudiantes fueron capturados fuera de su pueblo después de un intercambio de disparos entre el ejército gubernamental y el Ejército de Liberación Nacional Karen en la zona central del distrito de Hpa’an, estado de Kayin. Los estudiantes, Then Nu y Kar Bar, de 18 y 20 años, respectivamente, se habían visto atrapados, según los informes, en el fuego cruzado fuera del pueblo. Cuatro meses después, cuando Amnistía Internacional habló con personas de su pueblo, no se les había vuelto a ver ni se habían tenido noticias suyas. Una persona que presenció la detención dijo: “Los soldados los detuvieron y los acusaron de ser de la Unión Nacional Karen, porque tenían las manos suaves, no ásperas como las de los granjeros. Los vecinos trataron de convencer a los soldados de que tenían las manos suaves porque eran estudiantes. No se ha vuelto a saber nada de ellos. Creo que los mataron en el campo militar de Leke”.

En abril de 2006, un hombre de 74 años dijo a Amnistía Internacional que el ejército se había llevado un buen día a dos de sus sobrinos y a su nieto de su casa en el pueblo de Ye Sha, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago). Supuso que se los llevaban para hacer trabajos forzados o como porteadores, pero un amigo suyo vio más tarde a los soldados cavando unos hoyos allí cerca. Cuando, unos meses después, las tropas cambiaron, el hombre excavó en los hoyos y encontró la ropa de uno de sus sobrinos. Preguntó entonces a los nuevos soldados por el paradero de sus familiares, pero ellos negaron saber algo al respecto, y dijeron que habían sido trasladados a otra zona. Temiendo por su vida por haber comunicado sus sospechas al ejército, el hombre huyó.

Amnistía Internacional considera que la ausencia de protección ante la detención arbitraria en Myanmar es un factor clave que facilita abusos tales como las desapariciones forzadas (y también el trabajo forzoso, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales). Esta ausencia de protección ha creado una situación en la que las personas carecen de acceso a procedimientos formales para determinar la suerte y el paradero de sus familiares “desaparecidos”. Es frecuente que las autoridades de Myanmar no respeten los derechos fundamentales en los procedimientos de detención y reclusión; de hecho, es habitual que no se siga ningún procedimiento en absoluto. Los agentes del Estado detienen a menudo a personas sin orden judicial y sin exponer los motivos, mantienen a personas recluidas en régimen de incomunicación, y no revelan por sistema el paradero de los detenidos a sus familiares o abogados. Si se considera que su detención está relacionada con cuestiones de seguridad, es aún más probable que los detenidos permanezcan recluidos en lugares no oficiales ni reconocidos durante los interrogatorios. Muchos presos políticos carecen de acceso a su familia o a asistencia letrada antes de que se inicien las vistas judiciales. Los detenidos tampoco tienen medios efectivos de impugnar la legalidad de su detención.

Unas personas del estado de Kayin informaron a Amnistía Internacional de numerosos casos de personas recluidas en lugares no oficiales de detención, o detenidas en campos del ejército durante periodos prolongados sin recurso a procedimientos judiciales. Los informes indican que el ejército detuvo también a personas arbitrariamente para trabajos forzados y porteo, sin fecha fija de final.

3.4 Trabajo forzoso y porteo

Huí porque el trabajo forzoso se volvió excesivo. Tiene que ir al menos una persona de la familia: por ejemplo, si el esposo no está, va la esposa. A veces piden a dos personas, y entonces tienen que hacerlo también los niños. Durante 2005 y 2006 tuvimos que trabajar todos y cada uno de los días. No ha habido tiempo para cultivar nuestra propia comida, porque casi todo el mundo tiene que marcharse. Realmente he hemos estado en peligro de morir de hambre.

Mujer de 30 años, distrito de Papun, estado de Kayin

El trabajo forzoso no remunerado contraviene el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Convenio núm. 29) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1930, que el gobierno de Myanmar ratificó en 1955. Según el artículo 1 de este Convenio, los Estados Partes deben “suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas”. Aunque el artículo 2.2.d permite la imposición de trabajo forzoso en casos de emergencia, incluida la guerra, una Comisión de Encuesta de la OIT, designada especialmente para investigar los informes de trabajo forzoso en Myanmar, concluyó, ya en 1998, que:

La Comisión tiene ante sí numerosas pruebas que demuestran que las autoridades y el ejército recurren de manera intensiva a la imposición del trabajo forzoso a la población civil en todo Myanmar para el transporte de cargas, la construcción, el mantenimiento y el servicio de los campos militares, otros trabajos para el ejército, trabajos agrícolas, el desmonte de terrenos y otros proyectos de producción realizados por las autoridades o el ejército, en ciertas oportunidades en beneficio de particulares, la construcción y el mantenimiento de carreteras, vías férreas y puentes, otros trabajos de infraestructura y una serie de otros trabajos. Ninguno de estos trabajos figura entre las excepciones enumeradas en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio.¹⁷

La Comisión concluyó que “[a]parentemente la carga de trabajo forzoso también es considerable para los grupos étnicos no birmanos, en particular en las zonas donde hay fuertes efectivos militares”,¹⁸ y advirtió al gobierno de Myanmar de que:

Un Estado que apoya, incita, acepta o tolera el trabajo forzoso sobre su territorio comete un acto ilícito y compromete su responsabilidad por violar una norma de derecho internacional imperativa. Cualquiera sea la legislación nacional con respecto a la imposición de trabajo forzoso u obligatorio y al castigo de aquellas personas que lo imponen, toda persona que viola la prohibición de recurrir al trabajo forzoso según el Convenio es culpable de un crimen internacional que es también, de ser cometido de una manera generalizada y sistemática, un crimen de lesa humanidad.¹⁹

La Comisión de Encuesta pidió al gobierno de Myanmar que tomara medidas “sin demoras” para poner fin a esta política. En 1999, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, en respuesta a las preocupaciones manifestadas por la OIT y la comunidad internacional, emitió la Ley 1/99 y la Ley Suplementaria 1/99, que declaraban ilegal esta práctica y establecían penas tanto para los militares como para los civiles a los que se declarara responsables.

Sin embargo, durante la actual ofensiva del ejército, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo ha eludido de forma rotunda el cumplimiento de esta orden en el estado de Kayin y la división de Bago. Si los civiles no pueden o no quieren realizar trabajo forzoso, ellos, sus familias y sus comunidades se arriesgan a sufrir represalias o castigos colectivos a manos de los militares. Además, la manera y las condiciones en las que se lleva a cabo el trabajo forzoso constituyen a menudo malos tratos y, tal como se ha descrito antes, las personas a las que se obliga a realizar este trabajo son en ocasiones torturadas hasta morir o ejecutadas sumariamente. En algunas zonas, la población ha denunciado que las exigencias de trabajo forzoso en 2006 fueron tan onerosas que su propia capacidad para cultivar comida con la que sobrevivir se vio seriamente minada.

En noviembre de 2006, en plena ofensiva y siete años después del informe de la Comisión de Encuesta, el Consejo de Administración de la OIT expresó su frustración por que las autoridades de Myanmar no habían podido llegar a un acuerdo con él sobre un mecanismo con el que hacer frente a las denuncias de trabajo forzoso. Tras las recomendaciones del Consejo de Administración, el director general de la OIT presentó la documentación pertinente sobre trabajo forzoso en Myanmar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y la puso a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que emprendiera las acciones oportunas. La OIT luego anunció que en su reunión de marzo de 2007 estudiaría la adopción de nuevas medidas para conseguir que Myanmar cumpliera las recomendaciones formuladas en 1998 por la Comisión de Encuesta. Entre ellas se encontraba la consideración de otras opciones legales, como pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia respecto a si Myanmar, al amenazar con procesar a personas que realizaran denuncias supuestamente falsas de trabajo forzoso, violaba el Convenio núm. 29 sobre Trabajo Forzoso.

A finales de febrero de 2007, la OIT estableció con el gobierno de Myanmar un Protocolo de Entendimiento complementario sobre un mecanismo para que las víctimas de trabajo forzoso pudieran pedir reparación. En virtud de este Protocolo de Entendimiento, las personas que afirmen haber sido víctimas de trabajo forzoso pueden presentar denuncias ante el funcionario de enlace de la OIT en Yangón. El funcionario de enlace realiza entonces una evaluación preliminar confidencial para determinar si el caso implica realmente trabajo forzoso. Si la determinación es positiva, el caso puede ser investigado por las autoridades de Myanmar y pueden tomarse medidas adecuadas contra los responsables, sin que los denunciantes corran peligro de recriminación.

Tras alcanzarse el Protocolo de Entendimiento, la Oficina Internacional del Trabajo notificó al Consejo de Administración que ya no había razón para enviar a la Corte Penal Internacional una petición de opinión consultiva sobre el tema. No obstante, también aconsejó al Consejo de Administración que, si en el futuro concluía que las autoridades de Myanmar no cooperaban o no hacían progresos para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, especialmente en relación con el mecanismo conjunto de investigación y con el Protocolo de Entendimiento, la OIT volviera a enviar el asunto a la Corte Penal Internacional. En febrero de 2008, el Protocolo de Entendimiento, establecido en principio para un periodo de prueba de un año, se renovó para otro año más.

La OIT no ha recibido denuncias oficiales de trabajo forzoso del estado de Kayin, principalmente, según la propia OIT, porque la mayoría de los habitantes de la zona probablemente no conocen el Protocolo de Entendimiento y su derecho a presentar denuncia, o porque tienen miedo de hacerlo. Además, la OIT ha subrayado la dificultad que supone para la población del estado de Kayin el presentar físicamente una denuncia en la oficina de la OIT en Yangón, tal como establece el Protocolo de Entendimiento.²⁰

Personas refugiadas y desplazadas internamente dijeron a Amnistía Internacional que el ejército las estuvo obligando periódicamente a trabajar y hacer de porteadores durante 2006 y 2007. También tuvieron que hacer algunas veces de porteadores para el Ejército Budista Democrático Karen, y ocasionalmente para el Ejército Karenni (brazo armado del Partido Nacional Progresista Karenni, otro partido étnico) y para grupos karenni que han acordado un alto el fuego y actúan por separado o junto con el ejército gubernamental. La función de los porteadores es transportar, entre otras cosas, municiones, comida, agua y leña, y actuar como dragaminas, centinelas o guías del ejército. Algunas personas afirmaron que, en ocasiones, las obligaban a llevar cargas de hasta 40 kilos. La frecuencia de las demandas de trabajo forzoso o porteo variaba de un mínimo de una vez al mes a un máximo de casi a diario, con una frecuencia media de entre una y dos veces a la semana. Muchas personas dijeron que, cuando los soldados llegaban al pueblo, todos los hombres huían para evitar los trabajos forzados.

La población civil no era la única que tenía que trabajar regularmente como porteadores: algunas personas informaron también del uso de presos convictos como porteadores del ejército en las operaciones del norte del estado de Kayin y el distrito de Nyaunglebin, división de Bago. Según los informes, estos presos recibían un trato aún peor que el de los civiles. A los que tenían mala salud, normalmente el ejército los dejaba atrás, y varios de ellos murieron, según indican los informes. En ocasiones, las autoridades de las prisiones extorsionaban a los presos amenazándolos con enviarlos de porteadores si no les daban dinero, con lo que al final lo que realizaban el trabajo de porteo eran los presos más pobres, los que no podían permitirse pagar los sobornos.

Según los informes, a las personas a las que obligaban a trabajar un día a la semana en el norte del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) y en el distrito de Papun, estado de Kayin, se les ofrecía la posibilidad de pagar al ejército 1.000 kyats (160 dólares estadounidenses) en lugar de llevar a cabo el trabajo no remunerado. Según dijeron a Amnistía Internacional, la gente rara vez podía permitirse esa suma. También en el distrito de Papun, si el jefe del pueblo no proporcionaba suficientes hombres –o en tiempos de “emergencia”–, el ejército se llevaba a hombres de sus casas al azar.

El ex jefe del pueblo de Ya Da Gon, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) dijo a Amnistía Internacional que había tenido que reclutar y organizar a personas de su pueblo para que trabajaran e hicieran labores de porteo para el ejército, y que, puesto que su nombramiento como jefe del pueblo tenía que tener el consentimiento del ejército, él no podía negarse a sus exigencias. Aunque los vecinos podían pagar dinero en lugar de trabajar, el ex jefe dijo que él tenía “problemas” si no había dinero o porteadores. Sin embargo, un habitante del sureste del municipio de Tantabin declaró que no había alternativa al trabajo forzoso, y que a la gente la amenazaban con quemar el pueblo si no se prestaban a realizarlo. Por lo general, los hombres huían para evitar esas exigencias.

El derecho internacional humanitario prohíbe obligar a la población civil a realizar trabajo insalubre o peligroso. En particular, no se debe obligar a los civiles a realizar actividades que tengan “relación alguna directa con la conducción de las operaciones militares”.²¹ El obligar a los civiles karen a trabajar como porteadores, exploradores y centinelas en zonas en las que se producen hostilidades viola claramente esta prohibición. Amnistía Internacional siente especial preocupación por el uso de civiles karen como dragaminas y escudos humanos, pues es una clara violación del derecho humano a la vida y del derecho internacional humanitario,²² y constituye un crimen de guerra, ya que viola la prohibición de la violencia contra la vida y las personas y el principio de distinción entre combatientes y personas que no participan activamente en las hostilidades.²³

Una mujer del municipio de Tantabin recordó que a ella y a otras personas que hacían de porteadoras las obligaron a hacer de dragaminas, y dijo que algunas pisaron minas. Otra mujer de Tantabin relató cómo tuvo que hacer de centinela para vigilar si había tropas del Ejército de Liberación Nacional Karen en su propio pueblo. Otras personas del distrito de Nyaunglebin declararon que las habían utilizado como escudos humanos y las habían obligado a caminar delante de los soldados si se preveía un ataque del Ejército de Liberación Nacional Karen o cuando estallaban combates. A los hombres de algunos pueblos los obligaron regularmente a actuar como guías para el ejército y a transportar municiones durante los conflictos, así como comida. Con frecuencia los golpeaban. Un hombre del pueblo de Ye Sha, también en el municipio de Tantabin, dijo a Amnistía Internacional que, como el ejército se había apropiado básicamente de parte de su pueblo para establecer su propio campamento, el trabajo forzoso era frecuente y los abusos se incrementaron en 2006.

Durante 2006 se construyeron nuevas bases militares en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), el distrito de Papun (estado de Kayin) y el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago). A menudo se ubicaban cerca de pueblos que ya existían o de nuevos lugares de reasentamiento, y a los habitantes de esos lugares se les pedía sistemáticamente que contribuyeran con trabajo forzoso no remunerado. Los civiles de esas zonas dijeron a Amnistía Internacional que los habían obligado a ayudar en la construcción de nuevos puestos del ejército en sus pueblos. En el nordeste del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) los obligaron a construir cuarteles, participando en tareas como la recogida de materiales (bambú y hojas) para el tejado. En los primeros tres meses de 2006, los habitantes de un pueblo tuvieron que realizar esos trabajos hasta dos veces por semana, con lo que apenas les quedaba tiempo para trabajar en sus campos.

En la zona central del municipio de Thandaung, según la declaración de sus habitantes, las exigencias de trabajo forzoso y porteo se duplicaron en 2006, para alcanzar una frecuencia de dos veces por semana por hogar. Una mujer de 55 años del pueblo de Kaw Mi Kho, en el municipio de Thandaung, relató cómo el ejército, una vez que se hizo con el control del pueblo, empezó a obligar a la gente a hacer trabajos forzados tres días por semana. Aunque ella estaba demasiado débil para trabajar, su esposo, su hijo de 20 años y su hija de 18 tuvieron que ayudar a construir la base del ejército en las cercanías y llevar allí comida día y noche.

Un hombre del distrito de Papun, estado de Kayin, dijo a Amnistía Internacional que le habían hecho trabajar todos los días en un campo militar local, transportando materiales para las tropas. Un viudo del distrito de Papun contó que, desde mediados de 2005 y durante todo 2006, se estuvo exigiendo trabajo diario en el sur del municipio de Lu Thaw, distrito de Papun, un trabajo que incluía romper piedras y realizar labores de porteo para el ejército. Según afirmó, en ocasiones se les pedía que llevaran varias cargas pesadas, y se obligaba a las mujeres a cocinar para los soldados y a transportar cosas. Prácticamente todo el mundo, con la única excepción de los muy jóvenes y los muy ancianos, tenía que participar. Sin embargo, existía el requisito estricto de que debía trabajar al menos una persona –y en ocasiones dos– de cada hogar, por lo que de vez en cuando se obligaba también a los niños y niñas a llevar a cabo trabajo no remunerado. Otros civiles del distrito de Papun tuvieron que cortar bambú, llevar leña o transportar munición para el ejército entre tres y cinco veces al mes. El problema, según los informes, se agravó hasta tal punto que en un pueblo concreto sólo quedaron mujeres y niños y niñas: todos los hombres huyeron para escapar del trabajo forzoso.

Igualmente, unas personas contaron a Amnistía Internacional que, en el suroeste del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), los obligaban a construir cuarteles para un nuevo puesto de entre 30 y 40 soldados de los Batallones de Infantería Ligera 48 y 73, y a llevar comida entre la base existente y el nuevo puesto. Una mujer de Thit Cha Seik, Tantabin, dijo que este trabajo aumentó a tres días a la semana después de que comenzara la ofensiva, y que al menos un miembro de cada hogar tenía que participar. La base en cuestión estaba lejos de la casa de esta mujer. Otra persona de Tantabin señaló que, cuando llevaban comida a la base, los porteadores a veces se encontraban con combates.

Otras personas relataron cómo, durante 2006, el ejército las obligó a trabajar en proyectos de infraestructura en los municipios de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) y Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago). En la zona central de Thandaung, varias personas dijeron haber tenido que construir vallas, mientras otras del distrito de Hpa’an dijeron que tanto el ejército gubernamental como el Ejército Budista Democrático Karen las habían obligado a hacer de porteadoras y a arreglar carreteras. Unas personas de Tantabin dijeron también a Amnistía Internacional que el ejército las había obligado a construir una valla para impedir que los vecinos abandonaran el pueblo en marzo de 2006, y a proporcionar cuatro hombres para que vigilaran el perímetro. En otro pueblo de Tantabin, cada hogar tuvo que aportar una persona al día para reconstruir una carretera.

Al menos en un caso, una mujer que huyó de su pueblo en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) en 2006 había sido obligada por el ejército a realizar trabajo doméstico. Según dijo, no había vuelto a ver a su hija desde 1997, cuando las separaron y las obligaron a realizar servidumbre doméstica en sendos hogares del ejército durante dos años: “Se limitaron a decirme que fuera con ellos y trabajara para ellos”. Dijo a Amnistía Internacional:

Cuando llegamos a Yangón, me dijeron que se llevaban a mi hija de siete años de compras y a enseñarle las vistas. Nos separaron, y me llevaron a la casa de uno de los oficiales del ejército que me habían capturado [...] Allí conocí a la esposa, que me habló de manera muy desagradable y me obligó a trabajar para su familia, cocinando y limpiando la casa. Me puse enferma. La esposa me gritaba. Pregunté a los oficiales si podía ver a mi hija, y me dejaron verla una vez, pero nos separaron de nuevo casi inmediatamente. Estuve allí un año, y empecé a pensar en suicidarme.

Unas personas de los distritos de Hpa’an y Papun, en el estado de Kayin, y del distrito de Nyaunglebin, en la división de Bago, dijeron a Amnistía Internacional que el Ejército Budista Democrático Karen también obligaba a gente a trabajar en campos que eran propiedad privada de sus miembros. Cada familia tenía que hacer trabajo forzoso aproximadamente dos veces al mes. Normalmente ese trabajo recaía en los hombres pero, si no estaban disponibles, tenían que participar las mujeres, normalmente con trabajos más ligeros que los de los hombres.

3.5 Desplazamiento forzado

Puesto que Myanmar no es un país en conflicto armado, rechazamos la afirmación de que existe un elevado número de personas desplazadas inte